Un tribunal condena a once militares a 34 años de cárcel por la desaparición de cuatro niños en Guayaquil (Ecuador)

El tribunal dictó que los militares deberán ofrecer disculpas públicas y organizar una ceremonia con una placa conmemorativa en la base de Taura como parte de las medidas de reparación ordenadas por la justicia. Según Europa Press, esta decisión también requiere el pago de una indemnización de 10.000 dólares a favor de cada una de las víctimas, suma que los condenados deberán abonar individualmente. Estas determinaciones acompañan las penas privativas de libertad y buscan dar respuesta a las demandas de los familiares y de organismos de derechos humanos ante los hechos ocurridos en Guayaquil, que generaron una intensa repercusión pública.

De acuerdo con el reporte de Europa Press, el Tribunal de Garantías Penales de Guayas impuso condenas de 34 años y ocho meses de prisión a once miembros del Ejército ecuatoriano por la desaparición forzada de cuatro adolescentes en el barrio Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, durante la noche del 8 de diciembre de 2024. Las víctimas, con edades entre once y quince años, fueron interceptadas por una patrulla que actuaba tras recibir una alerta de robo. Posteriormente, la patrulla trasladó a los menores hasta la parroquia de Taura, en Naranjal, donde días después se encontraron sus cuerpos calcinados, cerca de una base militar.

El fallo judicial menciona que, además de los once militares sentenciados a las penas más severas, otros cinco recibieron condenas de 30 meses de prisión por su colaboración en el proceso. Estas penas más bajas fueron resultado de acuerdos con la acusación, conforme reconoció el propio tribunal y replicó Europa Press en su información. De los procesados, únicamente un teniente coronel fue absuelto. El caso involucra tanto a quienes participaron directamente en las detenciones y traslados, identificados durante el juicio por testimonios de coimputados, como a quienes facilitaron información y pruebas a la Fiscalía.

Europa Press señaló que los testimonios de los padres de las víctimas ocuparon un lugar central durante el proceso judicial. Relataron la ausencia de respuesta de parte de las autoridades mientras buscaban información sobre sus hijos y sostuvieron que existió una detención irregular a manos de la patrulla militar. El juez destacó que los adolescentes terminaron abandonados en un sector identificado como peligroso y apartado, lo cual añadió gravedad a los hechos.

El proceso judicial, ampliamente cubierto por medios nacionales e internacionales, se extendió durante seis semanas. La sentencia consignó que los testimonios aportados por los propios militares que colaboraron con la acusación resultaron determinantes, detalló Europa Press. Estas declaraciones permitieron reconstruir la secuencia de lo ocurrido y esclarecer acciones y circunstancias vinculadas con golpes y vejaciones sufridos por los adolescentes. El tribunal resaltó que la credibilidad de estos testimonios estuvo apoyada en la especificidad de los detalles relatados, que solo podrían haber estado al alcance de testigos presenciales.

Una parte del contexto de este caso estuvo marcada por la declaración de un estado de conflicto armado interno, emitida en enero de 2024 por el presidente Daniel Noboa. Según informó Europa Press, esta medida buscó fortalecer la lucha contra el crimen organizado y derivó en un aumento de la presencia militar en zonas civiles. Este contexto contribuyó a situar el caso de ‘Las Malvinas’ dentro de un debate más amplio sobre la institucionalidad, la militarización de la seguridad y la protección de los derechos fundamentales.

Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos exigieron esclarecimiento e identificación de responsabilidades ante las denuncias de abuso de poder y la falta de respuesta frente a las desapariciones. La resolución judicial con penas históricas respondió tanto a los reclamos sociales como a la presión mediática que acompañó el caso desde sus comienzos, detalló Europa Press. La cobertura de los hechos y el seguimiento de las audiencias pusieron en evidencia la persistencia de preocupaciones en torno a la actuación de cuerpos militares en operativos de seguridad interna.

De acuerdo con las pruebas presentadas durante el juicio, la Fiscalía y los peritos reconstruyeron la ruta seguida por los jóvenes la noche de los hechos, apoyándose en testimonios de personal militar y en la colaboración de cinco uniformados que aceptaron integrarse a la acusación. Europa Press indicó que estos elementos resultaron claves para establecer los grados de responsabilidad de cada procesado y para precisar las acciones individuales al momento de las detenciones y el traslado posterior a la base de Taura.

La opinión pública ecuatoriana manifestó adhesión al proceso y atención a su desarrollo, ya que, según recogió Europa Press, la causa se ubicó en el centro del debate nacional sobre la función de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública y la garantía de derechos ante situaciones excepcionales. Los familiares de las víctimas y colectivos ciudadanos demandaron transparencia y acciones de reparación frente a los hechos, insistiendo en que el caso debía marcar un precedente sobre la protección de menores y el castigo a prácticas que vulneran los derechos humanos.

La conducta del jefe de la patrulla encausada y de los militares con penas más altas se estableció, según los propios coimputados, como determinante en la comisión y ocultamiento de los hechos. Europa Press detalló que la sentencia constituye una de las más duras dictadas contra uniformados ecuatorianos en el marco de operaciones de seguridad con intervención militar, en medio del actual estado de excepción. La resolución judicial enfatizó la obligación de reparación a las víctimas y la responsabilidad institucional ante el uso ilegítimo de la fuerza.

Las medidas de reparación complementan la privación de libertad de los condenados, y el fallo del tribunal fue interpretado por la prensa, citada por Europa Press, como un hito en la justicia ecuatoriana. El caso de ‘Las Malvinas’ sigue siendo objeto de seguimiento y análisis en espacios ciudadanos y en organismos vinculados a la defensa de los derechos humanos, en un contexto donde persisten el debate sobre la militarización y el escrutinio a los procedimientos estatales frente a denuncias de abuso.