Hospitalizados dos de los activistas de Palestine Action en huelga de hambre en Reino Unido

El agravamiento en la salud de varias personas que protestan en cárceles del Reino Unido llevó a que colectivos humanitarios y parientes de las personas detenidas exijan el acceso a revisiones médicas externas y mayor transparencia de las autoridades penitenciarias. Según Al Yazira, la hospitalización de Amy Gardiner-Gibson y Qesser Zuhrah, miembros de Palestine Action en huelga de hambre por más de 50 días, evidenció el deterioro físico que atraviesan quienes emplean esta medida de protesta dentro de las prisiones británicas, tras el reciente endurecimiento de los controles estatales sobre la organización luego de su proscripción por parte del gobierno.

Al Yazira informó que los hospitalizados forman parte de un grupo de nueve manifestantes que mantienen ayunos prolongados en distintos establecimientos penitenciarios del país. En el caso de Gardiner-Gibson y Zuhrah, solo el agravamiento de su cuadro obligó a su traslado a un centro sanitario. A esta situación se suma la de Kamran Ahmed, quien también recibió atención médica tras superar seis semanas sin ingerir alimentos, mientras se encontraba en la prisión de Pentonville. Diversos colectivos, como Prisioneros por Palestina y organizaciones de derechos humanos, confirmaron el recrudecimiento del estado de salud de estos manifestantes y advirtieron sobre la falta de acceso a visitas regulares, restricciones en la comunicación con el exterior y carencia de información oficial, lo que aumenta los riesgos para quienes adoptan la huelga de hambre como método de presión.

En los últimos días, las familias y los colectivos de apoyo intensificaron sus acciones ante las autoridades, reclamando atención médica independiente, publicaciones periódicas sobre el estado físico de las personas en huelga y protocolos diferenciales de tratamiento para manifestantes políticos. Los familiares de Gardiner-Gibson señalaron que apenas el creciente deterioro de su salud desencadenó su hospitalización, y cuestionaron que las autoridades hayan negado hasta ahora la realización de monitoreo médico independiente. También insistieron en la necesidad de ampliar los derechos de visita y revisar los procedimientos judiciales impuestos a los activistas. Según consignó Al Yazira, tanto familiares como agrupaciones civiles denunciaron que instituciones penitenciarias ofrecen poca información y aplican restricciones severas a quienes protestan por motivos políticos.

La declaración de Palestine Action como organización ilegal, realizada el 5 de julio de acuerdo con The Daily Telegraph, fue dispuesta por la ministra británica del Interior, Yvette Cooper, al amparo de la Ley Antiterrorista de 2000. Esta decisión impulsó acciones legales encabezadas por Huda Ammori, cofundadora del colectivo, y generó un debate nacional e internacional por la utilización de herramientas jurídicas de excepción para sancionar expresiones de protesta política. Según reportó The Daily Telegraph, varios de los detenidos continúan en prisión preventiva por acciones en protestas dirigidas contra fábricas asociadas a la industria armamentística y su vínculo con Israel.

El gobierno británico mantiene la postura de aplicar los mismos protocolos penitenciarios para toda la población carcelaria, sin realizar diferenciaciones por el componente político de las imputaciones, según declaraciones recogidas por The Daily Telegraph. Las autoridades rechazaron tanto la posibilidad de adaptar los procedimientos ante casos de protestas como las huelgas de hambre, como de permitir el ingreso de representantes legales adicionales propuestos por los manifestantes. Estas medidas provocaron el incremento de los cuestionamientos por parte de organizaciones de derechos humanos y la intensificación de los reclamos para revisar la estrategia estatal adoptada en relación al uso de la legislación antiterrorista frente a manifestaciones políticas.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, manifestó —en palabras citadas por The Daily Telegraph— una “preocupación significativa” por el uso de la Ley Antiterrorista de 2000 para tratar con protestas políticas, e instó a una revisión rápida de la prohibición que afecta a Palestine Action. De acuerdo con Al Yazira, este pronunciamiento reforzó la presión internacional y suscitó que la vigilancia sobre la situación se volviera más intensa en organismos multilaterales, medios de comunicación y agrupaciones sociales.

El malestar de los sectores críticos y de las familias llevó a la presentación de peticiones formales ante autoridades penitenciarias y la realización de acciones públicas frente a cárceles británicas, buscando que se garanticen controles de salud regulares, la intervención de personal médico externo y la actualización constante sobre el estado de los huelguistas. Además, Al Yazira indicó que los reclamos abarcan la solicitud de concesión de libertad bajo fianza para quienes permanecen detenidos y la anulación de la restricción legal contra Palestine Action. Dentro del debate mediático, se destacó la comparación de la situación actual con la huelga de hambre protagonizada en 1981 por internos del Ejército Republicano Irlandés, una analogía repetida tanto por Al Yazira como por The Daily Telegraph, en alusión al impacto social de aquel precedente y la vigencia de la demanda de supervisión sanitaria independiente para presos en protesta.

La intensificación de los controles y la aplicación de políticas más rígidas tras la ilegitimación de Palestine Action motivaron a especialistas y agrupaciones de derechos humanos a advertir sobre una tendencia a criminalizar las expresiones de disenso político mediante legislación de corte antiterrorista. Estas organizaciones reiteraron la importancia de desarrollar mecanismos específicos de protección para las personas privadas de la libertad que optan por la huelga de hambre en contextos de protesta política.

Pese al aumento de la presión social e internacional, la administración británica sigue sin introducir cambios en la normativa aplicable a estos casos y mantiene el rechazo a incorporar la dimensión política de las demandas en sus directrices penitenciarias. Mientras tanto, la gestión sobre la salud y condiciones de los huelguistas permanece bajo el seguimiento de agrupaciones civiles, agencias internacionales y medios de prensa que insisten en la necesidad de monitorear tanto el estado físico de los prisioneros como la reacción gubernamental ante la crisis derivada de esta protesta y su tratamiento jurídico.