Israel revocará las licencias de 37 ONG por incumplir las normas de registro, entre ellas MSF y Oxfam

La atribución de supuestos lazos de empleados de organizaciones humanitarias con grupos armados figura entre los elementos expuestos por las autoridades israelíes para fundamentar la nueva normativa sobre el registro de ONG internacionales. Según publicó el medio ‘The Times of Israel’, las autoridades señalaron que, en junio de 2024, un trabajador de Médicos sin Fronteras fue identificado como miembro de Yihad Islámica, y en septiembre del mismo año, otro empleado relacionado con la organización habría ejercido como francotirador para Hamás. Esta información se presenta dentro del anuncio oficial sobre los cambios normativos que, de acuerdo con el Gobierno de Israel, buscan evitar que personas asociadas con organizaciones consideradas terroristas realicen actividades en el territorio bajo el amparo de la ayuda humanitaria. Bajo este marco, Israel informó que revocará las licencias de 37 organizaciones no gubernamentales, incluidas Médicos sin Fronteras (MSF) y Oxfam, al considerar que no cumplieron los nuevos requisitos obligatorios para seguir operando a partir del 1 de enero de 2026.

Según consignó ‘The Times of Israel’, el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, liderado por Amichai Chikli, precisó mediante un comunicado que las organizaciones en cuestión deberán terminar completamente su trabajo en la región en los 60 días previos al 1 de marzo de 2026. Los requisitos regulatorios, detalló el medio, comprenden la entrega de documentos sobre la estructura institucional y las operaciones, además de una lista detallada de todos sus empleados. El plazo inicial para cumplir las exigencias vencía el 9 de septiembre, aunque el Gobierno lo extendió hasta el 31 de diciembre, argumentando que se trató de una medida tomada “de buena fe”.

El portavoz del Ministerio de Exteriores, Oren Marmorstein, explicó que el proceso de registro permanece abierto, lo que permite a las organizaciones presentar sus solicitudes, que serán revisadas y evaluadas según las normativas vigentes. El gobierno israelí resalta que sin lograr formalizar su inscripción, estas ONG perderán la autorización tanto para emplear personal internacional con conocimientos técnicos, como para movilizar suministros de emergencia, incluyendo insumos de salud, agua y saneamiento, a Gaza o Cisjordania mediante los puntos fronterizos controlados por Israel.

De acuerdo con el reporte de ‘The Times of Israel’, las autoridades aclararon que la nueva legislación otorga margen para negar permisos cuando existan sospechas de que una ONG colabora con entidades señaladas como terroristas por Israel, entre ellas el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Además, el reglamento establece que pueden rechazar la solicitud a entidades “que promuevan la deslegitimación del Estado de Israel” o rechacen “su existencia como Estado democrático”.

El medio indicó que el Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT), la autoridad militar israelí con competencia en los territorios palestinos, publicó en redes sociales que la decisión sobre las licencias no alterará el volumen total de ayuda humanitaria permitida en la Franja de Gaza. “Las organizaciones notificadas sobre la suspensión de actividades en Gaza no transportaron ayuda durante la tregua actual y, históricamente, su aporte combinado representó cerca del 1 por ciento de la asistencia total en el territorio”, aseguró el COGAT según recogió el medio.

Añadió el órgano militar que el objetivo radica en impedir el uso indebido de la ayuda para fines de Hamás, ya que, en su evaluación, esta organización logró operar en el pasado bajo la cobertura de organismos internacionales “de forma consciente o no”. El Ministerio de la Diáspora también acusó públicamente a Médicos sin Fronteras de no remitir la lista de su personal al gobierno, contraviniendo así las nuevas normativas.

Según explicitó ‘The Times of Israel’, la postura del ministro Chikli resalta que “la asistencia humanitaria es bienvenida”, pero “la explotación del marco humanitario con fines terroristas es inaceptable”. Subrayó la firmeza del Estado para garantizar la protección de su soberanía, la seguridad de sus ciudadanos y la integridad de la labor humanitaria en el territorio.

Mientras tanto, diversas organizaciones y voces de la sociedad civil han respondido a la determinación de Israel. Erika Guevara Rosas, directora senior de Investigación, Incidencia Política y Campañas de Amnistía Internacional, se pronunció en medios digitales señalando que la restricción de acceso a Gaza para las ONG humanitarias constituye “una escalada deliberada del genocidio contra los palestinos”. Declara que bloquear la llegada de recursos esenciales cuando la población afronta hambre, enfermedades y bombardeos, pese al anuncio de un alto el fuego, implica “una flagrante violación del Derecho Internacional” y representa “un castigo colectivo de escala catastrófica”.

Organismos internacionales, incluyendo agencias de Naciones Unidas y ONG con presencia en Gaza, exigieron la eliminación inmediata de las trabas al acceso y funcionamiento de la ayuda humanitaria en Palestina, argumentando la importancia “insustituible” de la labor de estas entidades. Según recopiló ‘The Times of Israel’, las restricciones afectan directamente la posibilidad de introducir personal técnico especializado y bienes fundamentales para el socorro a la población.

El registro obligatorio de ONG, introducido por el gobierno israelí, estipula que la no inscripción conduce a la imposibilidad de continuar operaciones dentro de Gaza y Cisjordania. La administración ha justificado estas exigencias como indispensables para depurar el sector y afrontar riesgos de infiltración por parte de actores hostiles. Por su parte, las entidades humanitarias y defensores de derechos humanos advierten que las restricciones elevan el riesgo de desabastecimiento y agravan las condiciones de población civil en los territorios palestinos.

Dentro de este contexto, Israel argumenta que la revocación de licencias no tiene como objetivo limitar la cantidad de ayuda en Gaza, sino regular el acceso y asegurar que la distribución no favorezca intereses de grupos armados. Sectores críticos observan que la medida puede provocar una limitación significativa en la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias y alimentarias.

En el intercambio de posturas, las autoridades insisten en que la asistencia seguirá, pero bajo un estricto control institucional, donde solo podrán operar aquellas organizaciones que cumplan los requisitos de registro y transparencia definidos por el estado israelí. Organizaciones señaladas han manifestado dificultades para satisfacer las condiciones impuestas, principalmente en lo referente a la exposición pública de sus nóminas de personal, una directriz que consideran pone en riesgo la seguridad de sus trabajadores y beneficiarios.

El futuro de las operaciones humanitarias en los territorios bajo ocupación permanece sujeto a los efectos de la normativa y la dinámica política. Las próximas semanas serán determinantes para observar posibles cambios en las autorizaciones o la permanencia del marco regulatorio actual, mientras persisten los llamados desde la comunidad internacional a garantizar el acceso libre y seguro de la ayuda humanitaria en la región.