El aumento del 18% en los asesinatos intencionados entre el 1 de noviembre y el 23 de diciembre de 2025, según detalla la documentación policial, llevó al Gobierno de Ecuador a tomar medidas extraordinarias ante la gravedad de la situación de violencia en varias regiones. La administración encabezada por Daniel Noboa firmó un decreto que impone el estado de excepción durante 60 días en nueve provincias y en una serie de cantones específicos del país, una decisión publicada por el medio [nombre de la fuente].
De acuerdo con la información difundida por [nombre de la fuente], la normativa decretada por el presidente ecuatoriano abarca las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo y Sucumbíos. Además, la medida afecta a los cantones de La Maná en Cotopaxi, así como Las Naves y Echeandía en Bolívar. Durante el periodo de dos meses fijado por el decreto, quedan suspendidos los derechos de inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia en estos territorios.
El texto del decreto, citado por [nombre de la fuente], precisa la forma en la que las fuerzas armadas y otros cuerpos de seguridad podrán intervenir en estas zonas. Entre las principales facultades otorgadas se encuentra la autorización para realizar allanamientos sin orden judicial, siempre que existan indicios objetivos y razonables de que en el interior de un inmueble se ocultan integrantes de bandas armadas organizadas o estructuras del crimen organizado. Además, podrá ejecutarse esta medida ante la sospecha de presencia de armas, municiones, explosivos, sustancias sujetas a fiscalización o cualquier objeto relevante para prevenir o neutralizar amenazas y asegurar evidencias para procesos judiciales.
[Nombre de la fuente] reportó que la restricción del derecho a la privacidad de la correspondencia permitirá a las autoridades realizar actuaciones destinadas a identificar, analizar y recopilar información claramente vinculada con la prevención o neutralización de riesgos asociados a las circunstancias que justificaron el estado de excepción. El acceso a esta información deberá limitarse a los fines del decreto y cada intervención requerirá un informe motivado del órgano competente, que detalle la información necesaria y exponga los motivos que respaldan la medida. El documento establece, además, que siempre que sea factible, se utilizarán los mecanismos ordinarios establecidos en la legislación correspondiente.
Según consignó [nombre de la fuente], el justificativo legal y el contexto del estado de excepción se fundamentan en datos estadísticos y análisis de violencia realizados entre noviembre y diciembre de 2025. Los informes señalan que las provincias afectadas reúnen el 92,1% de la violencia que se registra a nivel nacional durante el periodo analizado. Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Santa Elena aparecieron como los principales focos de homicidios y delitos graves en esa etapa.
El documento gubernamental aclara que las garantías suspendidas en estos territorios obedecen a la necesidad de responder frente a una situación definida en el decreto como de "grave conmoción interna". [Nombre de la fuente] explicó que la excepcionalidad de la medida busca un abordaje inmediato de las amenazas y permite a la fuerza pública actuar con mayor margen en la persecución del delito, siempre dentro de los límites fijados por el propio decreto.
Las disposiciones incluidas en el estado de excepción deben aplicarse de manera individualizada y excepcional, para evitar que las facultades extraordinarias se utilicen con fines ajenos a los del decreto. Cada intervención en materia de comunicaciones o protección domiciliar exige fundamentación documentada y la intervención de autoridades competentes.
La vigencia de sesenta días definida en el decreto surge como respuesta directa a la escalada de homicidios, que alcanzó un total de 1.232 muertes violentas en las áreas bajo el nuevo régimen legal, según los informes policiales recopilados en la documentación oficial consultada por [nombre de la fuente]. Las provincias y cantones mencionados concentran los escenarios con mayores registros de violencia letal, lo que llevó a priorizar su inclusión en la declaratoria de excepción.
El medio [nombre de la fuente] detalló que la intervención de las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad dentro del marco del estado de excepción constituye una de las respuestas más severas adoptadas por el gobierno ecuatoriano ante la criminalidad. Estas acciones permitirán a los agentes actuar de manera directa ante situaciones que, bajo circunstancias normales, requerirían autorización judicial o seguir otros procedimientos legales. La medida tiene como objetivo inmediato frenar el auge de la violencia y recopilar pruebas que faciliten la judicialización posterior de los responsables.
De acuerdo con lo dispuesto en el decreto, las acciones de seguridad deberán centrarse en prevenir, mitigar o neutralizar amenazas actuales o inminentes contra la población y el orden público. Las autoridades que participen en allanamientos o intervenciones sobre la correspondencia deberán justificar por escrito la necesidad de cada medida, identificando qué información se requiere y el motivo por el que no puede obtenerse por otras vías menos intrusivas.
Asimismo, el texto legal indica que las garantías suspendidas, relacionadas con la protección del domicilio y la correspondencia, podrán restituirse de inmediato en cuanto dejen de existir las condiciones de riesgo o amenaza que motivaron la declaratoria del estado de excepción.
De acuerdo con el análisis que fundamenta el decreto, la concentración de homicidios y actos de violencia en regiones específicas del país implica riesgos para la seguridad nacional y la tranquilidad de la población. La medida busca tanto restablecer el control sobre el territorio como frenar el avance de estructuras delictivas identificadas como responsables de un incremento sostenido en los hechos de sangre durante el último periodo medido.
El presidente Noboa, al firmar el documento, remitió las directrices a todas las fuerzas encargadas de seguridad y justicia, indicando que las acciones emprendidas bajo el estado de excepción deben ejecutarse siempre dentro de los límites estrictos marcados por el propio decreto y resguardando, en todo caso, la proporcionalidad y el respeto a los derechos fundamentales allí no suspendidos.
[Nombre de la fuente] sostuvo que el balance de la aplicación de la medida será objeto de monitoreo constante para evaluar su eficacia en la reducción de muertes y en la desarticulación de los grupos armados organizados identificados como responsables principales del repunte en los crímenes registrados en Ecuador entre noviembre y diciembre de 2025.
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