El ex primer ministro de Pakistán y su mujer, condenados a otros 17 años de cárcel por corrupción

El tribunal pakistaní dictó este sábado una condena de 17 años de prisión contra Imran Jan, ex primer ministro de Pakistán, y su esposa Bushra Bibi tras determinar que ambos se apropiaron indebidamente de un lujoso set de joyería saudí valorado en 760.000 euros. El proceso formó parte del denominado caso Toshakhana-2 y la Fiscalía comprobó que la pareja adquirió el conjunto de joyas —donado en 2021 por el príncipe heredero de Arabia Saudí— por apenas 25.000 euros, una cifra significativamente inferior a su valor real. Según consignó el medio El País, esta nueva sentencia refuerza la secuencia de resoluciones judiciales desfavorables que enfrentan tanto el exmandatario como su esposa e intensifica el debate político dentro del país sobre la imparcialidad y la independencia del sistema judicial.

De acuerdo con la información reportada por El País, el caso Toshakhana-2 se suma a una serie de causas judiciales abiertas contra Imran Jan luego de su detención definitiva en 2023. Las múltiples condenas registradas comprenden, además de los 17 años relacionados con las joyas saudíes, diez años de cárcel por la filtración de secretos de Estado, 14 años por un caso anterior vinculado a la apropiación de regalos oficiales —conocido como Toshakhana-1—, siete años impuestos tanto a Jan como a Bushra Bibi por supuestas infracciones a la ley islámica matrimonial, y otros 14 años de prisión en el denominado caso Al Qadir, asociado con un fraude a la Agencia Nacional contra el Crimen.

La controversia en torno a la legalidad y transparencia de estos procedimientos no se limita a las condenas en sí. Según publicó El País, el proceso judicial correspondiente al caso Toshakhana-2 se desarrolló sin acceso para la familia del imputado y su desarrollo se realizó “a puerta cerrada”, condiciones que el Movimiento por la Justicia de Pakistán (el partido liderado por Jan, conocido como PTI, por sus siglas en inglés) denunció como irregulares. A través de su cuenta oficial en la red social X, la formación política calificó la sentencia como resultado de un “tribunal de marionetas” y aseguró que el juicio no cumplió los estándares de libertad y equidad procesal, reclamando también la exclusión de la familia Jan del recinto durante el proceso.

El partido de Imran Jan, según reflejó El País, reiteró que las sentencias son consecuencia de una persecución impulsada desde el Ejecutivo y señaló una vez más al actual jefe de gobierno, Shehbaz Sharif, como responsable político del “cerco judicial” sobre su líder. La dinámica entre ambos, agravada por la rivalidad profunda entre Imran Jan y Nawaz Sharif —hermano del primer ministro y también antiguo jefe del gobierno—, refuerza la percepción de una lucha política traducida en enfrentamientos judiciales. El PTI insiste en la tesis de que los juicios forman parte de una ofensiva dirigida del oficialismo que vulnera el debido proceso, un argumento que ha ido tomando centralidad en el debate público.

Las autoridades, no obstante, defendieron la integridad de la decisión judicial del caso Toshakhana-2 y la solidez de las pruebas presentadas. Tal como lo precisó El País, el ministro de Información, Ataulá Tarar, justificó la firmeza de la sentencia e indicó en declaraciones a Geo TV que “simplemente, han traicionado la confianza de la gente”, afirmando que ni Imran Jan ni Bushra Bibi tenían derecho a retener regalos oficiales o causar daño al patrimonio público. Tarar insistió en que la condena cuenta con sustento legal y se fundamenta en un cúmulo de pruebas que documentan abuso de poder y deshonestidad en la administración de bienes estatales.

El consejero político del primer ministro, Rana Sanaulá, también tomó posición en el debate público. Según lo informado por El País, Sanaulá subrayó la relevancia de la documentación reunida durante el caso y enfatizó el principio legal de que los obsequios recibidos por funcionarios o representantes estatales pertenecen al Estado y no a las personas que los reciben de manera individual. El asesor mantuvo, durante intervenciones en medios locales, que tanto el proceso judicial como la sanción responden a los principios legales vigentes en Pakistán.

La gestión de los regalos oficiales, objeto principal en los casos conocidos como “Toshakhana”, ha sido observada rigurosamente por la judicatura y los órganos de control pakistaníes. De acuerdo con la descripción ofrecida por El País, investigaciones como las de Toshakhana-1 y Toshakhana-2 se ocuparon de esclarecer si altos funcionarios desviaron para beneficio propio bienes que debieron permanecer bajo custodia estatal. La reiteración de condenas vinculadas a la apropiación indebida por parte de figuras de la primera línea política ha elevado el grado de polarización en el país, alimentando interpretaciones encontradas sobre la motivación de las causas y el alcance de las sentencias.

La sucesión de juicios y penas impuestas a Imran Jan y a Bushra Bibi ha agudizado la controversia en el ámbito político y en la opinión pública, así como la discusión sobre la administración de justicia en Pakistán. El medio El País relató que, mientras la defensa insiste en vulneraciones a las garantías procesales y en la instrumentalización del poder judicial contra adversarios, el Gobierno enfatiza la gravedad de los delitos atribuidos y la transparencia aparente de los procedimientos. Las autoridades de Islamabad aseguran que las acciones judiciales cumplen tanto con la legislación nacional como con la defensa del interés público, en un contexto de creciente tensión entre oficialismo y oposición.

Las informaciones recogidas por El País destacan que la exposición mediática y la dimensionalidad de las causas que pesan sobre Imran Jan contribuyen a profundizar la fractura en la sociedad pakistaní respecto a la lucha contra la corrupción y la credibilidad institucional. La ausencia de la familia de Jan en el juicio, la reiteración de sentencias condenatorias y la duración acumulada de las penas han motivado nuevas críticas por parte de sectores afines al ex primer ministro sobre la naturaleza de los procesos que se desarrollan en su contra.

En este escenario, la confrontación entre la postura oficial, que defiende la legalidad y legitimidad de la respuesta judicial frente al abuso de recursos públicos, y la versión sostenida por el partido de Jan, que denuncia una supuesta persecución basada en la rivalidad política, sigue alimentando la controversia y la polarización política en Pakistán. Los procesos judiciales por la apropiación de regalos estatales y otros delitos siguen representando uno de los principales focos de tensión institucional en el país, de acuerdo con lo expuesto por El País.