El Grupo de Trabajo sobre Género, Diversidad Afectivo-Sexual y Salud (GEyDIS) de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) ha señalado que las restricciones en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo afectan especialmente a mujeres en situación de vulnerabilidad, como aquellas con recursos económicos reducidos, migrantes y jóvenes. Este colectivo sostiene que tales barreras condicionan de manera significativa la autonomía reproductiva y limitan el pleno ejercicio de los derechos de estas mujeres. En este contexto, la SEE advierte sobre el impacto de las desigualdades territoriales, indicando que acceder a este servicio de salud depende en gran medida de la región, los recursos disponibles y la política sanitaria imperante. Según informó la SEE, la Comunidad de Madrid representa un ejemplo extremo de externalización de la interrupción voluntaria del embarazo, pues menos del 0,5 por ciento de los procedimientos se realizan en centros públicos.
Tal como publicó la SEE, la provisión casi exclusiva de los servicios de interrupción voluntaria del embarazo en Madrid recae en la red privada, lo que deja a la sanidad pública con una presencia marginal en este ámbito. Esta situación deriva en barreras estructurales especialmente graves para las mujeres con menos recursos económicos y amplifica las brechas de género y socioeconómicas. Según el posicionamiento publicado por la SEE, Madrid ha sido la única comunidad que ha manifestado de manera explícita su negativa a cumplir con el registro de objetores. El documento sostiene que esta postura política y administrativa convierte el derecho reconocido por la ley en un privilegio que depende del territorio y de otros factores, y no en una garantía efectiva para todas las mujeres.
El informe de la Sociedad Española de Epidemiología destaca que las dificultades no se circunscriben solo a la Comunidad de Madrid. El medio SEE detalló que en regiones como Extremadura, Ceuta y Melilla el porcentaje de interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en centros públicos es nulo, alcanzando el 0 por ciento. Andalucía reporta el 0,03 por ciento de los casos realizados en la sanidad pública, Castilla-La Mancha el 0,05 por ciento y Murcia el 0,93 por ciento. Estas cifras muestran, según el análisis de la SEE, que la gestión sanitaria pública presenta un nivel muy reducido de integración de estos servicios en varias zonas del territorio.
La SEE remarca que la dificultad de acceder a la interrupción voluntaria del embarazo no deriva solo de decisiones técnicas, sino que constituye una cuestión estructural que afecta la equidad de género. Para los expertos de la Sociedad, garantizar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva es imprescindible para la igualdad, ya que posibilita a las mujeres tomar decisiones informadas sobre su propio cuerpo, su futuro reproductivo y sus proyectos de vida. Según el posicionamiento, cuando este derecho no se aplica de manera efectiva, se produce una forma de discriminación por razón de sexo, pues impide a las mujeres ejercer su autonomía reproductiva en similares condiciones que los hombres.
El medio SEE sostiene que el impacto de las restricciones se siente con mayor intensidad en los colectivos más vulnerables. Las mujeres jóvenes, migrantes y aquellas en situación de precariedad sufren con especial dureza las trabas institucionales, lo que limita su participación social, laboral y política. “Al limitar su autonomía reproductiva, estas barreras perpetúan patrones históricos de control y subordinación, restringiendo su capacidad para participar plenamente en la vida social, económica y política”, señala el informe de la SEE. De acuerdo con la misma fuente, la ausencia de opciones públicas para la interrupción del embarazo consolida las desigualdades de género y constituye una vulneración de los derechos reconocidos por ley.
En su declaración, la Sociedad Española de Epidemiología insiste en que garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo es, desde el punto de vista de los derechos humanos y de la justicia de género, una obligación jurídica, ética y sanitaria. La SEE considera que la externalización sistemática y la falta de integración del servicio en la sanidad pública, junto a la negativa a cumplir con el registro de objetores, constituyen una vulneración estructural de los derechos de las mujeres. Según la organización, la provisión efectiva de este servicio es una obligación legal y una condición sine qua non para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. De acuerdo con la SEE, integrar de manera real y efectiva la interrupción voluntaria del embarazo en la red pública se presenta como una exigencia ineludible para erradicar las discriminaciones basadas en el género y ofrecer garantías universales a todas las mujeres, independientemente de su territorio o situación socioeconómica.
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