El comunicado de la Secretaría de Defensa estadounidense destaca que Mark Kelly, capitán retirado de la Armada y actual senador por el partido demócrata, sigue bajo la jurisdicción del Código Uniformado de Justicia Militar debido a su estatus de retiro, lo que avala medidas como la anulación de beneficios de jubilación militar. El Departamento de Defensa sostiene que inició el procedimiento correspondiente tras la publicación de un vídeo en el que Kelly, junto a otros miembros del Congreso, solicitó a integrantes de las Fuerzas Armadas rechazar órdenes que consideren anticonstitucionales, en el contexto de operaciones militares recientes.
Según informó la agencia Europa Press, Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, anticipó la revocación de la pensión militar de Kelly por determinar que su conducta representa un acto de sedición, tal como definen los artículos 133 y 134 del Código Uniformado de Justicia Militar. Hegseth argumentó que el senador "ha calificado de ilegales operaciones militares legítimas y ha aconsejado a miembros de las Fuerzas Armadas que rechacen órdenes legítimas". En su comunicado, el jefe del Pentágono remarcó la gravedad de las expresiones difundidas, advirtiendo sobre las consecuencias de alentar desobediencia en la estructura castrense.
La declaración conjunta de Kelly y otros cinco congresistas —Elissa Slotkin, Jason Crow, Maggie Goodlander, Chris Deluzio y Chrissy Houlahan— surgió tras la difusión de bombardeos efectuados por fuerzas estadounidenses contra embarcaciones catalogadas oficialmente como dedicadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. El balance oficial asciende a al menos 112 fallecidos en estos ataques. Las operaciones han sido fuertemente cuestionadas tanto por Naciones Unidas como por organizaciones de Derechos Humanos, que las califican como ejecuciones extrajudiciales.
El vídeo divulgado muestra a los seis legisladores respaldando la negativa militar a acatar órdenes que perciban como contrarias a la ley o la Constitución. "Nadie tiene que cumplir órdenes que son contrarias a la ley o a nuestra Constitución (...). Sabed que os apoyamos. No abandonéis el barco", declararon en la grabación, según consignó Europa Press. Posteriormente, el presidente Donald Trump calificó a los participantes de la grabación como "traidores" y acusó a Kelly y al resto de incurrir en un "comportamiento sedicioso punible con la muerte".
Europa Press precisó que, de acuerdo con las regulaciones, Kelly permanecería bajo la autoridad de la justicia militar únicamente si fuese reincorporado como reservista, condición que no se ha cumplido hasta la fecha. Kelly ejerció como oficial de la Marina dos veces en el golfo Pérsico y trabajó como instructor en la Escuela de Pilotos Navales antes de su retiro con el rango de capitán.
La controversia desatada por las declaraciones de Kelly y sus colegas se relaciona directamente con la legalidad y la legitimidad de las recientes operaciones militares estadounidenses. Estas intervenciones, motivadas por el combate al narcotráfico, han recibido críticas por posible transgresión de normativas internacionales que rigen el uso de la fuerza y la protección de derechos fundamentales, elementos señalados tanto por la ONU como por diversos colectivos activistas.
El medio Europa Press detalló que la advertencia desde el Pentágono incluye la posibilidad de acciones legales adicionales más allá de la reducción de beneficios, dependiendo de la evolución de las pesquisas internas y de la interpretación que realice la justicia militar sobre los hechos. Al momento, el procedimiento iniciado por el Departamento de Defensa se circunscribe a la evaluación de la idoneidad de mantener los derechos de jubilación de Kelly a la luz de su conducta pública.
El caso permanece en curso, con un fuerte debate público sobre los límites de la disciplina militar, la obediencia debida y el papel de los legisladores retirados en la opinión pública sobre actos militares controvertidos.
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