
La exigencia de presentar informes detallados sobre el destino de los fondos federales en programas sociales figura entre las principales medidas adoptadas tras detectarse presuntas irregularidades en el uso de estos recursos. Las autoridades de Minnesota y de la ciudad de Minneapolis deberán entregar toda la justificación referente a las subvenciones recibidas desde el 20 de enero de 2025, en un plazo máximo de treinta días, según informó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Esta acción va acompañada de la suspensión inmediata de pagos de todas las subvenciones, tanto activas como futuras, provenientes de dicho organismo.
De acuerdo con lo publicado por diversos medios y confirmado en una declaración oficial, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, comunicó públicamente la paralización de la entrega de fondos federales a Minnesota y a Minneapolis. Rollins explicó que la decisión surge en respuesta a la apertura de investigaciones sobre el presunto desvío de fondos en una variedad de programas de asistencia social que dependen de recursos federales.
Según detalló la secretaria Rollins, la medida afecta tanto a las subvenciones que ya estaban en curso como a cualquier asignación futura proveniente del Departamento de Agricultura. En su mensaje, remitido a los dirigentes estatales y municipales, Rollins señaló la existencia de una “pésima supervisión” en la gestión financiera por parte del gobernador de Minnesota, Tim Walz, y del alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ambos pertenecientes al Partido Demócrata. La funcionaria consideró que los líderes regionales han evidenciado su “incapacidad” para administrar los recursos sin mecanismos suficientes de control y de rendición de cuentas.
El medio indicó que la investigación principal gira en torno a una presunta red de fraude ligada a miembros de la diáspora somalí en Minnesota. De acuerdo con la información difundida, cientos de individuos se habrían enriquecido mediante la creación de empresas destinadas a facturar por servicios sociales nunca prestados, resultando en millones de dólares cobrados indebidamente a agencias federales.
La secretaria Rollins también afirmó, según consignó el medio, que las irregularidades detectadas no se limitan a un solo programa, sino que afectan a diversas líneas de apoyo, incluidas ayudas alimentarias, fondos para pequeñas y medianas empresas, recursos para programas de vivienda y la gestión de guarderías. Explicó que el Gobierno federal considera todos estos campos como prioritarios en su obligación de proteger el dinero de los contribuyentes frente a fraudes y usos indebidos, por lo que están bajo análisis todas las transferencias realizadas en el período establecido por el Departamento de Agricultura.
Rollins, al explicar el contexto de las investigaciones, insistió en que su responsabilidad consiste en velar por una administración eficiente de los recursos públicos. Expresó: “Como secretaria de Agricultura, es mi responsabilidad garantizar una administración responsable del dinero de los contribuyentes, eliminando el fraude, el despilfarro y el abuso en todos los programas financiados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos”.
Según consignó el medio, la funcionaria también acusó a las autoridades estatales y locales de obstaculizar el acceso a datos relevantes para la investigación y de negarse a entregar información solicitada por instancias federales. La falta de colaboración, en opinión de Rollins, dificulta la evaluación adecuada sobre el uso de los fondos transferidos a los gobiernos locales y estatales.
La comunicación oficial presentada por la Secretaría de Agricultura indica que, mientras dura el proceso, todas las transacciones destinadas al estado y la ciudad investigados requerirán una justificación minuciosa antes de seguir adelante. El Gobierno federal aguarda la entrega de informes detallados por parte de los responsables en Minnesota y Minneapolis, con la expectativa de que documenten debidamente el uso de cada subvención y resuelvan las dudas planteadas en el marco de la auditoría.
El medio señaló también que Rollins subrayó en su declaración la importancia de asegurar que los recursos lleguen a la población necesitada y no sean desviados para “beneficiar a los delincuentes”. Concluyó su mensaje asegurando que espera la respuesta de las autoridades estatales y municipales respecto al manejo y justificación de los gastos, e insistió en que el dinero federal debe utilizarse siempre “con integridad”.
El Departamento de Agricultura mantiene activa la investigación y la supervisión sobre los programas sociales en Minnesota y en Minneapolis, en coordinación con otras agencias federales orientadas a prevenir el fraude y el uso inadecuado de recursos públicos en beneficio exclusivo de los destinatarios legítimos, tal como informó el medio.
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