
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, expresó en Alcoba de los Montes que "el pastel sobre la mesa es más grande para repartir, pero los trozos son mucho más injustos. Solo se ha pensado en el trozo de un territorio. E incluso se permite en el lujo de crear fondos de limosnas para algunas comunidades autónomas". Con estas palabras, García-Page articuló su rechazo al nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno central, al que calificó de ofensivo para los valores progresistas. Según informó el medio, el mandatario regional reclamó la convocatoria de elecciones para que sea la ciudadanía española quien decida sobre el futuro del actual mecanismo de reparto de los recursos nacionales.
De acuerdo con la información publicada por el medio, el dirigente socialista interpretó la propuesta de financiación presentada por la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, como un "intento de suicidio político de la izquierda", del cual aseguró no va a formar parte, declarando con énfasis que "no voy a participar bajo ningún concepto". Durante su comparecencia, calificó el día como "doloroso", criticando que la reforma se planteó sin un proceso abierto de negociación con las regiones y sin buscar consensos previos, y rechazó los argumentos ofrecidos en defensa de la iniciativa por considerarlos "ininteligibles y caóticos".
Según reportó la misma fuente, el mandatario regional rechazó que el modelo de financiación sea pactado exclusivamente entre el Ejecutivo central y partidos independentistas, refiriéndose a este proceso como "intolerable" por dejar fuera a la mayoría de los actores territoriales. García-Page advirtió que aceptar este esquema significaría "echar a la basura decenas de millones de años de pelea por la progresividad fiscal", puesto que, en su opinión, "pague más el que más tiene, pero no para que se lleve más el que más tiene". Además, lamentó que, bajo la propuesta, la fiscalidad daría un giro de la progresividad hacia una mayor regresividad, dinámica que, aseguró, sólo esperaría "de la derecha más reaccionaria".
El presidente castellanomanchego consideró que la propuesta gubernamental constituye "el mayor ataque a la igualdad que se ha producido en toda democracia", señalando que lo que está en juego es la forma en que España reparte los recursos entre sus ciudadanos. Al desarrollar su crítica, insistió en que el incremento del fondo general de recursos después de once años de espera no justifica la forma en que se diseñan los nuevos repartos, enfocándose únicamente en beneficiar a un único territorio. García-Page manifestó que la medida representaría una grave ofensa a los postulados progresistas que, según él, se han defendido históricamente en el país.
Según consignó el medio, García-Page alertó sobre la transición planteada desde un modelo fundamentado en la redistribución justa de la riqueza hacia uno sostenido en la ordinalidad. Describió este cambio como el mayor desafío a la igualdad entre los españoles. Reiteró su preferencia por que los ciudadanos sean consultados directamente antes que permitir que "decidan los independentistas cómo se reparte la riqueza de España", reiterando su temor a que se desencadene un proceso de "ruptura" del país.
El dirigente socialista enfatizó que la decisión sobre cómo redistribuir la riqueza común afecta a "el futuro de nuestros hijos y el futuro de nuestros nietos", razón por la que reclamó transparencia y participación. "Sobre esto deben opinar todos los españoles", exigió el presidente, quien también acusó al Ejecutivo de imponer relatos y argumentarios que, en su opinión, constituyen "trampas unas tras otras".
Durante su intervención, García-Page insistió en que "ya está bien de barrer siempre para los mismos" y aseguró que su administración agotará todos los medios para impedir la aplicación de este modelo, que considera carente de viabilidad y amenazante para los principios progresistas.
Según recogió la prensa, el presidente autonómico concluyó señalando que su región no va a tolerar más engaños y que considera imprescindible que se garantice un debate abierto sobre la financiación, con la participación directa de los ciudadanos, antes de que prospere un modelo que, en sus palabras, constituye "un atropello a lo que somos como país".
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