Rubén Pérez, secretario de Estado de Juventud: "Las 17 CCAA ya están acogiendo a menores migrantes"

Rubén Pérez hizo hincapié en la situación de quienes han cumplido 18 años tras pasar por el sistema de tutela, advirtiendo sobre el riesgo de exclusión social y habitacional al que se enfrentan. El secretario de Estado de Juventud e Infancia expuso que algunos de estos jóvenes terminan residiendo en la Cañada Real Galiana, en Madrid, lo que, según sus palabras, refleja un grave problema de acceso a la vivienda para los menores extutelados. Pérez subrayó que, a pesar de los esfuerzos económicos alegados por la Comunidad de Madrid en materia de protección a la infancia, no resulta aceptable que jóvenes anteriormente tutelados acaben en condiciones de infravivienda en dicho enclave.

Según informó Europa Press, Rubén Pérez ofreció detalles sobre el proceso de acogida de menores migrantes no acompañados, revelando que actualmente todas las comunidades autónomas españolas, incluidas aquellas que previamente interpusieron acciones judiciales, participan en la recepción de estos jóvenes. En su intervención, Pérez especificó que incluso las regiones que recurrieron la normativa al Tribunal Constitucional o a otros órganos jurisdiccionales han accedido ya a la reubicación de menores migrantes. En palabras del secretario de Estado, “las 17 comunidades autónomas ya están acogiendo a estos menores”.

El secretario acusó públicamente al Partido Popular de iniciar acciones judiciales para frenar la reubicación de menores migrantes tras la aprobación del Real Decreto Ley que regula este proceso. Europa Press recogió que Rubén Pérez calificó de “bombardeo a procesos judiciales” la estrategia del PP y cuestionó que el partido optase por esta vía no por razones de gestión de recursos, sino por motivos políticos. Pérez sostuvo que la cifra de menores migrantes no acompañados, unos 4.400 en un país de 49 millones de habitantes, no supone un obstáculo estructural para el sistema de protección a la infancia. Además, comparó este reto con la proporción del gasto autonómico dedicado a protección infantil, que se sitúa por debajo del 0,7 %, el porcentaje recomendado para cooperación y solidaridad internacional.

De acuerdo con información recogida por Europa Press, el secretario de Estado arremetió contra lo que denominó una “cesión” del Partido Popular a marcos ideológicos de la extrema derecha, especialmente en aquellos territorios donde la formación depende de Vox para la gobernabilidad. Según explicó, esta postura desvirtúa principios presentes en los orígenes democráticos del PP y representa una ruptura con la tradición de la democracia cristiana. Pérez lamentó que acciones recientes reflejen, a su juicio, un “insulto” a sector de las bases del partido que defendía valores democráticos en la transición política española.

El secretario aprovechó la ocasión para reconocer la labor de los trabajadores públicos implicados en el sistema de protección de menores, señalando que, a pesar de decisiones políticas contrarias o controversias mediáticas ligadas a figuras como Isabel Díaz Ayuso o Alberto Núñez Feijóo, el personal cumple con sus responsabilidades en la acogida y protección de jóvenes migrantes. Pérez afirmó que, cuando se ha detectado rechazo en alguna comunidad autónoma sobre la acogida de menores, las delegaciones de gobierno han notificado a la Fiscalía de Menores, resultado en la acogida efectiva en todas las regiones.

Según datos aportados por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a fecha del 26 de diciembre se habían iniciado 1.241 expedientes en las tres comunidades autónomas con mayor contingencia migratoria, con 810 resoluciones finales que facilitaron la reubicación de 368 menores. Al sumar los solicitantes de protección internacional acogidos en varios territorios, la cifra se aproxima a un millar de menores reubicados en el transcurso de seis meses. Europa Press destacó estos datos como parte del balance presentado por los responsables ministeriales.

En cuanto al ritmo del proceso, el secretario de Estado admitió que se habrían deseado avances más ágiles, enfatizando que algunos menores migrantes alcanzaron la mayoría de edad antes de ser reubicados y otros han sido incorporados al sistema de protección internacional gestionado por el Ministerio de Inclusión. Pérez remarcó que la gestión de este flujo migratorio implica coordinación entre distintos ministerios y administraciones autonómicas.

En referencia al futuro inmediato, el Ministerio de Juventud e Infancia prepara para el próximo trimestre la presentación en el Consejo de Ministros de un real decreto que establecerá los estándares del sistema de acogida y protección. Rubén Pérez expresó preocupación por la precariedad laboral en este sector, afirmando que muchas veces las condiciones de trabajo dependen exclusivamente de la dedicación personal del educador social, y destacó los retos en materia de seguridad y derechos laborales, mencionando el asesinato de una trabajadora en Badajoz como muestra de los riesgos presentes.

El secretario instó a las comunidades autónomas a incrementar el financiamiento destinado al sistema de protección, extendiendo el alcance de los recursos a la transición de los jóvenes hacia la vida adulta. Pérez advirtió, citando a la Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos (FEPA), sobre la desaparición de recursos de apoyo para extutelados en algunas regiones, lo que puede agudizar el riesgo de exclusión.

Respecto a las alternativas de acogimiento, Pérez insistió en que la acogida familiar debe constituir la primera opción para los menores sin referentes familiares, aunque reconoció la existencia de un estigma social especialmente marcado en relación a adolescentes migrantes de 16 y 17 años. El dirigente ministerial defendió la necesidad de campañas específicas para captar familias acogedoras y sensibilizar a la sociedad sobre este desafío. Sin embargo, lamentó que iniciativas impulsadas desde el ministerio para fomentar el acogimiento hayan enfrentado oposición, en particular desde la Comunidad de Madrid.

Rubén Pérez expuso que el gobierno central diseñó un registro nacional de familias acogedoras apoyado con una partida presupuestaria de 16 millones de euros, destinada a canalizar estos datos a las comunidades autónomas, responsables finales del proceso. No obstante, indicó que la Comunidad de Madrid llevó esta iniciativa ante el Tribunal Constitucional, argumentando que el acogimiento familiar es competencia exclusiva autonómica, y posteriormente no realizó la inversión suficiente en este ámbito.

El medio Europa Press relató que Pérez pidió reforzar tanto la protección como los recursos asociados al proceso de transición a la vida adulta de los jóvenes extutelados. Enfatizó que la inversión en estos mecanismos evita situaciones de exclusión e infravivienda como la registrada en la Cañada Real. Además, subrayó la importancia de la implicación de todas las comunidades autónomas y la coordinación institucional, apuntando a que la protección de la infancia migrante y su integración requieren tanto voluntad política como recursos sostenidos en el tiempo.