El Senado lleva al Gobierno ante el Constitucional por no presentar los Presupuestos

El Partido Popular argumentó que la ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado actualizados no puede vincularse a causas justificadas, destacando la falta de acuerdo con otras fuerzas parlamentarias como único motivo aparente. Según publicó Europa Press, el Senado ha formalizado ante el Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones contra el Gobierno por no presentar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado correspondiente al ejercicio 2026, lo que representa, a juicio del órgano presidido por mayoría popular, un incumplimiento de la obligación constitucional de remitir las cuentas públicas.

El conflicto fue impulsado por el PP y aprobado hace dos meses gracias a su mayoría en el Pleno de la Cámara Alta, con el propósito de que el Ministerio de Hacienda remita lo antes posible el correspondiente proyecto de cuentas para el presente año. De acuerdo con el procedimiento, tras la aprobación del conflicto de atribuciones, el Senado lo adoptó como propio y notificó formalmente al Gobierno. A partir de ese momento, el Ejecutivo disponía de un mes para responder, aunque también podía optar por no contestar y considerar el asunto finalizado. No habiéndose presentado los Presupuestos ni emitido respuesta suficiente, el Senado resolvió elevar la cuestión ante el Tribunal Constitucional, especificó Europa Press.

En el texto elevado, el PP sostiene que el Senado no debe consentir el incumplimiento de la norma constitucional, que obliga al Ejecutivo a presentar los Presupuestos. Además, advierte que esta práctica, junto con la modificación de partidas presupuestarias sin la intervención del Parlamento, vulnera el principio de legalidad presupuestaria, según recogió Europa Press.

El documento también compara la situación actual, de prórroga de los Presupuestos aprobados en 2023, con lo ocurrido en 2020, cuando se mantuvieron prorrogadas las cuentas correspondientes a 2018 por la crisis derivada de la pandemia de COVID-19. Según el grupo popular, ninguna circunstancia actual justificaría que el Ejecutivo no presente los presupuestos, salvo la imposibilidad de alcanzar apoyos suficientes en la mayoría parlamentaria. Subraya, asimismo, que “los motivos políticos no pueden ser esgrimidos para justificar la omisión del cumplimiento por parte del Gobierno de obligaciones constitucionales”, según consta en el escrito difundido por el Senado y recogido por Europa Press.

De acuerdo con la información aportada por el citado medio, el Senado solicita al Tribunal Constitucional una declaración formal de que el Gobierno ha vulnerado la atribución constitucional de la Cámara Alta de participar y modificar los Presupuestos Generales del Estado, así como controlar la acción del Ejecutivo. El Senado solicita también que el alto tribunal declare la inconstitucionalidad y nulidad de las prórrogas de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, concretamente las que derivaron en la extensión de los Presupuestos de 2023 durante los años 2024, 2025 y, previsiblemente, 2026.

El recurso presentado incluye la petición de que el Tribunal Constitucional resuelva sobre todas las situaciones jurídicas producidas como consecuencia de este conflicto competencial y, además, establezca un plazo concreto para que el Gobierno cumpla la obligación de presentar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, tal como figura en la Constitución. Según reportó Europa Press, la iniciativa pretende que el máximo intérprete de la Constitución ponga límite a lo que el grupo mayoritario en el Senado considera un “abuso” de la prórroga presupuestaria y una vulneración de la función constitucional de control y aprobación de los presupuestos por parte del Parlamento.

El procedimiento de conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales, en este caso entre el Senado y el Gobierno, implica que debe ser el Tribunal Constitucional quien determine si existió la vulneración alegada sobre las competencias del Senado. En caso de estimarse el recurso, el Ejecutivo vería anuladas las prórrogas presupuestarias recientemente adoptadas y podría ser requerido para presentar de manera urgente un nuevo proyecto presupuestario.

Desde la óptica de los impulsores de la iniciativa, reseñó Europa Press, el abuso de la prórroga presupuestaria comporta el riesgo de relegar al Parlamento a un papel secundario en materia de control y aprobación de las cuentas del Estado, modificando partidas y gestionando recursos sin el aval directo de las Cortes Generales. Además, la constitucionalidad de las acciones ejecutivas quedaría en entredicho durante la vigencia de las extensiones presupuestarias si el Tribunal Constitucional dicta la nulidad y retrotrae los efectos de los actos administrativos relacionados.

El Senado, en base a esta disputa, plantea la necesidad de salvaguardar el equilibrio entre poderes del Estado y garantizar que las atribuciones constitucionales del órgano legislativo se mantengan en pleno ejercicio, incluso en circunstancias de inestabilidad política o falta de acuerdos. Según Europa Press, este caso podría sentar un precedente relevante para futuras situaciones en que el Gobierno evite la presentación de los presupuestos en tiempo y forma o recurra sistemáticamente a la prórroga como solución a bloqueos parlamentarios.

El proceso judicial en el Tribunal Constitucional inicia así su curso a instancia del Senado, con la expectativa de que se resuelva el conflicto sobre la interpretación y aplicación de las competencias presupuestarias, tanto en lo que respecta a la presentación de las cuentas como a las condiciones de la prórroga y los márgenes de acción del Ejecutivo frente al control parlamentario.