Ucrania defiende que su ataque a una ciudad ocupada por Rusia en Jersón tuvo "un objetivo militar legítimo"

Fuentes ucranianas señalaron que la escasez de población civil en Jorli, ciudad ubicada en la provincia de Jersón y ocupada por fuerzas rusas, se debe a desplazamientos y confiscaciones llevados a cabo por la administración impuesta por Moscú. Según declaró la agencia Ukrinform, la mayoría de viviendas y edificios han pasado a control de las autoridades rusas, dejando a la población original fuera de la localidad. Esta situación aporta contexto al ataque del jueves contra Jorli, que, según las autoridades ucranianas, se dirigió específicamente a objetivos militares debido a la presencia de agentes del Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia, efectivos policiales y funcionarios rusos en el lugar.

De acuerdo con la cobertura de la agencia Ukrinform, el ataque ucraniano alcanzó un hotel y una cafetería en Jorli, enclaves próximos a la costa del mar Negro, donde se celebraba una fiesta para miembros de las fuerzas de seguridad rusas y funcionarios. Representantes de las Fuerzas de Seguridad y Defensa de Ucrania informaron que el evento, al que no accede población civil debido al toque de queda y las estrictas medidas de contrainteligencia rusas, se desarrollaba en un entorno restringido, con consumo de alcohol y conductas descritas como ruidosas. Ukrinform detalló que, durante la operación, habrían resultado abatidos altos mandos policiales, entre ellos un responsable identificado como Serhi Bohan.

El gobierno de Kiev explicó al medio ucraniano que considera las instalaciones atacadas un “objetivo militar legítimo” dado que, bajo sus criterios, alojaban a personas directamente involucradas en acciones bélicas contra Ucrania. Las fuentes militares enfatizaron que “cualquiera que participe en una guerra criminal contra el pueblo ucraniano es un objetivo militar legítimo”, postura que enmarcaron como justificación al ataque. Según la información reunida por Ukrinform, el control ejercido por la administración rusa no solo restringe las actividades civiles sino que también transforma edificios antes destinados a la vida cotidiana en espacios de uso militar.

Mientras desde Kiev se argumentaba la legalidad del bombardeo bajo normas de guerra, Rusia aportaba una versión opuesta de los hechos. Según publicó el medio ruso, el Comité de Investigación de Rusia abrió una causa formal por supuesta comisión de un “atentado terrorista”, después de que el ataque ucraniano provocara al menos 27 víctimas mortales. Moscú denunció que el bombardeo impactó directamente en las instalaciones donde se encontraban civiles, además de personal militar y policial. La investigación busca esclarecer la autoría, motivaciones y circunstancias precisas del ataque.

El gobernador prorruso de Jersón, Vladimir Saldo, emitió declaraciones recogidas por la prensa rusa en las que responsabilizó al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, de lo sucedido, aludiendo a que este episodio es reflejo del tipo de “paz” impulsada desde Kiev. Las expresiones de Saldo se produjeron en el contexto de negociaciones de paz auspiciadas por Estados Unidos, proceso que busca avances tras casi cuatro años de conflicto abierto, desde la ocupación de territorios ucranianos por las fuerzas rusas, según recordó Ukrinform.

El medio ucraniano insistió en el argumento de que la ofensiva se dirigió contra una celebración exclusiva para fuerzas de seguridad y líderes de la administración rusa, no accesible para la población local por la implementación de un estricto toque de queda. Añadió que la transformación de la ciudad tras la ocupación ha reducido drásticamente la presencia de residentes ucranianos, mientras los espacios confiscados servirían actualmente como alojamiento y centros recreativos para las tropas y funcionarios rusos.

Finalmente, Ucrania defendió ante la agencia Ukrinform que la acción respondió a información procedente de inteligencia militar, al identificar la concentración de mandos y agentes en el sitio bombardeado. Del lado ruso, las autoridades reiteraron su denuncia de que los ataques a instalaciones consideradas civiles constituyen violaciones al derecho internacional. La investigación iniciada en Moscú busca fundamentar esta posición, en momentos en que las discusiones sobre los límites de la acción militar en zonas ocupadas se mantienen en la agenda internacional, según consignó Ukrinform.