El ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, Germán Ávila, descartó la instauración de un gravamen conocido como 5x1.000 sobre las transacciones financieras. En declaraciones a W Radio, según reportó el medio, Ávila precisó que la pauta actual del Gobierno se orienta a instaurar una tributación progresiva sobre los patrimonios más elevados del país. La medida forma parte del decreto de emergencia económica promulgado por el Ejecutivo tras el rechazo legislativo a la Ley de Financiamiento. De acuerdo con declaraciones recogidas por El País, el Gobierno espera que esta herramienta legal permita asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales sin recurrir a mayores niveles de endeudamiento.
El medio El País detalló que la administración de Gustavo Petro busca incrementar los recursos públicos por medio de un esquema tributario dirigido a grandes patrimonios. Así, quienes declaren patrimonios entre 3.600 y 6.000 millones de pesos estarán sometidos a una tasa del 1%. Los patrimonios entre 6.000 y 12.000 millones deberán tributar al 2%. En el segmento que va de 12.000 a 100.000 millones se aplicará una tarifa del 3%, y quienes superen los 100.000 millones tendrán una tasa del 5%. Germán Ávila argumentó que esta vía de captación resultaría más apropiada que la alternativa de incrementar la deuda pública, según lo citado en la entrevista por el mismo medio.
Según publicó El País, el decreto de emergencia económica representa un instrumento legal habitualmente reservado para situaciones de desastres naturales críticos. En esta ocasión, el Ejecutivo lo utiliza para abordar el déficit fiscal resultante del fracaso legislativo, habilitando al Gobierno nacional para emitir normas con fuerza de ley durante un periodo de 30 días. Entre las facultades que contempla este contexto se encuentra la posibilidad de crear nuevos gravámenes para garantizar el flujo de ingresos.
El Gobierno colombiano estima recaudar 16,3 billones de pesos, equivalentes a 3.676 millones de euros, como reportó El País, mediante el paquete de medidas asociadas a la emergencia económica. Estos fondos buscarán cubrir el agujero fiscal y asegurar que el presupuesto nacional para 2026 cuente con respaldo financiero. Desde el Ministerio de Hacienda, se resaltó que estas disposiciones se plantean como temporales y orientadas a contener el impacto de la falta de una reforma estructural aprobada por el Congreso.
Con la emisión del Decreto 1390, el Ejecutivo queda facultado de manera excepcional durante un mes para tomar medidas que, bajo circunstancias ordinarias, requerirían la aprobación del Poder Legislativo. La implementación de una tributación progresiva directa sobre los patrimonios más altos contrasta con la imposición de tasas generalizadas sobre las operaciones financieras, lo cual, según la postura gubernamental expuesta por Ávila y destacada por El País, permite preservar la sostenibilidad de las cuentas públicas sin imponer cargas transversales a la economía en su conjunto.
El debate sobre la sostenibilidad fiscal se intensificó tras la caída de la Ley de Financiamiento a principios de diciembre, episodio que dejó sin marco legal la obtención de recursos fiscales previstos previamente. Como informó El País, la respuesta de la presidencia consistió en la declaración de emergencia económica como único camino para evitar el desfinanciamiento de las obligaciones estatales durante el próximo ciclo presupuestario. El despliegue de la tributación progresiva se inserta en esta estrategia, orientada a asegurar el flujo de ingresos mientras se exploran opciones para un eventual acuerdo legislativo sobre la reforma fiscal.
El País mencionó que el Ejecutivo sopesó otros instrumentos tributarios antes de decidirse por este modelo, pero resolvió no recurrir al impuesto sobre transacciones financieras ante el impacto social y económico que podría generar. El enfoque adoptado recae sobre los mayores contribuyentes, a quienes se atribuye la mayor capacidad para soportar la carga adicional requerida.
Finalmente, el medio recordó que la aplicación de decretos de emergencia en Colombia requiere el cumplimiento de un proceso regulatorio y parlamentario específico, aunque en este escenario se habilitó el procedimiento rápido estipulado por la Constitución ante situaciones de urgencia. La entrada en vigor del Decreto 1390 marca el inicio de un periodo crítico para las finanzas públicas nacionales, con expectativas centradas en la capacidad recaudatoria de las nuevas medidas y su aceptación entre los sectores afectados.
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