La ONU pide a Israel que reconsidere su decisión de revocar las licencias de 37 ONG

La orden de cerrar las actividades de organizaciones como Médicos sin Fronteras (MSF) u Oxfam antes del 1 de marzo preocupa a agencias internacionales ante el posible impacto en la provisión de ayuda humanitaria en zonas controladas por Israel. Según publicó la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en los Territorios Palestinos Ocupados (OCHA), el gobierno israelí anunció la revocación de licencias de hasta 37 organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales por no cumplir con las nuevas normas de registro establecidas. Esta decisión, informada el pasado 1 de enero, afectaría la presencia y operación de entidades clave para las labores humanitarias en territorios considerados vulnerables.

De acuerdo con la información divulgada por OCHA y consignada por varias agencias humanitarias, la ONU y sus aliados han solicitado formalmente al gobierno israelí que revalúe esta decisión. Según detalló Naciones Unidas en un comunicado, las ONG internacionales constituyen una parte esencial para el funcionamiento de las operaciones humanitarias en los territorios palestinos bajo ocupación israelí. La medida del Ejecutivo israelí, impulsada por el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, exige que todas las ONG concernidas cierren sus actividades antes de marzo si no cumplen con el nuevo proceso de registro.

El medio indicó que las nuevas normativas establecen la obligación de presentar información detallada sobre el personal y la estructura organizativa de cada entidad. Las ONG tuvieron un plazo de diez meses para entregar una serie de documentos que incluyen una lista exhaustiva de todos los empleados vinculados. La normativa autoriza a las autoridades israelíes a rechazar o cancelar operaciones de aquellas organizaciones sospechosas de mantener vínculos con agrupaciones calificadas como terroristas por Israel, entre ellas el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), según la clasificación oficial del gobierno israelí.

El Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT), organismo responsable del control militar y administrativo en los territorios palestinos y dependiente de Israel, emitió un comunicado en redes sociales tras hacerse pública la decisión. COGAT argumentó que la revocación de licencias no tendrá consecuencias sobre la cantidad de ayuda humanitaria que ingresa actualmente a la Franja de Gaza. Además, esta dependencia del gobierno responsabilizó a MSF de negarse a entregar la información solicitada acerca de su personal, una de las condiciones impuestas dentro del nuevo marco regulatorio.

La legislación también habilita a las autoridades a denegar permisos para la actividad de cualquier ONG que, a juicio del gobierno, promueva la deslegitimación del Estado de Israel o rechace de forma expresa el reconocimiento de Israel como un Estado democrático. Estas disposiciones han generado inquietud entre los responsables de programas humanitarios internacionales y la comunidad diplomática, ya que condicionan la continuidad de operaciones esenciales para la supervivencia y el bienestar de poblaciones vulnerables bajo administración israelí.

Según diferentes publicaciones y reportes de OCHA, la posible expulsión de entidades humanitarias como MSF y Oxfam podría traducirse en una disminución del acceso a servicios médicos, distribución de alimentos y asistencia básica en las áreas afectadas. La ONU reiteró que las organizaciones internacionales cubren actualmente necesidades urgentes y respuestas directas derivadas del conflicto y la ocupación, por lo que su permanencia resulta fundamental para evitar que se agrave la crisis humanitaria.

La noticia tomó especial relevancia después de que el Ministerio de Asuntos de la Diáspora divulgado la fecha límite del 1 de marzo para el cierre total de actividades por parte de las ONG señaladas. Esta medida se interpreta en el contexto del endurecimiento de políticas de seguridad y control estatal respecto a organizaciones extranjeras que operan en territorios bajo ocupación. Voceros de las ONG afectadas han denunciado en medios internacionales que las nuevas exigencias obstaculizan su labor, mientras que portavoces del gobierno sostienen que buscan garantizar la transparencia y la seguridad nacional.

El medio OCHA subrayó en su comunicado la idea de que la colaboración internacional y la presencia de ONG constituye un componente vital dentro de la red de protección para la población civil en los Territorios Palestinos Ocupados. Por ello, la petición de Naciones Unidas apunta a que las autoridades israelíes reconsideren la revocación de licencias y busquen mecanismos para mantener la asistencia humanitaria en la región sin vulnerar los requisitos de seguridad impuestos por la nueva regulación.