Naciones Unidas ha reclamado este viernes a las autoridades de Tanzania que "garanticen las libertades de expresión y asamblea pacífica" de cara a las manifestaciones convocadas el 9 de diciembre, coincidiendo con el Día de la Independencia, después de la violenta represión de las movilizaciones tras las elecciones generales del 29 de noviembre, que se saldaron con cientos de muertos y miles de detenidos.
"Pedimos al Gobierno que ordene a las fuerzas de seguridad que planifiquen y lleven a cabo sus operaciones de una forma que permita a los tanzanos ejercer totalmente sus derechos fundamentales", ha dicho el portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Seif Magango, quien ha recordado que "cientos de personas murieron y más de 2.000 fueron detenidas" durante las citadas protestas.
Así, ha recalcado que "el Gobierno ha intensificado la represión contra los opositores desde la votación", incluida la emisión por parte de la Policía "prohibiendo a nivel nacional todas las protestas por el Día de la Independencia". "Exigimos que se levante esta medida tan amplia y desproporcionada", ha afirmado, al tiempo que ha reclamado a las fuerzas de seguridad que "se abstengan de usar la fuerza para dispersar concentraciones pacíficas y que hagan todo lo posible para reducir la tensión".
Magango ha recordado así las cláusulas del Derecho Internacional en estos casos y ha reiterado que "de ser inevitable, cualquier uso de la fuerza, incluidas las armas menos letales, debe limitarse al mínimo necesario". "Las armas de fuego no deben emplearse para dispersar ninguna reunión y solo pueden emplearse como último recurso para contrarrestar una amenaza inminente de muerte o lesiones graves", ha argumentado.
"Los informes apuntan a que desde mediados de noviembre han sido detenidas decenas de personas, incluidos académicos, actores de la sociedad civil y líderes políticos, con muchos arrestos llevados a cabo por personal armado no identificado", ha reseñado, antes de ahondar en que las fuerzas de seguridad han incrementado sus despliegues en "centros urbanos", donde han aumentado las restricciones y expandido "la vigilancia de comunicaciones digitales".
"Estas medidas corren el riesgo de elevar la tensión pública y socavar significativamente los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de participación en los asuntos públicos", ha alertado Magango, quien ha resaltado además que las autoridades "aún no han dado informaciones sobre el número de muertos y las circunstancias de sus muertes" durante la represión de las protestas postelectorales.
En esta línea, ha criticado que tampoco han aportado información sobre las denuncias de desaparecidos y ha insistido en que "la continuada ausencia de información transparente supone un riesgo de socavar aún más la confianza pública y de elevar las tensiones en un momento crítico". "Pedimos la liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos de forma arbitraria", ha reiterado.
Magango ha manifestado además que la oficina es consciente del anuncio de las autoridades sobre la creación de una comisión de investigación y ha hecho hincapié en que estas pesquisas "deben ceñirse totalmente a los estándares internacionales de independencia, imparcialidad, exhaustividad, rapidez y transparencia, dando unas protecciones robustas frente a represalias, intimidaciones o detenciones arbitrarias de los que participen en estos trabajos".
La propia presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, ha sostenido esta semana que las protestas postelectorales formaban parte de un complot para "derrocar" su Gobierno. "Lo que ocurrió fue un evento fabricado y quienes lo planearon estaban decididos a derrocar nuestro gobierno. Esto no fue un accidente. Quienes lo organizaron pretendían derrocar a nuestro Estado", zanjó.
Los comicios --marcados por la victoria aplastante de la presidenta y declarados como irregulares por la Unión Africana-- desataron una ola de protestas que fue respondida con una represión policial que dejó un centenar de muertos, según Amnistía Internacional, y más de un millar, según el partido opositor Chadema. Además, las autoridades tanzanas imputaron a cerca de 300 personas por traición y conspiración.
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