
El tribunal encargado de casos de terrorismo en Túnez pronunció una condena en rebeldía contra Mondher Zenaidi, exministro y figura política del periodo de Zine el Abidine ben Ali, imponiéndole una pena de 19 años de prisión tras evaluar que había impulsado acciones consideradas delictivas bajo la legislación antiterrorista. Este fallo, dictado en ausencia del acusado, se encuadra en un escenario marcado por denuncias continuas sobre el uso de normas de excepción para perseguir a rivales políticos y restringir la oposición, una tendencia que, según publicó Mosaique FM, ha ido en aumento desde 2021 bajo el mandato del presidente Kais Saied.
De acuerdo con información difundida por Mosaique FM y recogida por varios medios internacionales, la Cámara Penal Especializada en Casos de Terrorismo atribuyó a Zenaidi la coordinación de llamados a un levantamiento contra el gobierno, la tentativa de formar una agrupación con fines catalogados como terroristas, así como conspiración contra la seguridad estatal y el intento de modificar el sistema institucional de Túnez. La decisión de la corte agregó presión sobre el clima político y judicial del país, caracterizado desde hace más de dos años por la centralización del poder tras las acciones del presidente Saied, quien en 2021 cesó al primer ministro, disolvió el Parlamento y asumió para sí la totalidad de las funciones ejecutivas y legislativas.
Mondher Zenaidi posee una larga trayectoria política que se remonta al régimen de Ben Ali. Según detalló Mosaique FM, fue ministro de Transportes entre 1994 y 1996, de Comercio de 1996 a 2001, de Turismo de 2001 a 2006, nuevamente de Comercio durante 2002 a 2007, y finalmente de Sanidad hasta 2011, cuando la ‘Revolución de los Jazmines’ forzó la salida de Ben Ali y dio inicio a la llamada ‘Primavera Árabe’. Desde entonces, Zenaidi permaneció vinculado a la vida política tunecina y, para los comicios presidenciales de 2024, presentó su candidatura. Sin embargo, la Alta Autoridad Independiente para las Elecciones decidió excluirlo del proceso electoral, medida que fue adoptada pese a que el Tribunal Administrativo resolvió previamente en favor de su postulación mediante fallo considerado definitivo. El medio Mosaique FM subrayó que esta exclusión generó protestas y críticas acerca de la transparencia y la autonomía del ente electoral frente al gobierno.
Las organizaciones de derechos humanos y numerosas ONG han manifestado su preocupación debido a que las leyes antiterroristas se estarían utilizando de forma recurrente para sancionar voces críticas y opositoras desde que Saied concentra el control estatal. Estas agrupaciones argumentan que el procesamiento de dirigentes y exfuncionarios mediante cargos de terrorismo contribuye a reducir la pluralidad política y limita los espacios de participación. El uso intensivo de normativas de excepción, la restricción del derecho de apelación y la disminución de las garantías procesales en casos contra opositores figuran entre las principales objeciones observadas desde 2021, de acuerdo con denuncias citadas por Mosaique FM y otros portales.
El caso actual contra Zenaidi se produce en un contexto de tensiones internas y cuestionamientos sobre la independencia judicial. Según detalló el medio Mosaique FM, hasta la presente sentencia, el exministro había sido investigado luego del cambio de régimen político tras la caída de Ben Ali, aunque no aparecían vínculos previos con acusaciones de terrorismo u organización de bandas armadas en su historial público. Ahora, el dictamen dictado en rebeldía lo ha ubicado en el centro de un debate sobre los límites y la legitimidad de las acciones judiciales contra figuras de la antigua administración.
Las críticas a la gestión de Kais Saied han crecido en el periodo reciente, concentrándose especialmente en la gestión de la represión a través de legislación especial. Diversas ONG y colectivos han reclamado garantías adicionales para el debido proceso y la protección de las libertades cívicas en Túnez, ante el incremento, reportado por Mosaique FM, de procesos judiciales que afectan a activistas y adversarios del Ejecutivo. La comunidad internacional y la sociedad civil local observan con alarma lo que interpretan como un deterioro de las garantías fundamentales y del respeto al Estado de derecho, en un escenario donde el control político y judicial se ha intensificado y la frontera entre la seguridad y las libertades aparece en permanente disputa.
En el trasfondo del caso Zenaidi permanece el recuerdo del pasado autoritario del país y el proceso de transición iniciado después de la ‘Primavera Árabe’. Las repercusiones de este veredicto alcanzan tanto al entorno político del expresidente Ben Ali como a la actual administración, al sumarse a una serie de procedimientos y acusaciones dirigidas contra antiguos y actuales opositores. El medio Mosaique FM concluyó que esta condena constituye un nuevo hito en el uso de los mecanismos antiterroristas como instrumento de control y castigo en el escenario político tunecino.
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