La petición de José Luis Ábalos, exministro de Transportes, para que comparezca como testigo el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska en el caso sobre la adquisición de mascarillas no genera inquietud en el alto cargo, quien subrayó que la decisión sobre su posible testimonio corresponde únicamente al tribunal encargado de la causa. Así lo expresó durante una rueda de prensa en la que abordó otros asuntos, según informó el medio.
Según publicó la fuente, la declaración de Marlaska responde a la solicitud formalizada por Ábalos, quien se encuentra en prisión provisional y enfrenta cargos por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante el periodo de emergencia sanitaria por la pandemia. Durante la rueda de prensa, Marlaska afirmó que la opción de comparecer queda sujeta a lo que decida la autoridad judicial, restando así importancia a la petición de Ábalos.
El medio detalló que, junto a Marlaska, el propio Ábalos también ha solicitado que testifiquen el expresidente canario Ángel Víctor Torres y la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, antigua presidenta balear. Ábalos argumenta su inocencia y sostiene que los hechos investigados no constituyen ningún delito, motivo por el cual pide los testimonios de responsables que, al igual que él, gestionaron compra de tapabocas en ministerios y gobiernos autonómicos respectivos.
Según expresó la fuente, Marlaska reiteró durante su comparecencia pública que no le preocupa en absoluto la posibilidad de ser llamado como testigo, insistiendo en que será competencia exclusiva del tribunal determinar qué testimonios resultan pertinentes durante el proceso judicial.
En el escrito remitido el miércoles, Ábalos se refiere a las adquisiciones de mascarillas desde los diferentes cargos administrados, mencionando específicamente las operaciones realizadas por el Ministerio del Interior y las comunidades autónomas bajo la gestión de Torres y Armengol. El exministro busca que estos testimonios contribuyan a esclarecer las prácticas seguidas en cada caso, comparando los procedimientos llevados a cabo en los diferentes ámbitos de la administración pública.
Durante la rueda de prensa, Marlaska también presentó datos relativos al balance provisional de seguridad vial para el año 2025, aunque las preguntas giraron en gran medida alrededor del proceso judicial por la adquisición de material sanitario. El ministro reiteró su posición sobre la transparencia y el sometimiento absoluto a las decisiones judiciales, remitiendo cualquier cuestión procesal al criterio del órgano judicial competente.
El caso, marcado por la situación de prisión provisional de Ábalos, continúa en fase de instrucción con nuevos movimientos procesales como la solicitud de testigos señalados por la defensa. El medio precisó que las próximas etapas del juicio estarán condicionadas por la valoración de la pertinencia de estos testimonios por parte del tribunal, lo que podría determinar la participación de altos cargos en las audiencias y los próximos pasos del proceso.
El procedimiento, originado en las circunstancias excepcionales de compra de material sanitario durante la pandemia, involucra el examen de presuntos delitos en la ejecución de contratos públicos y la fiscalización de los mecanismos utilizados por diferentes ramas del Ejecutivo y autoridades autonómicas. La postura de Marlaska y la estrategia defensiva de Ábalos, así como la eventual inclusión de otros actores políticos, componen el foco principal de la atención mediática, según reportó el medio.
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