La aprobación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur se produjo tras un intenso debate, en el que varios Estados miembros alertaron sobre los riesgos para el sector agrario europeo. De acuerdo con información de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), el Consejo de la Unión Europea ratificó el pacto por mayoría cualificada, superando la oposición manifiesta de países como Francia, Irlanda, Hungría y Polonia, cuyas autoridades habían advertido impactos negativos directos sobre agricultores y ganaderos.
Tal como publicó UCCL, la organización considera que la decisión tomada no implica garantías suficientes para los productores europeos. Según denunció el colectivo, el Gobierno de España apoyó el acuerdo, a diferencia de otros países que votaron en contra. Desde la organización acusan al Ejecutivo español de actuar con hipocresía y de colocar al sector rural en una situación de vulnerabilidad. La UCCL sostiene que el Gobierno debería haberse posicionado en contra del tratado, imitando la postura adoptada por Francia, con el objetivo de evitar la entrada de productos agroalimentarios del Mercosur que no cumplen las normativas europeas.
La UCCL argumenta que “una vez más, el campo europeo vuelve a ser la moneda de cambio de la política comercial de la UE. Se aprueba un acuerdo que pone en riesgo miles de explotaciones sin asegurar condiciones de competencia justa”. Según consignó la entidad, el acuerdo político alcanzado busca facilitar el comercio entre ambos bloques, pero desde el punto de vista de la organización, no contempla mecanismos eficaces que garanticen una competencia equitativa para los productores europeos.
El medio UCCL detalló que uno de los puntos críticos tiene que ver con los denominados mecanismos de salvaguarda aprobados por la Comisión Europea. Aunque desde Bruselas se han previsto estos mecanismos internos para proteger el sector frente a posibles daños, la organización advierte que los países del Mercosur no han ofrecido garantías públicas sobre la aceptación o aplicación de estas salvaguardas. “Europa se compromete sobre el papel, pero la otra parte no. Sin reciprocidad real y sin compromisos claros del Mercosur, las salvaguardas no son más que una promesa vacía”, advierte la UCCL en sus declaraciones.
Según explica la organización rural, uno de los riesgos más destacados del acuerdo radica en que permitiría la entrada de productos agrícolas y ganaderos importados que no cumplen con las normas sanitarias, ambientales y de bienestar animal que sí se exigen en la Unión Europea. Desde ese punto de vista, el convenio genera condiciones de competencia consideradas desiguales por el sector, lo que amenaza la viabilidad del modelo de agricultura profesional que predomina en los países europeos.
La UCCL también lamentó el cambio de actitud del Gobierno italiano, que en diciembre había expresado reservas sobre el acuerdo y no utilizó su voto para bloquearlo, lo que, según reportó la organización, facilitó la consecución de la mayoría cualificada requerida para su aprobación. Ante este panorama, la organización agraria subraya que la validación del Consejo de la Unión Europea no supone la entrada en vigor inmediata del tratado, ya que todavía debe ser revisado por el Parlamento Europeo y, eventualmente, pasar por procedimientos de ratificación a nivel nacional en los Estados miembros.
La agrupación campestre señaló que su rechazo al acuerdo no solo se dirige a la falta de garantías específicas, sino también a la ausencia de las llamadas “cláusulas espejo” —normas que aseguran que los estándares exigidos a los productores locales se apliquen también a las importaciones—, de controles efectivos y de salvaguardas automáticas. “Sin cláusulas espejo obligatorias, sin controles reales y sin salvaguardas automáticas, este acuerdo es un mal acuerdo para el campo europeo”, dijo textualmente la UCCL, según informaron en sus declaraciones recogidas en sus propios canales.
Adicionalmente, la organización anunció que continuará movilizándose contra la entrada en vigor del convenio tal como fue aprobado en la actualidad. “Y así lo mostraremos en las calles con nuestros tractores”, declaró la entidad, confirmando que planea mantener la presión pública mediante protestas y acciones reivindicativas mientras no se garanticen protecciones efectivas para el sector agrícola y ganadero europeo.
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