Orsted y GIP reclaman medidas cautelares contra la orden de Trump que paralizó un parque eólico en EEUU

Orsted y Global Infrastructure Partners (GIP), actuales responsables del proyecto eólico marino Sunrise Wind, se encuentran en proceso de analizar todas las alternativas disponibles tras verse afectados por la reciente suspensión gubernamental de varios parques eólicos en Estados Unidos. Según consignó el medio original, Revolution Wind —el otro proyecto impactado, desarrollado en sociedad entre Orsted y GIP bajo el nombre de Skyborn Renewables— optó por presentar una demanda complementaria ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia. La acción busca impugnar la orden de suspensión de arrendamientos emitida el 22 de diciembre de 2025 por la Oficina de Gestión de la Energía Oceánica (BOEM), perteneciente al Departamento del Interior de Estados Unidos, y al mismo tiempo solicita medidas cautelares para frenar la puesta en práctica de la decisión oficial.

De acuerdo con la información publicada por la fuente original, la administración de Donald Trump ordenó a finales de diciembre pasado la paralización inmediata de las labores en cinco concesiones dedicadas a la generación eléctrica a partir de aerogeneradores marinos. Entre los proyectos afectados figura Revolution Wind, concebido con una capacidad de 704 megavatios, dentro de la categoría de instalaciones eólicas marinas de gran escala en etapa de construcción en el país. El argumento esgrimido por las autoridades federales para justificar la medida se centra en la supuesta existencia de riesgos a la seguridad nacional, lo cual llevó a la suspensión de los contratos de arrendamiento correspondientes a estas infraestructuras energéticas.

En un comunicado dirigido a prensa, Orsted enfatizó que, mientras continúan las conversaciones transparentes tanto con funcionarios federales como con otros actores involucrados, se mantiene como prioridad alcanzar una resolución definitiva y ágil al conflicto surgido tras la orden de suspensión. La empresa danesa sostiene que la determinación gubernamental no se ajusta al marco legal vigente y argumenta que, de mantenerse la suspensión, podría resultar en perjuicios considerables para la iniciativa, reiterando lo ya experimentado tras la orden previa de agosto de 2025. En esa oportunidad, la paralización de las obras generó un impacto negativo sobre los plazos y las inversiones del consorcio.

Respecto al cumplimiento normativo, Orsted resaltó ante la prensa, según reportó el medio, que Revolution Wind finalizó en 2023 todos los trámites requeridos para su avance, incluyendo los permisos federales y estatales de rigor. Señaló también que el desarrollo del proyecto incluyó consultas directas con el Departamento de Defensa estadounidense, instancia con la cual se abordaron los eventuales efectos de la construcción y operación sobre capacidades estratégicas y de defensa nacional. Tras este proceso, la empresa estima que el litigio iniciado constituye un mecanismo indispensable para la protección de los derechos adquiridos por el consorcio a lo largo de los años de planeación y permisos.

En el mismo comunicado recogido por la fuente, la firma europea subrayó el alcance y los compromisos económicos asociados al proyecto. Según Orsted, Revolution Wind ha asignado y comprometido miles de millones de dólares, respaldados por un exhaustivo proceso de revisión regulatoria y administrativa. Esta inversión fue decidida tras haber respondido a todas las exigencias planteadas por las instancias de control, lo que, a su parecer, refuerza la posición legal del consorcio ante la batalla judicial. Además, Orsted recordó que la construcción de Revolution Wind se encuentra en una fase avanzada y que las previsiones apuntan a que estará habilitado para suministrar energía a hogares de Estados Unidos en 2026.

El medio también mencionó que la paralización de proyectos derivados de la orden de la administración Trump no solo afecta a Revolution Wind, compartido por Orsted y GIP, sino que impacta también en Sunrise Wind, cuya propiedad está concentrada en su totalidad en manos de Orsted. En ese sentido, la compañía declaró que continúa evaluando posibles respuestas y estrategias legales dirigidas a revertir la medida y asegurar el desarrollo futuro de sus iniciativas en el país.

La disputa surgida en los tribunales de Estados Unidos implica el examen detallado de los procedimientos de otorgamiento de permisos, el rol de las agencias federales, así como las potenciales tensiones entre la promoción de energías renovables y las prerrogativas de seguridad nacional invocadas por el gobierno. Según informó la fuente, la resolución de este conflicto judicial definirá no solo el destino inmediato de proyectos como Revolution Wind y Sunrise Wind, sino que podría sentar precedente sobre el futuro de la industria eólica marina en territorio estadounidense.