Thierry Breton incluyó en su respuesta una referencia histórica al preguntarse públicamente si “vuelve a soplar el viento del Macartismo”, evocando el periodo de persecución a intelectuales y activistas de izquierda en la década de 1950 en Estados Unidos. Este mensaje se produjo tras el anuncio de la Administración de Donald Trump de imponer restricciones de visado tanto a Breton como a otros cuatro responsables de organizaciones europeas vinculadas a la defensa de derechos digitales y la lucha contra la desinformación. El gobierno español manifestó su rechazo a estas medidas, considerándolas un acto impropio entre aliados y socios, y resaltó la importancia de proteger la libertad de expresión y asegurar la seguridad del entorno digital europeo, según informó Europa Press.
De acuerdo con la información divulgada por Europa Press, el Ejecutivo español difundió un comunicado en el que expresó su solidaridad con el excomisario de Mercado Interior de la Unión Europea Thierry Breton y con los cuatro representantes de la sociedad civil afectados. El gobierno incluyó en su declaración un reconocimiento al trabajo realizado por estas organizaciones en la lucha contra la desinformación y el discurso de odio, al tiempo que subrayó que las medidas adoptadas por Estados Unidos constituyen un agravio en el marco de la cooperación transatlántica. En su mensaje, el ejecutivo señaló que “un espacio digital seguro, libre de contenidos ilícitos y desinformación, es un valor fundamental para la democracia en Europa y una responsabilidad de todos”. El comunicado añadió que la legislación europea, en particular el Reglamento de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), constituye el instrumento para garantizar la protección de los usuarios de internet y la integridad digital, estableciendo mecanismos de control y sanción para quienes incumplan sus disposiciones, consigna Europa Press.
La decisión de Estados Unidos se oficializó el martes, tras la declaración de la subsecretaria de Estado para Diplomacia Pública, Sarah Rogers. Según reportó Europa Press, Rogers señaló como motivo principal la acusación de que Breton, a través de la Ley de Servicios Digitales, intentó “coaccionar” a plataformas estadounidenses para censurar contenidos manifestados por ciudadanos de ese país. Rogers resaltó el papel de Breton como uno de los principales impulsores de la DSA, que entró en vigor el año anterior y regula la actuación de las grandes empresas tecnológicas ante la publicación de contenidos ilegales. Entre las circunstancias que motivaron la sanción mencionada, la funcionaria aludió a una carta enviada por Breton al propietario de una de estas plataformas, Elon Musk, la víspera de la entrevista entre Musk y el entonces candidato presidencial Donald Trump. Según la diplomática estadounidense, Breton recurrió a la DSA para “amenazar” a Musk mediante una advertencia sobre la apertura de procedimientos legales ante posibles infracciones relacionadas con la publicación de información ilícita o desinformación.
Los otros individuos afectados por las restricciones impuestas por la administración estadounidense fueron identificados como Imran Ahmed, al frente del Centro para la Lucha contra el Odio Digital; Clare Melford, representante del Índice Global de Desinformación; y Anna-Lena von Hodenberg y Josephine Ballon, pertenecientes a HateAid. Estas organizaciones, todas dedicadas al monitoreo de la información y a la promoción de entornos digitales responsables, fueron acusadas por el Departamento de Estado de impulsar acciones represivas de censura, que afectarían la expresión de ciudadanos estadounidenses a través de internet, según consignó Europa Press. La oficina diplomática estadounidense afirmó que la presencia de los cinco sancionados en el país podría suponer consecuencias graves para la política exterior de Estados Unidos, situación que motivó la prohibición de ingreso y la inclusión de los afectados en posibles procedimientos de deportación, conforme detalló Europa Press.
La respuesta del gobierno español, en ese contexto, insistió en que este tipo de medidas atentan contra la confianza y los lazos tradicionales de colaboración entre Europa y Estados Unidos. El Ejecutivo reiteró que la legislación digital europea no discrimina a las empresas ni a los usuarios por su nacionalidad y que busca imponer criterios generales para combatir la difusión de noticias falsas y proteger a la sociedad de los riesgos asociados a los delitos informáticos. El comunicado hizo referencia al valor democrático de la libertad de expresión en plataformas digitales, destacando que la preservación de este derecho no debería verse condicionada por intereses nacionales o corporativos.
El caso de las restricciones de visado se inscribe en las recientes tensiones surgidas por la implementación de normativas europeas sobre el control de datos y la moderación de contenidos en internet. La DSA, promovida por Thierry Breton durante su gestión como comisario europeo de Mercado Interior, representa uno de los principales instrumentos legales puestos en marcha por la Unión Europea con el objetivo de establecer reglas claras para grandes plataformas digitales. Entre sus disposiciones se contemplan sanciones para las empresas que no actúen frente a la publicación de contenidos ilegales o desinformativos, lo que ha generado debates sobre los límites de la regulación estatal en el espacio digital y las implicancias para la libertad de expresión y el comercio internacional.
En el plano internacional, la controversia generada por este episodio se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre las políticas de moderación de contenidos y el papel de los Estados en la regulación de las plataformas tecnológicas globales. Europa Press detalló que tanto las restricciones impuestas como la reacción del gobierno español forman parte de este debate abierto sobre la soberanía tecnológica, la protección de los derechos digitales y los desafíos para la cooperación internacional en materia de información y seguridad digital.
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