El Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo de Israel, dirigido por Amichai Chikli, especificó que las organizaciones afectadas deberán cerrar sus operaciones en un plazo de sesenta días antes del 1 de marzo de 2026, tras la revocación de sus licencias programada para el 1 de enero de ese año. Esta directiva forma parte de la aplicación de una nueva normativa para el registro de organizaciones no gubernamentales en los territorios bajo ocupación, según informó el medio The Times of Israel, lo que implicará la salida de entidades humanitarias como Médicos sin Fronteras (MSF) y otras treinta y seis ONG cuyas actividades han sido señaladas como contrarias a los requisitos oficiales.
De acuerdo con The Times of Israel, las autoridades israelíes mandataban desde hace diez meses que las ONG presentaran documentación detallada sobre su estructura y funcionamiento, incluyendo la entrega de la lista de personal empleado. Este requisito precedió a la introducción de una normativa que permite el rechazo de permisos en casos de sospechas de colaboración con organizaciones consideradas terroristas por Israel, como el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). La fecha inicial para la presentación de los documentos era el 9 de septiembre de 2024, aunque posteriormente se extendió hasta el 31 de diciembre del mismo año.
Según consignó The Times of Israel, el Gobierno insiste en que la asistencia humanitaria seguirá siendo admitida, a la vez que recalca el objetivo de proteger la soberanía nacional y evitar que redes vinculadas a movimientos hostiles se beneficien de los mecanismos humanitarios. Chikli expresó en una declaración oficial: “La asistencia humanitaria es bienvenida; la explotación de los marcos humanitarios con fines terroristas es inaceptable. Israel seguirá protegiendo su soberanía, a sus ciudadanos y la integridad de la acción humanitaria”.
El Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT), autoridad militar israelí responsable de la administración en zonas palestinas, reportó a través de canales oficiales que las nuevas restricciones no modificarán el volumen global de ayuda humanitaria que llega a la Franja de Gaza. “Las organizaciones que recibieron la notificación de la suspensión de sus actividades en la Franja de Gaza no transportaron ayuda a Gaza durante el alto el fuego vigente, e incluso en el pasado, su contribución combinada solo representó alrededor del 1 por ciento del volumen total de ayuda”, puntualizó el COGAT.
Dentro del argumento para endurecer los requisitos, el COGAT subrayó la intención de eliminar posibilidades de que Hamás pueda emplear la ayudar ofrecida por ONGs, ya que en otros periodos usó esa cobertura de manera consciente o inconsciente, señaló The Times of Israel. Las nuevas reglas también facultan a la autoridad israelí para negar permisos a entidades que, según su consideración, promuevan la deslegitimación del Estado de Israel o rechacen su definición como Estado democrático. En este marco, el COGAT acusó a MSF de haberse rehusado a proporcionar la lista completa de empleados solicitada bajo las nuevas directrices.
La medida se ve acompañada de acusaciones recientes. Según detalló The Times of Israel, en junio de 2024 Israel identificó a un miembro de Yihad Islámica como empleado de Médicos sin Fronteras. Posteriormente, en septiembre de 2024, otro integrante de la misma organización, según afirman las autoridades israelíes, fue señalado como francotirador de Hamás. El Gobierno argumenta que estos ejemplos refuerzan la necesidad de reforzar el control sobre los actores humanitarios en los territorios bajo su jurisdicción.
Distintos organismos de Naciones Unidas junto a ONG presentes en Gaza rechazaron públicamente estas restricciones y solicitaron el levantamiento inmediato de los obstáculos al acceso y la labor de las organizaciones humanitarias en la Franja y Cisjordania. Sostienen que el servicio que prestan es indispensable para la población local, señalando, según consignó The Times of Israel, el carácter insustituible de su intervención en contextos de crisis.
Las consecuencias directas de la resolución afectan no solo la presencia de personal internacional especializado en la región, sino también la entrada de suministros esenciales en áreas controladas por Israel, incluyendo materiales de salud, agua y saneamiento. La imposibilidad de registrarse bajo el nuevo marco legal impedirá a las 37 ONG continuar con su trabajo e ingresar recursos básicos a Gaza y Cisjordania, confirmaron las autoridades israelíes a través de comunicados y documentación oficial publicada y citada por The Times of Israel.
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