Enfrentamientos entre policía y manifestantes por el desalojo de un centro social en Turín (Italia)

La consigna “Imaginar Turín sin Askatasuna es imposible”, expandida entre asistentes y respaldada por personalidades de la cultura local como el dibujante Zerocalcare, definió el clima social en la ciudad tras el cierre definitivo de este centro comunitario. Según informó RAI, la clausura de Askatasuna, activa durante más de treinta años como referente de iniciativas sociales fuera del circuito institucional, derivó en una masiva movilización que agrupó entre 3.000 y 10.000 personas en las inmediaciones de la calle Regina Margherita. El operativo de desalojo implementado por las autoridades desencadenó enfrentamientos directos entre manifestantes y fuerzas policiales, que recurrieron al uso de cañones de agua y gases lacrimógenos frente a barricadas improvisadas con contenedores, en una escalada que concluyó con nueve agentes lesionados según el balance oficial.

La cobertura de RAI acentuó el profundo impacto que generó la desaparición del centro social en la vida barrial y la proyección de la protesta hacia un debate más amplio sobre las políticas estatales que regulan o restringen experiencias de autogestión. Voceros de los colectivos autónomos implicados, citados por RAI, insistieron en que el cierre marca un retroceso en la oferta cultural y comunitaria gestionada fuera de estructuras gubernamentales, alertando sobre la posibilidad de que esta acción siente precedentes para medidas similares en otros centros sociales de Turín. Diversos actores sociales argumentan que la intervención oficial consolida una política de “tolerancia cero” y una tendencia a la criminalización de la autogestión, lo que, según sus planteamientos, restringe la diversidad y las alternativas dentro del entramado urbano.

El operativo de desalojo se mantuvo bajo estricta vigilancia policial ante el temor de intentos de reocupación, detalló RAI, generando una tensión continúa en el barrio y reforzando la percepción entre colectivos de un endurecimiento de las políticas municipales hacia las formas de organización no institucionalizadas. La postura institucional fue sostenida pública y reiteradamente por autoridades nacionales. El subsecretario de Justicia, Andrea Delmastro, declaró, según publicó RAI: “Aquí está la cara horrible de Askatasuna: violencia, violencia, violencia y petardos dirigidos a los uniformados”. Por su parte, el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, enfatizó: “No puede haber cabida para el odio y la violencia en Italia. Ya hemos vivido el abismo del terror en nuestras calles; el Estado y las instituciones no permitirán que se repita ese trágico pasado”.

La tensión escaló cuando un grupo de manifestantes intentó franquear el perímetro de seguridad dispuesto alrededor del edificio, lo que condujo a una intensificación de las medidas de control y la multiplicación de barricadas. Según reportó RAI, el saldo incluyó heridos y profundizó la polarización entre los sectores ciudadanos autogestionados y los representantes del poder político. Entre los colectivos que participaron de las protestas, muchos expusieron que el precedente de Askatasuna reavivó el temor al cierre de otros proyectos similares, contribuyendo a la inquietud acerca del futuro de la participación autónoma en la capital piamontesa.

La situación provocada sacó a relucir el peso simbólico de los centros sociales autogestionados en el tejido urbano de Turín. Distintas voces recogidas por RAI sostuvieron que estos espacios han operado históricamente como plataformas de integración social, facilitando la cooperación intergeneracional y la creación de opciones alternativas a las culturales y políticas tradicionales. La ausencia de canales institucionales de convivencia, de acuerdo con los movimientos implicados, impone límites a la innovación ciudadana y estrecha las oportunidades para sectores habitualmente marginados en la toma de decisiones urbanas.

El debate se amplificó cuando distintos colectivos y referentes del ámbito cultural plantearon, citados por RAI, la necesidad de reabrir el diálogo con las instituciones y legitimar experiencias autónomas. Este llamado a la negociación fue respaldado por agrupaciones que consideran fundamental preservar o reinventar modelos participativos ajenos a la estructura estatal formal. La cobertura de RAI destacó cómo la clausura de Askatasuna generó también un incremento del escrutinio sobre las políticas públicas respecto de los recursos sociales informales, instalando esta problemática en el centro de la agenda pública local y más allá de los límites del barrio afectado.

Las autoridades insistieron en que la aplicación estricta de la ley tiene como objetivo principal salvaguardar la convivencia y prevenir situaciones consideradas irregulares. Según lo consignó RAI, esta defensa institucional busca reducir los márgenes de negociación con las experiencias autogestionadas consideradas fuera del marco normativo. Pese a esa postura, la resolución definitiva sobre la convivencia entre iniciativas comunitarias y la acción del Estado permanece en suspenso, con las negociaciones aún abiertas y la movilización social vigente.

El clima de inconformidad se mantuvo tras el cierre del centro social, ya que los colectivos anunciaron, de acuerdo con lo comunicado a RAI, la realización de una nueva manifestación para el 31 de diciembre, centrada en la defensa y visibilización de espacios alternativos de organización ciudadana. Durante las horas posteriores al desalojo, el edificio desalojado se mantuvo acordonado, símbolo del enfrentamiento no resuelto entre dos modelos de gestión urbana y social.

RAI concluyó que la exclusión de Askatasuna del panorama cotidiano piamontés incrementó el debate sobre el control estatal y los límites para proyectos no institucionalizados, al tiempo que renovó la visibilidad de sectores históricamente excluidos de los procesos de decisión urbana. El destino de Askatasuna y de otros centros sociales afines, según el análisis del medio italiano, permanece en estado de transformación y constante renegociación, condicionado tanto por la presión ciudadana como por las respuestas de las autoridades, en un escenario que continúa actuando como campo de disputa sobre los términos de la participación autónoma en Turín.