
Ursula von der Leyen expuso en una carta dirigida a líderes europeos la necesidad de asegurar fondos adicionales que atiendan las necesidades de los agricultores y de las comunidades rurales a partir de 2028, proponiendo que los países miembros de la Unión Europea puedan acceder de forma temprana a hasta dos tercios de los recursos habituales correspondientes a la revisión intermedia de la Política Agrícola Común (PAC). Según informó el medio, esa herramienta permitiría movilizar aproximadamente 45.000 millones de euros desde el inicio del nuevo periodo presupuestario previsto para 2028-2034, modificando la dinámica del reparto de fondos y anticipando inversiones clave para el sector agrícola.
El medio detalló que la presidenta de la Comisión Europea planteó estos cambios en comunicación con Nikos Christodoulides, presidente de Chipre, y Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, insistiendo en que la PAC debe continuar siendo el principal pilar comunitario encargado de garantizar tanto una renta justa para los agricultores como la seguridad alimentaria a largo plazo. Sin embargo, Von der Leyen introdujo la novedad de facilitar una disponibilidad inmediata de recursos para los Estados miembros al presentar sus planes iniciales, recalcando que “para garantizar que, a partir de 2028, haya recursos adicionales disponibles para atender las necesidades de los agricultores y de las comunidades rurales, propongo que los Estados miembros tengan acceso, al presentar su plan inicial, a hasta dos tercios del importe que normalmente estaría disponible para la revisión intermedia”.
Tal como publicó la fuente, la medida propuesta se sumaría al presupuesto total ya reservado para la PAC, que alcanzaría los 293.700 millones de euros para el ciclo presupuestario 2028-2034. A esto se añade la existencia de otros instrumentos de respaldo, como el fondo de 6.300 millones de euros cuyo objetivo es estabilizar los mercados agrícolas frente a desequilibrios o volatilidades del sector.
En la misma propuesta enviada a las instituciones comunitarias, Von der Leyen incluyó la posibilidad de ampliar la capacidad de reacción europea ante crisis relacionadas con el campo. Según consignó el medio, la presidenta de la Comisión sugirió la utilización de márgenes de flexibilidad presupuestaria, habilitando a los gobiernos nacionales a disponer de fondos adicionales para indemnizar a los agricultores que se vean afectados por catástrofes naturales, condiciones climáticas adversas o emergencias vinculadas a enfermedades animales.
De acuerdo a lo expresado en el documento, otra de las novedades fuertes consiste en establecer un umbral mínimo del 10% de los recursos de cada Plan Nacional y Regional de Asociación que deberá ser destinado de forma obligatoria a inversiones en las zonas rurales beneficiarias, lo que representaría al menos 48.700 millones de euros. Este monto podría incrementarse hasta 63.700 millones mediante instrumentos de financiación complementaria, como el programa Catalyst Europe, que otorga préstamos enfocados al desarrollo rural.
A juicio de Von der Leyen, la suma de las herramientas presupuestarias y políticas propuestas elevará el nivel de respaldo a agricultores y comunidades rurales a un punto inédito, “en algunos aspectos incluso superior al del actual ciclo presupuestario», según reprodujo el medio. En la misma comunicación, Von der Leyen manifestó que estos cambios permitirían que el sector agrícola europeo alcance una mayor capacidad competitiva y una preparación mejorada frente a desafíos globales y emergentes.
El medio reportó que la propuesta será trasladada ahora al Parlamento Europeo y al Consejo, donde se evaluará dentro del proceso de negociación interinstitucional para el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 de la UE. En este contexto, Von der Leyen declaró el compromiso de la Comisión con el acompañamiento al proceso legislativo hasta su aprobación definitiva, reafirmando el interés de que la nueva estructura presupuestaria fortalezca la capacidad de los países europeos para afrontar las crisis agrícolas y promueva una inversión más eficiente, garantizando la continuidad de la PAC como eje central de la política comunitaria rural.
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