
De acuerdo con la organización no gubernamental Hengaw, radicada en Noruega, las muertes de manifestantes en Irán han ocurrido después de que fuerzas gubernamentales usaran armas de fuego contra las protestas, sumando víctimas de 21 y 28 años entre quienes participaban en las concentraciones. Esta información aparece tras declaraciones de autoridades locales, según consignó la televisión estatal IRIB, quienes han atribuido los disturbios a la acción de individuos que realizaron actos considerados destructivos y corearon consignas que las autoridades interpretan como desestabilizadoras. El contexto general de estas protestas masivas está marcado por una profunda crisis económica y energética que afecta al país y ha desencadenado al menos cinco días consecutivos de manifestaciones en distintas provincias iraníes.
Tal como reportó el medio Fars, la ciudad de Lordegan, situada en el oeste de Irán, ha sido uno de los epicentros de los enfrentamientos mortales. En este lugar, grupos de manifestantes lanzaron piedras contra la oficina del gobernador, la mezquita local y fuerzas de seguridad, además de realizar acciones como quemar neumáticos e intentar incendiar infraestructuras civiles. Sobre estos hechos, la agencia comunicó que las autoridades responden a lo que consideran ataques directos contra la integridad de bienes públicos y personas.
PUBLICIDAD
La reacción del gobierno y la de las organizaciones de la sociedad civil presentan versiones enfrentadas sobre lo que sucede en las calles. Mientras que Hengaw señala el uso letal de la fuerza contra quienes protestaban, las fuentes oficiales insisten en que el orden fue alterado por hechos de violencia dirigidos contra instalaciones e instituciones públicas. Además, Hengaw indicó la posibilidad de una tercera víctima fatal, aunque en ese momento la información no había sido oficialmente confirmada, remitiendo al ambiente de incertidumbre en torno al balance definitivo de víctimas.
Por otro lado, el fiscal general del condado de Kodasht, Kazem Nazari, declaró a la televisión pública IRIB que los agravios contra la autoridad y el daño a bienes públicos resultaron en la muerte de un agente de seguridad, trece heridos entre las fuerzas del orden y la detención de 20 participantes en las manifestaciones. "Gracias a la actuación decisiva del sistema judicial y a la cooperación de los servicios de Inteligencia, seguridad y orden público, la situación en el condado ha vuelto a la calma y se han tomado las medidas necesarias para mantener la seguridad", afirmó Nazari. Estas declaraciones buscan transmitir la idea de que el control ha sido restaurado tras las acciones de represión y contención.
PUBLICIDAD
Según publicó la agencia Fars, la prolongación de la crisis económica en Irán, acentuada por las presiones y las sanciones impuestas por Estados Unidos, ha intensificado el malestar social. Las penalizaciones económicas han reducido aún más el nivel de vida y el poder adquisitivo de millones de iraníes, que ya enfrentaban dificultades estructurales en sectores como la energía y el empleo. El endurecimiento de las presiones internacionales se produce mientras también continúan las tensiones internacionales relacionadas con el programa nuclear iraní, cuestión que ha sido utilizada por Estados Unidos e Israel para justificar acciones como los bombardeos realizados el pasado junio, los cuales, según consignó la agencia Fars, dejaron aproximadamente mil muertos en territorio iraní.
El contexto de inseguridad y malestar se ve además incrementado por la percepción de represión hacia los sectores más críticos y vulnerables de la sociedad, como señalan asociaciones y ONG internacionales. En distintas regiones del país, los manifestantes citan el deterioro de la situación económica, el aumento del desempleo, la inflación y la falta de energía como razones principales para salir a las calles, una situación que desde la perspectiva gubernamental es descrita como una explotación de las dificultades por parte de grupos que buscan desestabilizar el país.
PUBLICIDAD
Las demandas de los manifestantes, aunque dispersas en distintas provincias, se concentran en la exigencia de mejoras materiales y una respuesta a la pérdida de poder adquisitivo, agravada por las sanciones financieras y comerciales. Según detalló el medio Fars, la respuesta de las autoridades ha consistido en la combinación de acciones policiales, utilización de recursos judiciales y el despliegue de estrategias de vigilancia e inteligencia para contener la expansión de las protestas. El equilibrio entre la seguridad y la garantía de libertades individuales permanece en el centro del debate entre actores sociales, autoridades y observadores internacionales que monitorean el desarrollo de estos acontecimientos en Irán.