La junta militar de Guinea Bissau adopta una Carta Política de Transición "para restablecer el orden público"

La junta militar de Guinea Bissau ha publicado y adoptado este jueves una "Carta Política de Transición" que servirá como instrumento normativo mientras dure "el actual contexto de transición política" y que incluye la disolución del Consejo Superior de la Magistratura Judicial (CSMJ) que rige la Fiscalía y la creación de un Consejo Nacional de Transición como órgano político para la ejecución de este proceso que busca "restablecer el orden público".

"La urgencia de restablecer el orden público y la seguridad nacional es incompatible, dado el actual contexto de transición política, con los obstáculos institucionales y estructurales del Ministerio Público", reza el documento, según ha informado el diario bisauguineano 'O Demócrata'. En él, los militares afirman que "es fundamental flexibilizar, simplificar, desburocratizar, agilizar y dinamizar sus acciones durante esta transición, a fin de proteger y salvaguardar los pilares y valores fundamentales" del Estado.

Al hilo, la junta ha anunciado que el CSMJ "queda disuelto, como órgano de la estructura del Ministerio Público", argumentando que "el restablecimiento del orden público, la seguridad nacional, la preservación de la unidad nacional y la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía requieren un papel más proactivo, eficaz, dinámico, eficiente y eficaz" por parte de la Fiscalía que el que tenía antes del golpe de Estado.

Asimismo, el órgano militar ha establecido un Consejo Nacional de Transición, una entidad que tendrá entre sus funciones, según el documento, la consulta y preparación de los instrumentos de transición, así como la supervisión política de las autoridades al mando durante este proceso.

La junta se ha referido también a las elecciones y ha lamentado que el objetivo de las reiteradas transiciones de este tipo que ha sufrido el país ha sido la celebración de elecciones como si fueran "la panacea" para resolver "graves problemas políticos".

En este contexto, ha defendido que "ante una vez más una grave situación política y social, en torno a un proceso electoral envuelto en disputas y tensiones, que podría haber degenerado en una guerra civil étnica, las Fuerzas Armadas se han visto obligadas a intervenir, provocando una nueva alteración del orden constitucional por la fuerza".