Los Fondos de Compensación Interterritorial se han reducido un 70% en los últimos 15 años, según el Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas resalta que la disminución sostenida en la dotación de los Fondos de Compensación Interterritorial dificulta el cumplimiento de los objetivos para los que se crearon, especialmente la garantía del principio constitucional de solidaridad entre territorios menos favorecidos. Según el informe aprobado recientemente por el propio órgano fiscalizador, esta reducción del financiamiento afecta directamente la capacidad de los fondos para corregir los desequilibrios económicos entre las regiones.

De acuerdo con el informe analizado y aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas, la asignación total para los Fondos de Compensación Interterritorial ascendió a 432,43 millones de euros en 2023, aunque la cifra representa solo el 32% del nivel que estos fondos alcanzaron en 2009. Esta disminución, según publicó el órgano supervisor, corresponde a un descenso acumulado del 68% en los últimos 15 años.

El medio El País detalló que este recorte sostenido compromete seriamente la misión para la que estos fondos fueron instituidos en la Constitución española, que encomienda su existencia para reducir brechas económicas entre regiones y materializar la solidaridad estatal. El propio informe del Tribunal destaca que "derivada de la escasa dotación de estos fondos, la consecución del fin para el que fueron previstos se ve seriamente condicionada". Este pronunciamiento pone de manifiesto la relevancia de los recursos destinados al mecanismo y su incidencia en la cohesión territorial.

Según describió el Tribunal de Cuentas, el Fondo de Compensación Interterritorial surgió con el propósito de redistribuir recursos en favor de aquellas comunidades autónomas o ciudades que no disponen de un órgano de control externo autonómico propio y que, en determinadas fases, han sido consideradas como territorios con mayor necesidad de apoyo económico. Inicialmente, todas las comunidades accedían a los fondos, aunque a lo largo del tiempo el procedimiento se ha refocalizado para asistir solo a los territorios catalogados como "más desfavorecidos".

A partir de la aprobación del nuevo sistema de financiación autonómica en 2001, el mecanismo experimentó una modificación relevante: el Fondo de Compensación Interterritorial pasó a dividirse en dos instrumentos diferenciados, denominados Fondo de Compensación y Fondo Complementario. El Pleno del Tribunal precisa que la fiscalización reciente abarca el uso y cumplimiento normativo de estos fondos en todas las regiones y ciudades autónomas donde no existe un órgano fiscalizador regional.

El órgano de control económico indica que la merma en la dotación anual de estos fondos se ha producido de forma gradual y continuada desde el año 2009, lo que se traduce en que las ayudas asignadas a territorios menos favorecidos han disminuido sensiblemente, debilitando el impacto redistributivo del instrumento. Según consignó el medio El País, el informe señala la importancia de mantener la finalidad original del fondo y alerta sobre la amenaza que supone el recorte en el contexto de la normativa constitucional que ampara la solidaridad interregional.

El Tribunal analiza en su informe el grado de cumplimiento de la regulación asociada a estos fondos y la forma en que se han destinado los recursos asignados. Según lo publicado por el Pleno del Tribunal de Cuentas, la fiscalización enfatiza que la escasa dotación actual limita la capacidad de orientar los fondos hacia el desarrollo regional y el equilibrio territorial, como requería el mandato originario.

Los datos presentados y analizados en el informe del órgano fiscalizador contribuyen al debate sobre la equidad en la financiación autonómica y la suficiencia de las políticas orientadas a cerrar las brechas socioeconómicas dentro del Estado español. El Tribunal de Cuentas subraya que la reducción en la dotación de los Fondos de Compensación Interterritorial implica que los territorios históricamente más necesitados disponen de menos recursos para promover el desarrollo económico y social.

Este tipo de análisis, desarrollado periódicamente por el Tribunal, constituye una referencia sobre el estado de la solidaridad territorial en España y la eficacia de los mecanismos estatales para cumplir con las obligaciones constitucionales en materia de redistribución.