Varios usuarios ejemplifican con sus quejas la situación de hospital investigado en Madrid

Madrid, 13 dic (EFE).- Una espera de 13 horas en urgencias, ver a gente despertar de la anestesia en un pasillo o un diagnóstico erróneo son algunas de las vivencias narradas a EFE por usuarios del hospital madrileño de Torrejón, investigado tras conocerse que su gerente ordenó rechazar pacientes e incrementar las listas de espera para ganar más dinero.

El Hospital Universitario de Torrejón, en la Comunidad de Madrid, está siendo investigado tras la publicación de unos audios del consejero delegado del grupo sanitario Ribera, que gestiona este centro púbico, en los que daba instrucciones para incrementar las listas de espera y seleccionar a los pacientes más rentables en favor de obtener un mayor beneficio económico.

Llevar a su suegro “un sábado a Urgencias, en su estado, con andador y un cáncer avanzadísimo, y estar 13 horas sentado en un sillón de sky sin ponerle de comer ni de beber”. Eso le ocurrió a un vecino de Torrejón que habló con EFE sin querer dar su nombre.

Durante los casi 20 meses que este vecino ha estado en el centro hospitalario por su suegro y posteriormente por una operación suya, ensalza el buen trabajo del personal en planta pese a la saturación del sistema.

“Las enfermeras son gente maravillosa, pero no hay camas”, sostiene.

Otro afectado que también pide el anonimato resume a EFE su paso por el hospital con imágenes de “gente en reanimación que se encontraba en los pasillos despertándose de la anestesia” y la denuncia de que “se están metiendo más camas en habitaciones pese a ser un hospital de habitación individual”.

En el marco del debate abierto a raíz de este caso sobre el incremento de centros hospitalarios de gestión público-privada en España, otra usuaria del hospital de Torrejón afirma a EFE que su desplazamiento de fémur fue confundido hasta en dos ocasiones por un “simple golpe”.

La paciente tuvo que acudir al hospital de Alcalá de Henares tras las palabras que escuchó de la médica que la atendió en Torrejón: “Esta mujer lo que busca es dinero”.

En el hospital de Alcalá le dieron el diagnóstico correcto, pero tuvo que volver al de Torrejón para ser operada. “En la operación se les cayó un tornillo y tuvieron que ponerme uno diferente porque no tenían más del mío”, dice la afectada.

Otros, sin embargo, muestran su satisfacción con el trato recibido en el centro.

“Me están tratando de maravilla, vengo a consultas y tratamientos y no tengo ninguna queja de nada”, cuenta a EFE uno de los usuarios a las puertas del hospital.

“A mi marido y a mí nos han tratado de maravilla. No noto falta de asistencia”, afirma otra vecina de Torrejón.

El Ministerio de Sanidad español investiga si se han producido irregularidades en el hospital de Torrejón que hayan podido vulnerar el derecho a la salud de los pacientes, averiguaciones que esta semana se han ampliado al resto de centros madrileños de gestión privada, operados por el Grupo Quirón.

En la Comunidad de Madrid, gobernada por el conservador Partido Popular (PP) desde hace treinta años, hay numerosos hospitales públicos con gestión privada, como el de Torrejón, con un modelo en el que su financiación, propiedad y control son públicos, pero la prestación del servicio está adjudicada durante un periodo de tiempo a una empresa concesionaria.

Según datos del Gobierno regional, hay un total de 38 hospitales de la Comunidad de Madrid, de los cuales un 34 % tienen gestión privada en algunas de sus modalidades. Algunos en todos los servicios (asistenciales y no asistenciales), entre ellos el de Torrejón, y otros tienen externalizados los servicios no asistenciales.

Ante la polémica, el presidente de Ribera Salud, Emmanuel de Geuser, ha anunciado posibles acciones legales antes las “gravísimas y falsas acusaciones” contra su grupo que él considera que han publicado varios medios.

Por el momento, el Gobierno regional no se plantea revocar la concesión a Ribera Salud de la gestión del hospital de Torrejón, a pesar de la demanda en este sentido de los sindicatos CCOO y UGT, que piden lo mismo para el resto de centros de gestión público-privada. EFE