Reino Unido sanciona a cuatro altos cargos de las RSF por "actos atroces de violencia" en El Fasher, Sudán

Una serie de imágenes satelitales evidencian la grave situación humanitaria en El Fasher, capital de Darfur Norte, donde se han identificado zonas con arena teñida de sangre, fosas comunes y cuerpos amontonados, lo que confirma la magnitud de la violencia reciente. Este escenario se vincula directamente con los enfrentamientos producidos tras la toma de la ciudad por parte de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) a finales de octubre, según informó el Gobierno británico en declaraciones recogidas por diversas plataformas informativas.

De acuerdo con lo difundido por el Gobierno de Reino Unido y reproducido por medios internacionales, las autoridades británicas impusieron sanciones a cuatro altos mandos de las RSF, a quienes responsabilizan de “actos atroces de violencia” en El Fasher. Entre los sancionados figura Abdulrahim Hamdan Dagalo, considerado el segundo al mando dentro del grupo y hermano del líder de la organización, Mohamed Hamdan Dagalo. Junto a él, otros tres comandantes aparecen señalados como sospechosos de haber ordenado y dirigido operativos que incluyeron asesinatos masivos, violencia sexual sistemática y ataques dirigidos contra civiles.

Las autoridades de Reino Unido comunicaron que estas acciones no corresponden a incidentes aislados, sino a un patrón intencionado de terror que busca someter a la población civil a través del uso del miedo. Tal como publicó el propio Gobierno británico en su declaración oficial, “el impacto de sus acciones es visible desde el espacio”. En la misma comunicación detallaron que las imágenes satelitales obtenidas muestran escenas que incluyen arena manchada de sangre, acumulaciones de cadáveres y la existencia de fosas comunes donde las personas fueron primero asesinadas, luego quemadas y finalmente enterradas.

Al abordar la dimensión humanitaria de la crisis, Reino Unido anunció un nuevo paquete de ayuda valorado en 21 millones de libras (aproximadamente 23,9 millones de euros), con el objetivo de asistir a unas 150.000 personas en situación de especial vulnerabilidad. Según consignó el Gobierno británico, estos fondos tendrán como destino prioritario la provisión de agua potable, atención sanitaria, alimentos y la protección específica de mujeres y menores en áreas especialmente afectadas por los enfrentamientos.

La ministra de Exteriores de Reino Unido, Yvette Cooper, recalcó el carácter grave de las denuncias y expresó que “las atrocidades que se están cometiendo en Sudán son tan horrendas que dejan huella en la conciencia mundial”. Cooper enfatizó el rechazo a la impunidad en relación con los delitos denunciados, subrayando: “Las abrumadoras pruebas de crímenes atroces, incluidas ejecuciones masivas, hambruna y el uso sistemático y calculado de la violación como arma de guerra, no pueden quedar impunes”. La ministra añadió que las sanciones impuestas “afectan directamente a quienes tienen las manos manchadas de sangre, mientras que nuestro paquete de ayuda reforzado brindará apoyo vital a quienes sufren”.

El contexto de estas medidas se inscribe en el conflicto armado que se desató en abril de 2023, debido a desacuerdos persistentes sobre la posible integración de las RSF en las fuerzas armadas sudanesas. Según detalló el Gobierno británico, estas diferencias originaron el colapso de la transición política que buscaba consolidarse tras la destitución en 2019 del expresidente Omar Hasán al Bashir y, posteriormente, tras el golpe de Estado en 2021 que forzó la salida del entonces primer ministro Abdalá Hamdok.

Fuentes del Gobierno de Reino Unido y de medios internacionales han advertido que el deterioro de la situación en Sudán se ha convertido en una de las crisis humanitarias más graves a nivel global. Millones de personas se encuentran actualmente desplazadas o refugiadas fuera de sus hogares, situación agravada por la propagación de enfermedades y el daño severo sufrido por infraestructura clave, lo que limita gravemente la provisión de atención a los afectados.

El conflicto en Sudán, de acuerdo con lo indicado por el Gobierno británico, también ha estado marcado por la participación activa de otros países que han ofrecido apoyo a las partes involucradas, lo que añade una capa adicional de complejidad al escenario y contribuye a la dificultad para restablecer la estabilidad en la región. El paquete de sanciones anunciado en Londres incluye el congelamiento de activos financieros y restricciones para viajar a los miembros de las RSF identificados por su presunta implicación directa en estos hechos.

El pronunciamiento oficial difundido por el Gobierno de Reino Unido subrayó la importancia de evitar la repetición de estos episodios violentos y recalcó la necesidad de asegurar que los responsables enfrenten procesos de rendición de cuentas eficaces. El mismo comunicado reclamó que se implementen medidas de urgencia tanto en el ámbito diplomático como en el humanitario para proteger a los civiles y restablecer un mínimo de condiciones de seguridad para las comunidades afectadas.

El informe también mencionó que los fondos de ayuda anunciados apuntan a mitigar los efectos inmediatos de la emergencia, centrando esfuerzos en el acceso a servicios básicos y en la protección de los grupos más vulnerables, ante la evidencia de una crisis alimentaria y sanitaria creciente. El despliegue de ayuda internacional será coordinado con organizaciones sobre el terreno que ya trabajan en las zonas más castigadas por la violencia, donde los testimonios y la evidencia recogida por las imágenes satelitales han sido determinantes para documentar la magnitud de la catástrofe.

Durante el desarrollo del conflicto, la ciudad de El Fasher ha sido identificada como uno de los enclaves donde más severas se han tornado las consecuencias para la población civil, debido tanto a la intensidad de los combates como a la imposición de estrategias de control territorial empleadas por las RSF, según constató el Gobierno de Reino Unido. La acumulación de pruebas materiales y el registro de los crímenes perpetrados figuran entre los argumentos centrales que justifican la adopción de las nuevas sanciones y las acciones de asistencia internacional.

Organismos de derechos humanos y grupos de la sociedad civil citados en el informe de Reino Unido han registrado patrones que indican una escalada de ataques intencionados contra la población, con división de los objetivos según criterios étnicos y de género, y sometimiento a condiciones hostiles que han derivado en desplazamientos forzados masivos. La información recabada a partir de observaciones satelitales y fuentes presenciales sustentó la elaboración del documento publicado en Londres.

Según el reporte oficial, entre los efectos colaterales de la crisis se cuentan alarmas crecientes por la posible propagación de brotes epidémicos y el desabastecimiento de puntos críticos como hospitales y centros de atención de emergencia, cuyo funcionamiento se ha visto comprometido tras los ataques y saqueos registrados en distintas localidades de Darfur Norte y zonas aledañas.

Las medidas punitivas dispuestas desde Londres afectan, entre otras cosas, la capacidad de movimiento internacional y la gestión de bienes fuera de Sudán de quienes aparecen señalados en la lista de sancionados, lo cual contribuye, según lo expuesto en el informe gubernamental, a limitar el margen operativo de los responsables de los hechos documentados.

De acuerdo con las autoridades británicas, se mantiene contacto y coordinación con otros actores internacionales y regionales para dar seguimiento a la situación humanitaria y a los operativos de ayuda desplegados, con el objetivo de maximizar el alcance de la asistencia y asegurar condiciones mínimas de protección y seguridad para la población civil afectada.

Según destacaron portavoces del gobierno británico, las acciones en curso forman parte de un esfuerzo más amplio por parte de la comunidad internacional para reducir el impacto del conflicto en Sudán y avanzar en estrategias que permitan una eventual recuperación de la paz en la región devastada por la violencia.