El Gobierno prorroga la suspensión de la causa de disolución por pérdidas vinculadas a la Covid

El Boletín Oficial del Estado (BOE) informó sobre una prórroga de diez años, a partir de 2026, para liquidar diversos préstamos concedidos por el Estado a la Seguridad Social por un monto total que supera los 9.000 millones de euros. Esta extensión de plazo incluye créditos específicos, entre ellos el préstamo otorgado en 1992 por 280.558.000.000 pesetas (1.686 millones de euros), el concedido en 1993 que ascendió a 345.000.000.000 pesetas (2.073,5 millones de euros) y otro adicional de 444.344.000.000 pesetas (2.670,5 millones de euros). El texto legal, recogido en el Real Decreto-ley que adopta medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte y de Seguridad Social, especifica que la cancelación de estos créditos podrá diferirse por una década a partir de 2026.

De acuerdo con el BOE publicado este miércoles, el Gobierno anunció que se extenderá hasta 2026 la suspensión de la causa de disolución por pérdidas relacionadas con la pandemia de Covid-19 para las empresas. Esta medida impide, hasta ese año, que se consideren, a efectos de disolución, los balances negativos sufridos por las compañías en 2020 y 2021, permitiendo así que estos resultados adversos puedan absorberse en un periodo considerado como "prudencial" por el Ejecutivo. El Gobierno remarcó que la prórroga constituye una continuidad de la disposición adoptada durante la emergencia sanitaria con el objetivo de evitar el cierre masivo de firmas afectadas por la crisis derivada del coronavirus.

Tal como señaló el BOE, la disposición adicional incorporada al decreto precisa que “para el ejercicio 2026 no se considerarán las pérdidas empresariales sufridas en los años 2020 y 2021 a los efectos de la causa de disolución”. El texto oficial subraya el carácter transitorio de esta medida y su finalidad orientada a que las compañías consideradas viables, pero impactadas por situaciones excepcionales y sobrevenidas como la pandemia, dispongan del plazo suficiente para corregir su situación financiera y continúen su actividad.

El documento difundido por el BOE también advierte que, si bien quedan excluidas del cómputo las pérdidas referidas a los ejercicios 2020 y 2021, sí se aplicarán los criterios habituales sobre disolución para los balances de 2022 en adelante. Es decir, si en cualquiera de los ejercicios comprendidos entre 2022 y 2026 el patrimonio neto de la empresa descendiera por debajo de la mitad del capital social debido a nuevas pérdidas, los administradores estarán obligados a convocar una Junta para decidir una posible disolución, salvo que se realice un ajuste suficiente de capital que evite esa situación.

El BOE recordó que esta medida, calificada como una de las más relevantes durante la gestión de la crisis sanitaria y económica por parte del Gobierno, originalmente buscaba otorgar tiempo adicional y flexibilidad financiera a las empresas gravemente afectadas por la abrupta caída de la actividad en 2020 y 2021. De este modo, las obligaciones legales que exigen la disolución societaria por pérdidas no impactarán de forma inmediata sobre negocios que hayan demostrado viabilidad estructural pero que experimentaron daños económicos por causas excepcionales derivadas de la emergencia Covid-19.

En cuanto a los créditos ampliados a la Seguridad Social, el BOE detalló que la extensión a diez años abarca los préstamos otorgados tras los Reales Decretos-leyes 6/1992 y posteriores, todos con vencimiento diferido desde 2026. Estas medidas se incluyen en un paquete más amplio adoptado por el Consejo de Ministros que contempla actuaciones urgentes en la esfera económica y de protección social, sosteniendo la solvencia y la estabilidad de uno de los principales sistemas de apoyo público. El monto total de los préstamos cuyos plazos resultan prorrogados supera, según especificó el BOE, los 9.000 millones de euros, evidenciando el esfuerzo por preservar la capacidad financiera de la Seguridad Social en un periodo marcado por la presión adicional que representaron los gastos sanitarios y de protección asociados a la pandemia.

Durante la publicación del citado decreto, el Gobierno insistió en que la finalidad de todas estas acciones es proteger el tejido productivo y garantizar la recuperación progresiva de empresas que mantienen perspectivas de continuidad a largo plazo, siempre que logren corregir el impacto de las pérdidas ocasionadas por acontecimientos extraordinarios. El BOE reiteró que, una vez finalizado el periodo de exclusión de los ejercicios 2020 y 2021, las compañías volverán a regirse por el régimen general de responsabilidad patrimonial, con obligación de responder por las pérdidas sufridas en ejercicios posteriores si estas afectan de forma significativa el balance y patrimonio social.

La información oficial apunta que las medidas adoptadas forman parte de la estrategia de apoyo a sectores impactados por la crisis sanitaria y buscan evitar los efectos adversos de retirar de forma prematura los mecanismos de auxilio establecidos durante la pandemia. A través de la disposición adicional incorporada en el marco normativo, el Ejecutivo trata de facilitar la adaptación paulatina de las empresas y los sistemas institucionales a la normalización de las reglas fiscales y patrimoniales tras el periodo más severo de emergencia económica.