El Gobierno plantea elevar el porcentaje de cesión a comunidades del IRPF e IVA para inyectar 16.000 millones

La propuesta del Ejecutivo introduce una modificación en cómo se calcula la “población ajustada”, afectando directamente la distribución de fondos para sanidad, educación y servicios sociales entre las comunidades autónomas, según detalló el Gobierno en la presentación de su iniciativa de reforma del modelo de financiación regional. Esta reforma incluye la actualización de los grupos de edad utilizados para calcular el gasto sanitario, la incorporación de nuevos indicadores en educación y servicios sociales, y la introducción de variables relacionadas con el desempleo y la extensión territorial, lo que representa un cambio sustancial respecto al modelo vigente. El anuncio de estas propuestas fue realizado este viernes por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una rueda de prensa recogida por varios medios, entre ellos el diario El País.

Según informó El País, el Gobierno plantea incrementar la proporción de los principales impuestos estatales que son cedidos a las comunidades autónomas. En concreto, la propuesta eleva del 50% al 55% la cesión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), y del 50% al 56,5% la del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Esta revisión permitirá inyectar alrededor de 16.000 millones de euros adicionales al sistema de financiación autonómica en el año 2027, lo que constituirá un refuerzo relevante para los presupuestos autonómicos, de acuerdo con lo detallado por El País.

La ministra María Jesús Montero, en su comparecencia, justificó la reforma indicando que el actual modelo de financiación autonómica lleva 17 años en vigor, lo que requiere su actualización para adaptarlo a las necesidades sociales y territoriales presentes. Montero explicó que el objetivo del Ejecutivo es diseñar un sistema más adecuado a las particularidades de cada comunidad, ofreciendo mayor transparencia, garantizando la solidaridad entre territorios y reforzando tanto la autonomía fiscal como la corresponsabilidad financiera. Según explicó la ministra y recogió el diario El País, el reto principal radica en la gran diversidad entre las comunidades autónomas, lo que exige un modelo flexible pero equitativo.

El punto de partida del Ejecutivo se basa en la protección y fortalecimiento del Estado del bienestar. El nuevo esquema apunta a incrementar los recursos destinados a las regiones con el propósito de blindar la sanidad, la educación y los servicios sociales, áreas que concentran los mayores gastos dentro de los presupuestos autonómicos y son esenciales para el funcionamiento de los servicios públicos, tal como publicó El País.

En el cálculo de la denominada “población ajustada”, el Gobierno introduce modificaciones destinadas a reflejar con mayor precisión las necesidades de financiación de cada territorio. El criterio de padrón poblacional mantiene un peso fundamental, representando el 30% de la fórmula. El componente de población protegida equivalente, que hasta ahora agrupaba a la población en siete grandes grupos de edad, pasará a dividirse en 20 categorías diferentes, lo que permitirá una mejor aproximación a los costes sanitarios dependiendo del perfil de los beneficiarios, según las palabras de Montero recogidas por El País. Este factor representa actualmente el 38% de la ponderación total y tiene impacto directo en el cálculo de los recursos necesarios para la sanidad.

En relación con la educación, se pone el foco en la población de entre 0 y 17 años, que tiene un peso en la fórmula del 17%. Como novedad, se incorporan dos variables adicionales: el número de personas entre 18 y 24 años que se encuentran inscritas en estudios universitarios o en formación profesional, así como el número de alumnos universitarios que se desplazan a una comunidad diferente a la de residencia para cursar estudios superiores. Estas variables contribuyen con un 3,5% de la ponderación, reconociendo el gasto que genera acoger estudiantes de otras regiones.

El segmento de población mayor de 65 años, que hace un uso intensivo de los servicios sociales y asistenciales, experimenta otro ajuste. Ahora se distingue entre personas de 65 a 79 años y mayores de 80, reflejando la diferente carga en los sistemas de salud y dependencia. En conjunto, el peso de esta variable sube al 7% del cálculo total. Asimismo, el modelo incluye como nueva variable el número de personas desempleadas que no reciben prestación social, con un impacto del 1,5%, según detalló la ministra y publicó El País.

La superficie territorial de cada comunidad autónoma también influye en el costo de prestación de servicios. Por ese motivo, el Gobierno decide añadir el factor de número de kilómetros cuadrados en el cálculo, adjudicándole una ponderación del 1,6%. Según representantes del Ministerio de Hacienda citados por El País, este indicador pretende reflejar el incremento de los costes logísticos y de infraestructuras en regiones más extensas.

La propuesta forma parte del compromiso asumido por el Ejecutivo de Pedro Sánchez al inicio de la legislatura, reflejando la intención de abordar una de las reformas estructurales pendientes del sistema autonómico español. «El Ejecutivo asume su responsabilidad y entiende que no hay mejor manera de defender el Estado del Bienestar que reformulando un modelo de financiación que tiene ya 17 años», afirmó María Jesús Montero durante su encuentro con los medios.

Según publicaciones de El País, la revisión del modelo de financiación autonómica requiere un acuerdo entre las distintas regiones y el Gobierno central, dadas las divergencias en las necesidades y características territoriales. De acuerdo con lo expresado por Montero y recogido por este medio, el modelo pretende respetar la singularidad de cada comunidad, adaptándose a realidades dispares sin crear un sistema exclusivo para ninguna de ellas.

Ante la pregunta sobre cuál será el impacto de los cambios en la distribución de los 16.000 millones de euros previstos, la ministra aclaró que estos recursos adicionales tienen como finalidad específica reforzar el acceso y la calidad de los servicios esenciales en todo el territorio nacional. Según El País, estos fondos se repartirán conforme a los criterios adaptados por el nuevo modelo de cálculo de la población ajustada y mediante las proporciones de cesión fiscal anunciadas.

El Gobierno también señaló, de acuerdo con El País, que estas modificaciones persiguen equilibrar la autonomía financiera de las comunidades con la disciplina fiscal que exige el contexto europeo. La propuesta implica, por tanto, una revisión tanto de los porcentajes de cesión de tributos estatales como de los factores de reparto, mediante la introducción de variables sociodemográficas que persiguen mejorar la eficiencia y la equidad de la financiación autonómica.

Las novedades introducidas en torno al cálculo de la población ajustada y a la cesión de impuestos conforman la base para las próximas negociaciones entre el Gobierno central y los ejecutivos autonómicos. Según detalló El País, el Ejecutivo espera avanzar hacia un consenso que permita materializar el nuevo sistema antes de 2027, año para el que se prevé ya la entrada en vigor de la nueva dotación de recursos y variables de reparto. El Ministerio de Hacienda ha indicado que continuará el diálogo con los responsables autonómicos para ajustar las líneas del sistema según el desarrollo de los trabajos técnicos y políticos pendientes.