
La polémica en torno a la soberanía digital europea ha tomado fuerza luego de que Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública en España, manifestara que la protección de la autonomía digital constituye una prioridad política para el país y extendiera un respaldo explícito a las acciones emprendidas por la Comisión Europea. López calificó como “intolerables” los comentarios expresados por J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, quien había criticado la decisión europea de sancionar a la red social X y solicitó que la Unión Europea defienda la libertad de expresión, argumentos que López rechazó públicamente durante una reunión del Consejo de Ministros de Telecomunicaciones de la UE, según consignó el medio.
Las reacciones oficiales en Estados Unidos frente a la sanción han sido inmediatas y contundentes. Según informó la fuente, la Comisión Europea impuso una multa de 120 millones de euros (140 millones de dólares) a la plataforma X, propiedad de Elon Musk, decisión que autoridades estadounidenses han interpretado como un ataque contra su industria tecnológica y la ciudadanía del país. Figuras destacadas del gobierno, incluyendo al secretario de Estado Marco Rubio, han tomado postura señalando que esta medida no solo afecta a X, sino a todas las empresas tecnológicas estadounidenses. Rubio manifestó en la red social X que la sanción representa un ataque a las plataformas tecnológicas y al pueblo estadounidense por parte de gobiernos extranjeros. De acuerdo con el medio, Rubio concluyó: “Se acabaron los días de censurar a los estadounidenses en línea”.
La misma fuente detalló que Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, lamentó lo que considera una tendencia europea a sancionar a compañías estadounidenses exitosas por esa misma condición. En palabras de Carr: “Europa está gravando a los estadounidenses para subsidiar a un continente frenado por las propias regulaciones asfixiantes de Europa”. El mensaje, también publicado en X, fue compartido con los más de 229 millones de seguidores de Elon Musk, dueño de la plataforma.
Las críticas desde Washington ya se anticipaban en las horas previas al anuncio oficial de la multa, indicó el medio. J.D. Vance advirtió el jueves en su cuenta de X acerca de la posible imposición de una sanción de cientos de millones de dólares a la plataforma, por considerarla vinculada a la negativa de “censurar”, y calificó la medida como un ataque que, en su opinión, contradice la defensa de la libertad de expresión.
Frente a estas manifestaciones, desde Europa se reiteró la defensa de la regulación digital respaldada por la Comisión Europea. El ministro español López afirmó que la respuesta a la acción estadounidense debía centrarse en defender la autonomía legislativa y tecnológica de la UE, reiterando el compromiso de España con la agenda digital comunitaria y con las autoridades de Bruselas.
De acuerdo con información difundida por el medio, la Administración Trump ya había presionado a sus interlocutores europeos en otras ocasiones para que se flexibilizaran las normativas sobre servicios y mercados digitales. En noviembre, durante una visita a Bruselas, el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, y el representante comercial Jamieson Greer expresaron su preocupación porque, en opinión de Washington, las regulaciones digitales europeas tienden a afectar principalmente a empresas de Estados Unidos.
La sanción a X, anunciada por la Comisión Europea este viernes, se justifica por distintas prácticas que, según las autoridades comunitarias, contravienen la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés). Entre las irregularidades mencionadas se encuentra el “diseño engañoso” de la marca azul de verificación de cuentas, la falta de transparencia en el repositorio de anuncios y las dificultades para el acceso de investigadores externos a los datos públicos de la red social. La Comisión abrió una investigación formal sobre el “tic” azul en julio de 2024. Las autoridades europeas argumentaron que este sistema, percibido por los usuarios como un aval de autenticidad, no se corresponde con un proceso real de verificación de identidades, lo que, según el Ejecutivo comunitario, puede exponer a estafas y suplantaciones.
La vicepresidenta de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia de la Comisión Europea, Henna Virkkunen, aseguró que “engañar a los usuarios con marcas de verificación, ocultar información en anuncios o limitar el acceso de los investigadores no tiene cabida en internet en la Unión Europea”. Thomas Regnier, portavoz de Virkkunen, defendió la proporcionalidad de la sanción frente a las críticas de Estados Unidos y sostuvo que se trata de una consecuencia directa de prácticas que vulneran la normativa europea.
Según publicó el medio, la Ley de Servicios Digitales prohíbe específicamente el diseño engañoso en las plataformas. Tras la investigación llevada a cabo durante dos años, la Comisión concluyó que X permitió que cualquier usuario pudiera obtener la marca azul mediante pago, sin comprobar la identificación real, en contravención de las normas del sector. Aunque la DSA no obliga a la verificación de identidad, sí impide que las plataformas afirmen de forma errónea que los perfiles cuentan con autenticación, cuando tal proceso no ha tenido lugar.
Otros motivos de la sanción hacen referencia a las restricciones en la accesibilidad y la transparencia del repositorio de anuncios, herramienta considerada fundamental para detectar campañas de desinformación y fraudes. Bruselas identificó barreras en el diseño del acceso y en la disponibilidad de la información para usuarios y especialistas, consideradas inadmisibles por las autoridades. El medio puntualizó también que la dificultad para que investigadores accedan de forma independiente a los datos públicos, incluso por métodos de recolección automatizada (‘scraping’), constituye otra infracción relevante según la Comisión Europea.
De los 120 millones de euros establecidos como multa, 45 millones se atribuyen a irregularidades con el sistema de verificación azul, 35 millones a la gestión del repositorio de anuncios y 40 millones a los obstáculos a la labor investigadora. Estas cifras, detalladas por la fuente, reflejan las distintas áreas en las que Bruselas ha identificado incumplimientos de la normativa digital.
La Comisión Europea, a través de sus portavoces, sostuvo la fortaleza jurídica de la denuncia frente a los cuestionamientos del gobierno estadounidense e insistió en la proporcionalidad de la multa. Las autoridades comunitarias defendieron la necesidad de garantizar prácticas transparentes y seguras en la oferta de servicios digitales en territorio europeo, subrayando la protección de los usuarios frente a riesgos de manipulación y suplantación de identidad.
Diversos funcionarios estadounidenses se han manifestado convencidos de que las normativas y sanciones europeas persiguen desproporcionadamente a los grandes actores tecnológicos de origen estadounidense. El debate ha reactivado la discusión sobre el alcance y la legitimidad de las leyes digitales transatlánticas, enfrentando las prioridades de protección del usuario y la transparencia en la Unión Europea con las preocupaciones sobre el impacto en la economía y la libertad de expresión defendidas por parte de la Administración Trump, según recoge el medio.
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