
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) puso de relieve que durante la cobertura de la sesión inaugural de la nueva Asamblea Nacional agentes de seguridad impidieron a los periodistas y trabajadores de la prensa realizar transmisiones en directo, tomar fotografías o grabar imágenes. Conforme informó el SNTP a través de sus canales oficiales, varios reporteros fueron detenidos y sus equipos personales, incluidos teléfonos celulares, quedaron bajo el control de funcionarios, quienes accedieron a información privada como fotos, mensajes, cuentas de correo y archivos almacenados en la nube, en lo que calificó como un procedimiento que atenta directamente contra derechos fundamentales de la profesión.
Según consignó el medio SNTP, el número de detenidos ascendió a catorce durante la jornada del 5 de enero, en coincidencia con la toma de posesión de la nueva directiva parlamentaria. De ese total, once pertenecían a medios y agencias internacionales, mientras que uno trabajaba para un medio nacional. El sindicato detalló que cuatro de los arrestados lograron recuperar la libertad al paso de unas horas, pero diez seguían bajo custodia, algunos en situaciones descritas como desaparición forzosa.
El SNTP subrayó que al menos tres periodistas fueron retidos por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) dentro de las instalaciones del Palacio Legislativo. Posteriormente, estos comunicadores fueron trasladados al comando de la Guardia instalado en el propio edificio parlamentario. Allí, los agentes revisaron minuciosamente los teléfonos celulares incautados, exigiendo a sus propietarios que proporcionaran las claves de acceso para inspeccionar todos los contenidos digitales disponibles.
Entre los casos documentados, el sindicato destacó el de Daniel Álvarez, periodista de la cadena televisiva Televen, a quien le decomisaron temporalmente su teléfono durante la cobertura. El SNTP indicó que este tipo de actuaciones no solo representa una vulneración de la privacidad y del secreto profesional acerca de las fuentes informativas, sino que se inscribe dentro de una dinámica más amplia de criminalización de la labor periodística en Venezuela.
Tal como informó el SNTP en su comunicado, los funcionarios de la DGCIM revisaron tanto fotos almacenadas como los contactos, notas de voz, conversaciones, cuentas personales de Instagram, correos electrónicos y demás archivos, lo que incidió sobre información sensible y protegida legalmente. El sindicato consideró estos hechos como una señal de alarma en torno al respeto a las garantías constitucionales y al libre ejercicio del periodismo.
El comunicado del SNTP hizo hincapié en que estas acciones se realizaron mientras los periodistas desempeñaban tareas profesionales cubriendo un evento público oficial, en este caso la apertura de la nueva legislatura de la Asamblea Nacional. La organización advirtió que el proceder de las fuerzas de seguridad buscó limitar la documentación y difusión de lo ocurrido durante el acto parlamentario, impidiendo la labor informativa en el lugar.
El SNTP concluyó su denuncia resaltando el impacto negativo de la retención y el acceso forzado a los dispositivos de los comunicadores, ya que dichas acciones podrían poner en riesgo a las fuentes periodísticas y vulnerar derechos garantizados en tratados y leyes nacionales e internacionales sobre libertad de expresión. La organización expresó su preocupación por la continuidad de este tipo de incidentes, afirmando que configuran un patrón que amenaza el ejercicio libre y seguro del periodismo en Venezuela.
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