Petro anuncia que Colombia tendrá un "salario mínimo vital" en 2026

La propuesta de implementar un salario base definido por ley comenzará en Colombia a partir de 2026, tomando en cuenta el número de integrantes de cada núcleo familiar y la cantidad de personas empleadas en el hogar, según anunció el presidente Gustavo Petro en un mensaje transmitido oficialmente. La medida fue detallada tras declarar un estado de emergencia “económica y social” por un plazo de 30 días, después de que el Congreso rechazara la Ley de Financiación impulsada por el Ejecutivo. De acuerdo con la información publicada por el medio que dio a conocer el discurso presidencial, la decisión busca asegurar la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, basando el monto en los costos de una canasta básica familiar y ajustando los valores a partir de la realidad laboral de cada hogar.

El mandatario subrayó en su intervención televisada, con motivo de la festividad de Navidad, que esta será la primera vez que el país cuente con un salario mínimo calculado conforme a una base legal y sustentado en parámetros internacionales y constitucionales. Según informó la fuente, Petro explicó que el salario mínimo vital no solo aplicará de manera individual, sino también familiar, a partir de lo establecido en el decreto anunciado. El presidente indicó: “Nivel salarial necesario para proporcionar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias. El salario familiar, no individual. Y eso va en el decreto”, puntualizando que el cálculo resultará de la canasta mínima vital de una familia y el promedio de personas trabajadoras que la integran. La fórmula se fundamentará en recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), disposiciones de la Constitución de Colombia y sentencias judiciales previas, según destacó el jefe de Estado y reportó el medio.

La declaración del estado de emergencia, precisó el presidente, permitirá durante el plazo de treinta días aprobar nuevas medidas tributarias y fiscales, dada la imposibilidad de garantizar plenamente ciertos derechos fundamentales y la prestación de servicios públicos esenciales tras el rechazo de la mencionada reforma tributaria. Tal como consignó la fuente, el Gobierno proyectaba recaudar mediante la ley rechazada por el Legislativo un total de 16.300 millones de pesos, equivalentes a cerca de 3.700 millones de euros, los cuales se destinarían a complementar el presupuesto del año 2026. La negación parlamentaria a respaldar la reforma financiera llevó al Ejecutivo a buscar herramientas extraordinarias para gestionar recursos y herramientas legales adicionales.

La información proporcionada por el medio detalló que el mandatario enfatizó cómo la nueva política salarial concebida por el gobierno nacional está orientada a garantizar no solo la subsistencia individual, sino el bienestar económico de los grupos familiares. Petro expuso que el cambio responde a la necesidad de adecuar los salarios a los parámetros de vida digna planteados por organismos internacionales y a los principios constitucionales nacionales. El enfoque, resaltó durante su mensaje, consistirá en revisar cómo cada hogar conforma sus ingresos a partir de la cantidad de trabajadores activos y las necesidades básicas determinadas para la familia promedio colombiana.

La emergencia “económica y social” decretada, según relató el medio, autoriza al Ejecutivo a tomar medidas de manera inmediata para cubrir carencias presupuestales y superar la coyuntura tras la falta de acuerdo con el Congreso. De acuerdo con la exposición de Petro, la iniciativa del salario mínimo vital se inserta en un paquete de reformas orientadas a modificar de fondo el sistema de remuneraciones en Colombia, buscando corregir desigualdades históricas y enfrentar las limitaciones impuestas por la negativa legislativa a nuevas fuentes de financiación estatales.

Durante su discurso, el presidente aludió a la dificultad para garantizar servicios fundamentales, y justificó tanto la declaratoria de emergencia como la adopción del nuevo esquema salarial bajo el argumento de la urgencia de proteger los derechos y la calidad de vida de los ciudadanos. El medio explicó que la propuesta incorpora elementos de derecho internacional y local, con el objetivo de establecer una base legal sólida a la nueva política salarial, y que será acompañada de otros instrumentos legislativos y administrativos a desarrollarse bajo el amparo de la emergencia declarada.

La expectativa generada por el anuncio radica en la modificación del modo en que se establece la remuneración mínima legal, con la inclusión de la variable familiar y la vinculación directa al costo real de la canasta básica. Según amplió la fuente, distintas áreas del gobierno deberán trabajar en la implementación técnica y legal de la nueva medida para que entre en vigor a partir del año 2026, estableciendo mecanismos para ajustar, calcular y aplicar el salario mínimo familiar en todo el territorio nacional. La propuesta del Ejecutivo, tal como precisó el medio, responde directamente a los desafíos fiscales y sociales surgidos de la reciente coyuntura legislativa y financiera nacional.