Thierry Breton, quien ha desempeñado un papel clave en la legislación digital europea, figura entre los individuos a quienes Estados Unidos impedirá ingresar al país por decisión de la Administración de Donald Trump. La restricción de visado también alcanzará a otros cuatro dirigentes vinculados a organizaciones no gubernamentales europeas. Según informó el medio original, esta determinación se anuncia tras acusaciones de Washington sobre presiones ejercidas hacia compañías tecnológicas estadounidenses y supuestos intentos de limitar la expresión de opiniones contrarias desde el extranjero.
De acuerdo con la información difundida, la subsecretaria de Estado para Diplomacia Pública, Sarah Rogers, confirmó que la medida afecta directamente a Breton, excomisario de Mercado Interior de la Unión Europea y considerado uno de los autores principales de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés). Esta normativa, aprobada el año anterior, persigue frenar la difusión de contenidos ilegales en internet y establece sanciones para las empresas que no acaten sus directrices. Rogers explicó que la inclusión de Breton en la lista responde a sus intervenciones frente a empresas tecnológicas; en particular, a una carta enviada al propietario de la red social X, Elon Musk, en la que Breton recordaba los procedimientos legales en proceso por presuntos incumplimientos de la DSA en materia de lucha contra la desinformación y contenidos ilegales. Según detalló el medio, la misiva se publicó pocas horas antes de una entrevista en directo con Donald Trump, que entonces era candidato a la presidencia.
En el comunicado divulgado por Rogers en su cuenta de X, la funcionaria estadounidense argumentó que Breton "utilizó la DSA para amenazar" a Musk, al referirse de manera "ominosa" a los procedimientos legales en curso. Dicha intervención habría contribuido, desde la perspectiva de Washington, a presionar a las plataformas estadounidenses para censurar opiniones que contradecían la narrativa dominante, según reportó la fuente original.
Como respuesta al anuncio de las autoridades estadounidenses, Thierry Breton publicó un breve comentario en X cuestionando si "vuelve a soplar el viento del Macartismo", aludiendo a las campañas anticomunistas impulsadas por el senador Joseph McCarthy en la década de 1950. Además, Breton destacó que "el 90 por ciento del Parlamento Europeo - nuestro órgano elegido democráticamente - y los 27 Estados miembros votaron por unanimidad la DSA", y, dirigiéndose a sus "amigos estadounidenses", señaló que "la censura no está donde creéis".
El resto de las personas afectadas por la medida son Imran Ahmed, vinculado al Centro para la Lucha contra el Odio Digital; Clare Melford, del Índice Global de Desinformación; Anna-Lena von Hodenberg y Josephine Ballon, ambas de la organización HateAid. Todas las entidades mencionadas se dedican a actividades vinculadas a la regulación del contenido digital y la defensa ante fenómenos como la desinformación en línea y el odio digital.
El Departamento de Estado argumentó, según recogió el medio, que estas figuras y las ONG a las que pertenecen han promovido lo que describe como "medidas represivas de censura" desde ámbitos estatales externos. Sostiene, en este contexto, que la presencia de estos activistas y líderes de organizaciones en territorio estadounidense podría tener "consecuencias potencialmente graves" en el ámbito de la política exterior del país.
Todo ello se traduce, según el comunicado de la Administración Trump reproducido por la fuente original, en la prohibición de entrada a territorio estadounidense para los cinco individuos mencionados. Asimismo, el Departamento de Estado indicó que están sujetos a "procedimientos de deportación" que dependen del Departamento de Seguridad Nacional.
En la explicación oficial, la actual política exterior de Estados Unidos bajo la línea "América Primero" rechaza de forma tajante lo que denomina "violaciones a la soberanía estadounidense". Según publicó el medio, la postura gubernamental sustenta que "la extralimitación extraterritorial de censores extranjeros que atacan la libertad de expresión estadounidense no es una excepción". El argumento central remite a la protección de la libre expresión y a la defensa de los intereses nacionales frente a presuntas injerencias externas que, desde el punto de vista de Washington, inciden en el debate interno estadounidense.
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