El Gobierno aprobará previsiblemente mañana los criterios para la prórroga de los Presupuestos de 2023

El Gobierno ha establecido el llamado ‘techo de gasto’ del Presupuesto del Estado para 2026 en 216.177 millones de euros, una cifra sin precedentes, al tiempo que definió la senda de déficit y deuda pública para los próximos años. Mientras tanto, el Ejecutivo se prepara para aprobar las directrices que regirán la prórroga de las cuentas públicas de 2023, actualmente en vigor ante la ausencia de nuevos presupuestos para 2024 y 2025. Según detalló el medio, la aprobación de estos nuevos criterios se realizará presumiblemente en el último Consejo de Ministros del año.

De acuerdo con la información publicada por el medio, el Gobierno tiene previsto dar luz verde mañana a los criterios que permitirán la prórroga automática de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023. Así lo contempla el artículo 134.4 de la Constitución Española, que establece que si la Ley de Presupuestos no se aprueba antes del inicio del ejercicio económico, los presupuestos del año anterior seguirán en vigor hasta que se aprueben unos nuevos. La aprobación de los criterios específicos para esa prórroga se produce como un trámite habitual en el último Consejo de Ministros del año, detalló la fuente.

El mecanismo de prórroga de los presupuestos se ha activado en diversas ocasiones durante la democracia, detalló el mismo medio. Tras la prevista aprobación de mañana, se trata de la undécima vez que se aplican cuentas prorrogadas, después de experiencias similares en los ejercicios de 1978, 1982, 1995, 2011, 2016, 2017 y en dos ocasiones durante 2018, sumándose ahora una tercera prórroga de los presupuestos de 2023.

La prórroga automática tendrá efecto el 1 de enero, manteniendo vigentes las cuentas del Estado mientras que el Ejecutivo de Pedro Sánchez prepara y busca apoyos parlamentarios suficientes para impulsar un nuevo proyecto que rija las cuentas públicas de 2026. El medio consignó que este proceso parlamentario se desarrollará durante la primera parte del próximo año, aunque su éxito depende del respaldo en el Congreso, especialmente tras la ruptura definitiva anunciada por Junts y el consiguiente aumento de la fragmentación política.

A pesar de este escenario de complejidad parlamentaria, el Gobierno ya ha definido la senda fiscal a medio plazo. Tras el rechazo por parte del Congreso a la senda de déficit diseñada por el Ejecutivo, entrará en vigor la contenida en el plan fiscal remitido previamente a Bruselas. Esta senda deja un margen de gasto más ajustado para las comunidades autónomas y otorga mayor flexibilidad a la Administración Central, una decisión detallada por el mismo medio.

En lo relativo al déficit de las administraciones públicas, el plan contempla una reducción progresiva: del 2,1% del PIB en 2026 hasta el 1,8% en 2027 y el 1,6% en 2028. En materia de deuda pública, los objetivos fijados sitúan el endeudamiento en el 100,9% del PIB para 2026, con una disminución paulatina al 100% en 2027 y al 99,1% en 2028, según reportó el medio.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha declarado que los futuros presupuestos para 2026 responderán a la premisa de ser “expansivos y responsables”, afirmación recogida por la fuente. Además, Montero manifestó que se encuentra trabajando para que el nuevo plan presupuestario sea asumido como una necesidad por la mayoría de los grupos políticos, trasladando así su importancia a los hogares españoles.

El proceso para sacar adelante las nuevas cuentas públicas implicará negociaciones complejas en las Cortes Generales, una tarea que se prevé especialmente desafiante debido a la fragmentación actual del arco parlamentario. El Ejecutivo buscará recabar los apoyos necesarios para lograr la aprobación de unos presupuestos que, según las declaraciones de Montero recogidas por el medio, aspiran a equilibrar el impulso a la economía y la contención del déficit, adecuándose además a los compromisos asumidos en el ámbito europeo.

Por su parte, las comunidades autónomas enfrentarán menores márgenes para el gasto durante el periodo de prórroga, en línea con la senda fiscal estructural validada por Bruselas. La Administración Central, en cambio, contará con mayor capacidad de gestión presupuestaria, en un contexto marcado por las limitaciones impuestas por la falta de nuevas cuentas aprobadas y la urgencia de actualizar los recursos públicos conforme a las necesidades económicas y sociales.

La aprobación de los criterios de prórroga y el establecimiento del ‘techo de gasto’ marcan el inicio de un ciclo fiscal en el que la búsqueda de consensos parlamentarios y la adaptación a los compromisos de estabilidad serán ejes centrales para el Gobierno, según informó el medio digital. Todo ello, mientras la economía española afronta los retos derivados de la ausencia de presupuestos nuevos y la necesidad de responder a los cambios en el entorno financiero y político.