La ausencia de acceso directo a las zonas bajo control ruso en la provincia de Jersón podría dificultar la verificación independiente y oportuna de la cifra de víctimas resultantes del reciente bombardeo. Según informó Naciones Unidas, las dificultades para ingresar a estos territorios ocupados plantean desafíos adicionales para esclarecer lo ocurrido, después de que la ciudad de Jorli sufriera un ataque que, de acuerdo a fuentes rusas, dejó al menos 27 muertos, incluidos menores de edad.
La alarma internacional se incrementó tras el pronunciamiento del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, quien expresó inquietud por los informes relacionados con el ataque perpetrado el jueves durante las celebraciones de Año Nuevo, que golpeó un hotel y una cafetería a orillas del mar Negro. Tal como publicó la ONU a través de su cuenta en la red social X, el ataque generó preocupación por la existencia de víctimas civiles y la presencia de niños entre los afectados, mientras que cuestionó el respeto al Derecho Internacional Humanitario en el contexto de este suceso.
De acuerdo con lo consignado por la ONU, la organización instó a las partes implicadas a que lancen investigaciones rápidas, imparciales y efectivas que permitan aclarar los hechos y determinar los responsables del bombardeo. La solicitud sucede después de que las autoridades rusas y prorrusas denunciaran que el ataque habría causado un alto número de muertes, infligiendo también bajas importantes entre las fuerzas de seguridad locales, según la información divulgada por los canales oficiales vinculados a Moscú.
Fuentes militares de Ucrania, citadas el viernes por medios internacionales, declararon que el ataque en Jorli cumplió con un objetivo militar legítimo. Estas fuentes aseguraron que, en el momento del bombardeo, el lugar albergaba a miembros de las fuerzas de seguridad rusas y prorrusas que celebraban una fiesta con motivo de Año Nuevo. El Ejército ucraniano, según estas mismas fuentes, sostiene que entre los fallecidos figura un alto cargo policial, identificado como Serhi Bohan, así como otras figuras vinculadas a la administración prorrusa de la provincia.
En respuesta, el Comité de Investigación ruso inició una causa formal que enmarcó los ataques dentro de la tipificación de “atentado terrorista”. Esta institución busca recopilar pruebas y determinar responsabilidades sobre el suceso, mientras que la narrativa oficial de Moscú denuncia el bombardeo como una agresión deliberada contra civiles y acusa a las autoridades ucranianas de actuar en contra del espíritu de las negociaciones de paz.
Por su parte, el gobernador prorruso de Jersón, Vladimir Saldo, atribuyó el ataque al gobierno de Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, y lo vinculó con el proceso de conversaciones promovidas por Estados Unidos para intentar alcanzar un acuerdo de cese de hostilidades, después de casi cuatro años de invasión rusa en territorio ucraniano. Saldo utilizó este incidente para cuestionar la sinceridad de las intenciones ucranianas durante las negociaciones.
Tal como consignó Naciones Unidas en su comunicación oficial, el hecho de que el territorio afectado permanezca bajo ocupación genera barreras para las labores de monitoreo independiente, lo que podría dilatar la obtención de datos verificables sobre la identidad y el número exacto de víctimas. Mientras tanto, el caso ha generado la reacción de múltiples organismos internacionales que exigen mayor transparencia y el respeto de las normativas de protección a la población civil en conflicto armado.
El episodio ha tenido repercusión en el contexto de las tensiones entre Kiev y Moscú, marcado por denuncias cruzadas sobre el resguardo de civiles y el uso de fuerza militar en zonas pobladas. Según reportes recogidos por la ONU y medios afines al gobierno ruso, la cifra de fallecidos podría incrementarse a medida que las investigaciones avancen y se clarifique la magnitud del daño ocasionado.
El ataque sobre Jorli se produce cuando las conversaciones diplomáticas continúan bajo la mediación estadounidense, mientras la comunidad internacional observa con atención los acontecimientos en Jersón y otras áreas en disputa. Las declaraciones públicas y las medidas adoptadas por ambos bandos subrayan la persistente dificultad de garantizar la protección de los no combatientes en zonas de guerra activa.
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