Las familias de varios detenidos en Guinea Bissau no tienen información sobre la situación, el paradero o los cargos formulados contra sus seres queridos tras la asonada militar ocurrida en noviembre. Esta situación se suma a denuncias sobre desapariciones forzadas y represión a críticos del nuevo régimen, foco de preocupación para organismos internacionales que han instado a las autoridades de transición a actuar sin dilación. Naciones Unidas ha exigido a la junta militar —establecida tras el golpe de Estado contra el entonces presidente Umaro Sissoco Embaló— la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas en este contexto.
Según informó la ONU, la solicitud se publicó días después de la liberación de seis opositores, entre ellos el jefe de seguridad personal del dirigente opositor Domingos Simoes Pereira y otros integrantes de su equipo, decisión oficializada el martes por el Alto Mando Militar para la Restauración de la Seguridad Nacional y el Orden Público. Thameen al Kheetan, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, afirmó que “la liberación el martes de seis figuras opositoras en Guinea Bissau es un paso alentador. Es necesario hacer más”. Al Kheetan añadió que las autoridades deben detener toda detención arbitraria y poner fin a las intimidaciones contra defensores de derechos humanos y a las restricciones sobre las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica.
El medio de comunicación detalló que Naciones Unidas tuvo la semana pasada acceso a cuatro de los detenidos, un hecho evaluado como un avance relevante en términos de transparencia sobre la situación de los arrestados. Sin embargo, Al Kheetan advirtió que aún existen casos donde las familias siguen sin saber si sus allegados están detenidos, dónde se encuentran o por qué motivo, lo que, según sus palabras, “podría equivaler a una desaparición forzosa”. En este sentido, el representante de la ONU reclamó a todos los actores responsables dentro del país que garanticen la liberación inmediata e incondicional de quienes se encuentran privados de libertad a causa del ejercicio de sus derechos humanos.
Desde el golpe militar, ocurren denuncias sobre agresiones físicas y restricciones a las actividades de defensores de derechos humanos, además de limitaciones al ejercicio de derechos fundamentales. Según publicó la ONU, el Alto Mando Militar de Guinea Bissau promulgó una Carta Política de Transición que suspende la Constitución vigente y establece un periodo transitorio de doce meses, durante el cual el presidente y el primer ministro de transición no podrán postularse a las elecciones que se celebrarán al concluir este proceso.
Sobre el contexto político local, el alzamiento militar fue dirigido por Horta N’Tam, quien asumió el papel de presidente de transición. La asonada se originó como resultado de tensiones tras las elecciones presidenciales, donde tanto el entonces presidente Sissoco Embaló como el principal líder opositor, Fernando Dias da Costa, aseguraron haber obtenido la victoria antes de que los resultados oficiales fueran anunciados. Esta disputa electoral desencadenó el golpe y llevó a la suspensión de la publicación de los resultados por parte de las autoridades transitorias, reportó la ONU.
A pesar de la reciente excarcelación de algunos opositores, organizaciones internacionales continúan presionando para que todas las personas detenidas tras la asonada sean puestas en libertad y puedan ejercer sus derechos sin temor a represalias. Naciones Unidas subrayó la importancia de que las autoridades militares eliminen cualquier forma de intimidación y garanticen la transparencia y el respeto a las garantías individuales durante el proceso de transición política.
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