
La ONG Stichting Frisse Wind.nu ha decidido llevar el caso a un tribunal de Haarlem, acusando a Tata Steel de provocar perjuicios en la salud de los habitantes de Velsen-Noord y la depreciación de los inmuebles de la zona, según consignó Bloomberg. El grupo ciudadano reclama una compensación de 1.400 millones de euros, al vincular los deterioros sanitarios y económicos con los niveles de contaminación atribuibles a la actividad de la filial neerlandesa de la siderúrgica india.
El medio Bloomberg detalló que la demanda de Stichting Frisse Wind.nu alega que las actividades industriales de Tata Steel en la localidad costera de Velsen-Noord han generado un aumento consistente de casos de enfermedades entre los residentes y, además, han afectado negativamente el valor de las propiedades en la región. La organización preció que actúa en representación de los afectados, sustentando su reclamo en informes y quejas procedentes de la comunidad local.
Tata Steel reconoció la existencia del proceso judicial mediante un comunicado, asegurando según Bloomberg que la empresa dispone de “argumentos sólidos” para responder ante el tribunal y defender su actividad en Países Bajos. La compañía ha insistido en que su operación cumple con los marcos regulatorios y ambientales vigentes, aunque la ONG señala que el impacto en la vida de la comunidad exige una compensación adecuada.
Según la información reportada por Bloomberg, el conflicto judicial gira en torno a las instalaciones de Tata Steel en Velsen-Noord, una localidad situada en la costa occidental de Países Bajos y conocida por la presencia histórica de la industria siderúrgica. Para los demandantes, los problemas ambientales y de salud pública que se observan en la región están relacionados con las emisiones y vertidos de la fábrica, intensificándose en los últimos años, lo que ha cristalizado en el litigio de alto valor económico.
Frente al panorama judicial, Tata Steel anunció en septiembre la implementación de un plan destinado a reducir las emisiones contaminantes en Países Bajos. Según publicó Bloomberg, este programa prevé una inversión total de hasta 6.500 millones de euros, de los cuales 2.000 millones procederían de fondos públicos asignados por el Gobierno neerlandés. La estrategia incluye la modernización de procesos y la aplicación de tecnologías más sostenibles, que buscarían minimizar el impacto medioambiental de sus operaciones en la zona.
La querella representa un nuevo capítulo en las tensiones sociales y legales entre la industria pesada y las comunidades afectadas por la contaminación, de acuerdo con Bloomberg. La reclamación económica elevada por Stichting Frisse Wind.nu tiene la intención de cubrir tanto los costes asociados a la atención sanitaria de los residentes como las pérdidas derivadas de la depreciación de los bienes raíces en Velsen-Noord.
Bloomberg también informó que Tata Steel argumenta que los planes de inversión y modernización reflejan su compromiso con la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad social, señalando los esfuerzos por adaptarse a las exigencias medioambientales de la legislación neerlandesa. No obstante, la ONG demandante considera insuficientes las medidas actuales y recalca la necesidad de resarcir los daños ya ocasionados.
Las decisiones que adopte el tribunal de Haarlem en este proceso marcarán el rumbo de futuras reclamaciones similares en Europa, donde aumenta el escrutinio ciudadano y regulatorio sobre las actividades de grandes conglomerados industriales. Según Bloomberg, este caso tiene implicaciones más amplias para la relación entre la industria y las comunidades residentes en zonas expuestas a actividades consideradas contaminantes.
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