Dujarric reivindica el derecho "inherente" de la población estadounidense a protestar pacíficamente

Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de Naciones Unidas, enfatizó que las imágenes del tiroteo en Minnesota han provocado alarma internacional y demandó que se realice una investigación transparente para esclarecer responsabilidades. Dujarric subrayó el derecho universal de manifestarse de forma pacífica y solicitó a las autoridades que rindan cuentas si se comprueba alguna violación de este derecho. Según consignó la ONU, las recientes protestas surgieron tras la muerte de Reneé Good, abatida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El medio de comunicación detalló que Dujarric remarcó la importancia del respeto al Derecho internacional dentro de Estados Unidos, recordando que los ciudadanos están amparados por normas fundamentales que les permiten expresar su inconformidad mediante marchas y concentraciones no violentas. “En cuanto a las protestas, ya sea en Estados Unidos o en cualquier otro lugar del mundo, la gente tiene derecho a protestar pacíficamente. Es un derecho inherente”, declaró el portavoz el viernes durante su contacto con los medios.

De acuerdo con las declaraciones de Dujarric recogidas por la prensa, las autoridades estadounidenses deben garantizar la transparencia en la investigación sobre lo ocurrido en Minnesota. “Espero que se esté llevando a cabo una investigación de forma exhaustiva y que se haga rendir cuentas a los responsables”, expresó el portavoz. Asimismo, lamentó que las imágenes del suceso resultaran “profundamente perturbadoras” y sostuvo que este tipo de hechos genera alarma social tanto a nivel local como global.

Con base en la información publicada, el debate sobre la muerte de Reneé Good escaló en intensidad después de que figuras políticas estadounidenses, incluidos el presidente Donald Trump y aliados de su gobierno, ofrecieran versiones divergentes sobre la secuencia de los hechos. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, desmintió públicamente que Good hubiera intentado arrollar a los agentes federales. Según Frey, “El agente del ICE no resultó herido. No le atropelló nadie”, reiterando que el propio agente abandonó la escena por sus medios y que la interpretación difundida por la Administración sobre el incidente es “basura y falsa”.

El medio también reportó que la oposición demócrata denunció la circulación de mezclas engañosas y evidentes distorsiones sobre los hechos. Acusaron al presidente Trump, a su vicepresidente JD Vance y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de interpretar los videos “descaradamente mal”, situación que intensificó la indignación tanto en Minneapolis como en la opinión pública nacional. Dentro de estos señalamientos, se percibió un rechazo por la supuesta campaña mediática para desacreditar a Reneé Good, presentada por los críticos como un intento de “asesinato de reputación” luego de su fallecimiento.

El medio subrayó que las manifestaciones frente a las sedes gubernamentales de Minnesota adquirieron un panorama de tensión y reclamo constante, motivadas por la percepción de que la muerte de Good fue injustificada y la información oficial insuficiente o contradictoria. Organizaciones de derechos civiles y familiares de la víctima han exigido, junto con la ONU, que las investigaciones se desarrollen sin dilaciones ni interferencias políticas o institucionales.

Según lo informado, la ONU insiste en la exigencia de imparcialidad para restaurar la confianza de la sociedad en los mecanismos de justicia y en la responsabilidad de las fuerzas de seguridad frente a la ciudadanía. Dujarric declaró: “Creo que perturba a cualquiera que lo haya visto”, al referirse a las grabaciones del enfrentamiento.

En este contexto, tanto los habitantes de Minneapolis como observadores internacionales mantienen su atención sobre la evolución de las investigaciones, exigiendo que se respeten los derechos fundamentales y que el esclarecimiento de los hechos se realice sin encubrimientos, en línea con los estándares internacionales reclamados por Naciones Unidas y las organizaciones de derechos humanos, según reportó el medio.