
Durante la madrugada, el Gobierno venezolano denunció una serie de ataques aéreos que, según sus declaraciones, fueron realizados por fuerzas estadounidenses en zonas civiles y militares de la capital, Caracas, y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. El Ejecutivo venezolano catalogó estos hechos como una "gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos". En este contexto de tensión, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, manifestó su inquietud acerca de la situación que atraviesa Venezuela tras los sucesos reportados.
Según consignó la agencia Europa Press, Clavijo informó que su gobierno mantiene comunicación directa tanto con entidades canarias presentes en Venezuela como con la delegación oficial del Ejecutivo autonómico en Caracas. Clavijo difundió un mensaje a través de la red social X, en el que afirmó: “Seguimos con preocupación la situación que está atravesando en la madrugada de hoy Venezuela. Durante la noche, y a lo largo de las primeras horas de hoy, hemos estado en contacto con las entidades canarias en el país y la delegación del Gobierno de Canarias en Caracas”.
El medio Europa Press detalló que los estallidos afectaron diferentes puntos de Caracas, incrementando la tensión con Estados Unidos. Tras estos acontecimientos, el gobierno liderado por Nicolás Maduro responsabilizó directamente a las fuerzas estadounidenses y denunció el inicio de una operación militar dirigida por Washington en suelo venezolano. Según los portavoces del Ejecutivo venezolano, el ataque tuvo como objetivo tanto zonas militares como áreas habitadas por población civil, lo que llevó al gobierno a calificar los hechos como una amenaza de alta gravedad.
Paralelamente, fuentes de la Casa Blanca, citadas por Fox News y recogidas por Europa Press, confirmaron bajo condición de anonimato que el ejército estadounidense inició una acción militar en territorio venezolano, lo que pone de manifiesto la dimensión internacional de la crisis y confirma la participación directa de Estados Unidos en los incidentes de la madrugada.
Europa Press añadió que la presencia de una comunidad canaria significativa en Venezuela ha motivado al Gobierno de Canarias a mantener un monitoreo constante y a extremar las gestiones de contacto tanto con sus representantes oficiales como con sus ciudadanos residentes. Las autoridades insulares buscan conocer el desarrollo de los acontecimientos para actualizar la información de forma constante y ofrecer posibles respuestas institucionales ante cualquier emergencia que pudiera afectar a ciudadanos canarios en Venezuela.
El contexto de incertidumbre ha provocado alarma en el país sudamericano, mientras continúan las interpretaciones encontradas sobre la magnitud y motivaciones de la ofensiva militar. Por una parte, el ejecutivo venezolano denunció públicamente lo que considera “una agresión” dirigida contra la soberanía nacional; por otra, altos funcionarios del gobierno estadounidense confirman el movimiento de tropas como una forma de presión sobre el presidente Nicolás Maduro, aunque sin ofrecer detalles oficiales sobre objetivos o duración.
Fuentes oficiales canarias citadas por Europa Press reiteran que la prioridad de las autoridades isleñas es la protección de sus ciudadanos y la coordinación informativa con los organismos españoles y oficinas diplomáticas presentes en Caracas. El gobierno insular señala que las comunicaciones permanecerán abiertas mientras persista la situación de alerta, y que se mantendrán atentos a las indicaciones emitidas por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España y otras instancias internacionales involucradas.
De acuerdo con los reportes publicados por Europa Press, los incidentes han ampliado el clima de tensión política en la región y evidencian la existencia de una escalada militar con repercusiones tanto internas como internacionales. La denuncia formal de Caracas y el reconocimiento de la acción militar desde Washington constituyen una situación inédita en las recientes relaciones entre ambos países, reforzando la preocupación de gobiernos regionales y de la comunidad internacional sobre el posible agravamiento del conflicto.
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