Víctimas de abusos celebran el acuerdo Iglesia-Estado pero avisan que "da poco plazo" y no fija baremo de indemnización

La ausencia de un esquema claro de compensaciones económicas y la limitación temporal a un año, ampliable a dos, destacan como los aspectos que más dudas y demandas generan entre las asociaciones de víctimas de abusos sexuales en la Iglesia tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las principales entidades religiosas. Según consignó Europa Press, estas asociaciones expresaron su reconocimiento al avance representado por el pacto, aunque también transmitieron preocupación por los elementos aún indefinidos y las posibles consecuencias para la reparación efectiva de los afectados.

El acuerdo, firmado este jueves por la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos junto al Gobierno, supone un hito en la relación entre las autoridades y las organizaciones religiosas en materia de reconocimiento y reparación de casos de abuso. Europa Press detalló que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tiene previsto mantener un encuentro en Madrid con representantes y víctimas para explicar los alcances y detalles del acuerdo.

Manuel Barbero, fundador de la Associació Mans Petites y padre de una de las víctimas del caso Maristas, se refirió al pacto como “histórico”, aunque subrayó que las víctimas requieren plazos más flexibles, ya que la experiencia demuestra que pueden pasar varios años antes de que una persona denuncie abusos. Barbero argumentó que “el daño causado nunca puede repararse completamente ni con 50.000, ni con 60.000, ni con 100.000, ni con 200.000 euros”, aludiendo al caso de su propio hijo que, pese a una indemnización judicial de 60.000 euros, sigue enfrentándose a graves secuelas psicológicas. En declaraciones recogidas por Europa Press, Barbero señaló que la mediación del Defensor del Pueblo inspira más confianza que la comisión asesora del Plan Priva, y explicó que las víctimas y asociaciones todavía no conocen con precisión su nivel de participación en el convenio derivado de este acuerdo.

Por su parte, Miguel Hurtado, primer denunciante del caso Montserrat, destacó, según recogió Europa Press, que uno de los grandes avances radica en que el Defensor del Pueblo asuma la gestión y decisión en las solicitudes de indemnización, lo que desvincula a la Iglesia de esta responsabilidad directa, ya que, en sus palabras, la anterior gestión eclesiástica de estos casos resultó “nefasta y retraumatizadora”. Hurtado celebró igualmente que la Iglesia, y no el Estado, sea la responsable de financiar las indemnizaciones, aunque calificó de poco realista el plazo de uno o dos años e indicó que en países como Irlanda los procesos se han extendido hasta cinco años. Insistió en la importancia de definir un baremo específico y puso como referencia el caso irlandés, donde las compensaciones llegaron hasta 300.000 euros. Además, Hurtado señaló, en declaraciones recogidas por Europa Press, la necesidad de impulsar leyes de imprescriptibilidad penal y civil para delitos de pederastia, cuestionando que estas iniciativas hayan estado paralizadas durante años, según su crítica dirigida al ministro Bolaños.

Los testimonios de otras asociaciones también reflejan una mezcla de satisfacción y cautela. Así lo manifestó Marcos Leyún, presidente de la Asociación de Víctimas de Pederastia en Instituciones Religiosas de Navarra, quien transmitió una “alegría importante” al conocer la noticia, ya que muchas víctimas no esperaban que la Iglesia reconociese su responsabilidad. Europa Press citó sus palabras al señalar que, pese a las dudas respecto al papel de la Comisión Asesora del PRIVA en el trámite de los expedientes y el temor a que el Estado deba asumir parte de las indemnizaciones —una posibilidad siempre rechazada por los colectivos—, el acuerdo podría resultar suficiente si se implementa según lo anunciado. Leyún expresó que la fijación de una reparación económica concreta es la garantía más efectiva de una petición real de perdón por parte de la Iglesia.

Juan Cuatrecasas, portavoz de la Asociación Nacional de Infancia Robada (ANIR), declaró a Europa Press que el acuerdo le pareció viable y transparente, destacando tanto la labor de las entidades de víctimas como la del Ministerio de Justicia y la gestión prevista a cargo del Defensor del Pueblo. Cuatrecasas hizo hincapié en el valor del compromiso demostrado por quienes han luchado durante años por visibilizar estos casos y rememoró a varias víctimas que, tras dar testimonio público, han fallecido antes de este avance institucional, como Emiliano Álvarez, Andrés Basarte o el niño Diego, enfatizando la importancia de honrar su memoria.

Además de las apreciaciones sobre el acuerdo, varias voces consultadas por Europa Press plantearon inquietudes por la falta de claridad respecto a los criterios de reconocimiento y compensación, así como sobre el futuro papel de las organizaciones de víctimas en el desarrollo y control de su implementación. La referencia a la Comisión Asesora del PRIVA, que intervendrá en cada expediente para emitir un informe preceptivo, despierta escepticismo entre algunos miembros de las asociaciones que temen por la imparcialidad y la rigurosidad del procedimiento.

La definición de cómo se llevará a cabo la compensación económica, el alcance de la reparación psicológica y el nivel de participación directa de las víctimas en todo el proceso se perfilan como los principales ejes a resolver en la aplicación del acuerdo. Mientras tanto, las reuniones previstas entre víctimas, asociaciones y representantes gubernamentales ponen en agenda la necesidad de aclarar los mecanismos y plazos que regirán la denuncia, tramitación y reparación de los abusos.

Según Europa Press, la expectativa generada por el acuerdo resalta tanto las posibilidades de avances en el reconocimiento de los derechos de las víctimas como las demandas persistentes de modificaciones en aspectos fundamentales, especialmente en relación con los tiempos y los criterios para determinar las indemnizaciones.