Birmania celebra este domingo sus primeras elecciones en cinco años en plena guerra y a pesar de las críticas

Sentencias de hasta 49 años de prisión han recaído sobre ciudadanos birmanos acusados de oponerse a las elecciones organizadas por la junta militar, conforme a una nueva ley electoral que ha limitado severamente la manifestación pública y el debate político. Según informó la fuente original, estos comicios están marcados por la exclusión de figuras clave, la detención de activistas y un clima de intimidación y violencia en medio de un conflicto armado que persiste en varias regiones del país. Miles de ciudadanos birmanos han sido convocados este domingo a las urnas en el primer proceso electoral desde el golpe de Estado perpetrado en febrero de 2021.

De acuerdo con la fuente, estas elecciones introducen un esquema de votación que se celebrará en tres fases distintas, la primera hoy, la segunda el 11 de enero y una final programada para el 25 del mismo mes. La convocatoria, anunciada formalmente en julio tras meses de postergaciones, se produce mientras Birmania continúa inmersa en una guerra interna y bajo un régimen de control militar que, según críticos y organizaciones internacionales, ha limitado las garantías democráticas y aumentado la represión. Numerosos sectores de la oposición y parte de la sociedad civil han impulsado llamamientos al boicot y han denunciado un proceso carente de transparencia, en el que la violencia armada y la presión de las autoridades pueden impedir que ciudadanos de regiones afectadas logren participar.

Las Fuerzas Armadas justifican la realización de las elecciones pese al conflicto armado, sosteniendo que la votación facilitará la transición hacia un sistema multipartidista. Sin embargo, según publicó la fuente, la oposición sostiene que el objetivo central de la convocatoria es dotar de legitimidad a la permanencia del jefe militar Min Aung Hlaing y consolidar el dominio de los militares sobre el aparato del Estado. Ante esto, diferentes partidos y movimientos opositores han rechazado inscribirse bajo las condiciones impuestas o han pedido expresamente no participar.

De acuerdo con las denuncias recogidas por la fuente, la represión se ha intensificado desde que la campaña electoral inició, con más de un centenar de personas detenidas a lo largo del territorio tras ser acusadas de intentar sabotear el proceso o distribuir material en favor del boicot. La Ley de Protección Electoral, promulgada pocos meses antes de la convocatoria, se ha utilizado para enjuiciar y sentenciar a los disidentes con condenas severas, situación que grupos de derechos humanos y activistas describen como un intento de erradicar cualquier voz opositora. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha declarado que “algunas sentencias son extremadamente duras, con penas de entre 42 y 49 años de prisión por colgar carteles en contra de las elecciones”, según recoge la fuente original.

Entre las personas detenidas y condenadas en los últimos meses figuran referentes de la sociedad birmana como el director Mike Tee, el actor Kyaw Win Htut y el humorista Ohn Daing, a quienes se les atribuye haber “socavado la confianza” en el Ejército. Además, según reportó la fuente, se han documentado amenazas a la población desplazada por la violencia, instando a que regresen a sus localidades de origen para votar bajo la advertencia de posibles ataques si no lo hacen.

Según consignó el medio original, la ex “líder de facto” y Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, de 80 años, permanece privada de libertad y excluida de la contienda. Su partido, la Liga Nacional para la Democracia (LND), que obtuvo la victoria en las elecciones de noviembre de 2020 posteriormente anuladas por el golpe de Estado, ha sido disuelto después de negarse a registrarse bajo los nuevos parámetros establecidos por la junta militar. De igual manera, otros partidos han llamado al boicot o rehusado postularse en las condiciones estipuladas.

El proceso enfrenta, además, limitaciones territoriales. El conflicto armado que sacude Birmania ha imposibilitado la realización de comicios en 65 localidades donde los enfrentamientos entre fuerzas militares y grupos de resistencia impiden la circulación segura de votantes y autoridades electorales. La junta militar ha reconocido que solo podrá organizar la primera jornada de votación en 102 de los 330 municipios del país, todos ellos bajo firme control castrense. Aunque más de 50 partidos han inscrito candidatos, la presencia de la mayoría se restringe al ámbito local y apenas seis formaciones compiten con posibilidades a nivel nacional. El Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (USDP), vinculado estrechamente al ejército, cuenta con ventajas normativas y de estructura tras la reforma legislativa.

En los comicios se presentan alrededor de 5.000 candidaturas para ocupar escaños en el Pyidaungsu Hluttaw, el parlamento bicameral. De acuerdo con la fuente, la comunidad internacional mantiene sanciones sobre el gobierno birmano debido a persistentes ataques contra la población civil y la sistemática represión de la disidencia. Naciones Unidas y distintos organismos humanitarios han seguido denunciando el clima de violencia e intimidación que circunscribe todo el proceso electoral, advirtiendo que amplios sectores de la población, especialmente en áreas rurales y zonas de conflicto, pueden quedar excluidos del escrutinio por razones de seguridad.

La historia política del país se encuentra marcada por el control castrense desde la independencia en 1948, y según detalla la fuente, el actual esfuerzo electoral pretende sellar una nueva fórmula de legitimación militar vía elecciones. Los costos del conflicto incluyen no solo la falta de garantías electorales, sino un elevadísimo número de detenidos y víctimas. La Asociación de Asistencia a Presos Políticos de Birmania (AAPP) reporta más de 22.600 personas encarceladas por razones políticas después del golpe de 2021, mientras estimaciones oficiales atribuyen a las fuerzas de seguridad la muerte de al menos 7.600 civiles.

En paralelo, los grupos que defienden derechos fundamentales continúan señalando que las condiciones actuales impiden hablar de una votación libre y representativa, y remarcan que el proceso electoral debe evaluarse en el contexto de exclusión, amenazas y uso sistemático de la fuerza por parte de la junta. Así, quienes hoy acuden a las urnas lo hacen en medio de un escenario de incertidumbre, enfrentando denuncias de presiones, vigilancia militar y limitaciones extremas a la expresión política. Estas elecciones tienen lugar en un país marcado por décadas de dominio militar y donde, según insistentes reclamos de la oposición y de la comunidad internacional, las condiciones democráticas resultan aún inalcanzables.