España condena la decisión de Israel de aprobar nuevos asentamientos en Cisjordania

La declaración del ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, sobre el regreso de los asentamientos de Ganim y Kadim al “mapa de asentamientos” tras dos décadas, reactivó el debate internacional sobre la expansión israelí en Cisjordania. Con estas palabras, difundidas por diversos medios, Smotrich celebró la aprobación oficial otorgada por el Consejo de Ministros israelí, acción realizada en conjunto por él y el ministro de Exteriores, Israel Katz. Esta medida fue respondida con una condena pública por parte del Gobierno de España, según informó el medio El País.

España manifestó su rechazo ante la decisión de Israel de aprobar diecinueve nuevos asentamientos en el norte de Cisjordania. De acuerdo con información difundida por El País, el Ejecutivo español calificó esta acción de violación del Derecho Internacional y pidió su revocación de manera urgente y en los términos más enérgicos. El Ministerio de Exteriores español expresó que la expansión de estos asentamientos resulta ilegal bajo las normas internacionales, reiterando su postura constante ante estas políticas en territorios ocupados.

Entre las localidades afectadas se encuentran Ganim y Kadim, situadas al oeste de la ciudad palestina de Yenín. Estas áreas experimentaron desalojos de sus residentes en 2005, cuando el Ejército israelí desmanteló la sinagoga y retiró sus fuerzas como parte del plan de salida de Israel de la Franja de Gaza. El anuncio sobre la reincorporación de estos lugares al esquema de asentamientos oficiales fue resaltado por Smotrich como una “corrección de una injusticia”, en referencia a la decisión tomada hace casi veinte años.

En el comunicado emitido, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España reafirmó su rechazo a cualquier iniciativa que obstaculice la implementación de la solución de dos Estados, definida por el Gobierno español como el único camino posible hacia una paz duradera en la región. De acuerdo con El País, la diplomacia española indicó que la política actual de expansión, junto con las operaciones militares y la impunidad en los actos de violencia protagonizados por colonos contra la población palestina y sus recursos, contribuye al empeoramiento de la seguridad y la estabilidad regional, señalando que estos factores representan claros obstáculos para la paz y la prosperidad.

La preocupación del Gobierno español se centró también en la escalada de violencia en Cisjordania y en las consecuencias directas sobre la población civil palestina. Según reportó El País, la situación actual incluye actos violentos realizados por colonos, a menudo facilitados por condiciones de impunidad, y percibidos como parte de una política gubernamental que agrava la tensión y entorpece cualquier avance negociador.

Además de la reacción española, la Liga Árabe se sumó a las condenas, describiendo la decisión israelí como un “desafío flagrante a la voluntad internacional” y reiterando que dicha acción representa una transgresión de las normas establecidas por el Derecho Internacional, según consignó el medio El País.

La decisión del Ejecutivo israelí ha provocado pronunciamientos desde diversos ámbitos internacionales, todos centrados en la preocupación por el aumento de asentamientos y la consiguiente desestabilización en una zona donde los episodios de violencia y la alteración demográfica y territorial dificultan los avances hacia una solución política. La expansión de asentamientos ha sido identificada en reiteradas ocasiones por autoridades españolas y organismos multilaterales como un impedimento serio a la construcción de una paz sostenida y a la viabilidad de dos Estados coexistiendo en condiciones de seguridad y reconocimiento mutuo.

Por todo lo anterior, el Gobierno de España insistió en la revocación inmediata de la decisión, argumentando que cualquier paso en sentido contrario refuerza dinámicas negativas, aleja perspectivas de resolución e incrementa la vulnerabilidad de la población palestina. A la vez, pidió a la comunidad internacional y a todas las partes implicadas que mantengan su compromiso con las vías diplomáticas y el reconocimiento de soluciones basadas en el Derecho Internacional, de acuerdo con los términos reiterados por el Ministerio de Exteriores y según detalló El País.