
Las autoridades de Israel han demolido este lunes un edificio residencial de cuatro plantas en el barrio de Silwan, situado en Jerusalén Este, al sur de la Explanada de las Mezquitas, argumentando que había sido levantado sin permiso, una acción que ha provocado el desplazamiento de unas cien personas y ha desatado críticas desde la Autoridad Palestina y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).
La oficina del gobernador palestino de Jerusalén ha condenado la demolición y ha señalado que se trata de "un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad" que "se enmarca en una política sistemática destinada a desplazar a la fuerza a ciudadanos palestinos y vaciar Jerusalén de sus habitantes originarios". "Es parte de un plan de judaización y colonización diseñado a cortar la ciudad de sus alrededores palestinos e imponer a la fuerza nuevas realidades demográficas", ha apuntado.
Así, ha destacado que "las autoridades de ocupación usan pretextos débiles y recurrentes, principalmente la falta de permisos de construcción, pese a que imponen vastas restricciones a la entrega de estos permisos a los palestinos, lo que supone una violación flagrante del Derecho Internacional y las Convenciones de Ginebra".
"Cualquier operación de demolición que derive en la expulsión de residentes de sus hogares constituye un plan claro de la ocupación para reemplazar a propietarios con colonos", ha alertado, antes de reseñar que el Gobierno de Israel, con su primer ministro, Benjamin Netanyahu, a la cabeza es "total y directamente responsable de este crimen y de sus repercusiones humanitarias, económicas y sociales".
En esta línea, ha cargado contra la comunidad internacional por "su silencio e inacción" ante estas actividades de las autoridades israelíes y ha hecho hincapié en que "la mera emisión de declaraciones superficiales de condena constituye una auténtica complicidad con la ocupación, que ignora las reacciones internacionales y continúa sus crímenes con impunidad".
La oficina del gobernador de Jerusalén ha resaltado además en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que "la maquinaria de la ocupación ha llevado a cabo alrededor de 370 operaciones de demolición y destrucción desde principios de este año en toda la gobernación (de Jerusalén Este)".
Por su parte, Abdulrahman Shadid, alto cargo del brazo político de Hamás, ha denunciado que esta demolición supone "un crimen" y "la mayor operación de demolición y desplazamiento en masa contra la presencia palestina en Jerusalén". "Es un acto criminal que equivale a un crimen de guerra y contra la humanidad", ha explicado, según un comunicado publicado por el grupo en su página web.
Shadid ha esgrimido que lo sucedido en Silwan "hace saltar las alarmas sobre planes más amplios preparados para Jerusalén, en el marco de la política sistemática de la ocupación para vaciar Jerusalén de sus habitantes e imponer por la fuerza nuevas realidades demográficas a través de la demolición de viviendas, el endurecimiento del cerco y el corte de las conexiones entre los barrios de Jerusalén".
"Es parte de proyectos de asentamiento y judaización destinados a tomar el control total de la ciudad", ha señalado, al tiempo que ha criticado que esta medida ha dejado sin hogar a trece familias, "para un total de unas cien personas, la mayoría de las cuales son niños y mujeres". "Es un ataque a la dignidad humana, un incremento de la política de castigo colectivo y una expansión de la guerra de exterminio y desplazamiento lanzada por la ocupación contra Gaza", ha puntualizado.
Por último, ha incidido en que "la brutalidad y los crímenes de la ocupación no intimidarán a los palestinos en Jerusalén" y ha advertido del "peligro" que supone "el continuado silencio internacional frente a estos crímenes". "La comunidad internacional, Naciones Unidas y sus instituciones legales y de Derechos Humanos son totalmente responsables de su fracaso a la hora de contener a la ocupación", ha apostillado.
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