El Real Madrid muestra su "satisfacción" por resolución del Tribunal Supremo respecto a derechos audiovisuales

El fallo emitido por el Tribunal Supremo beneficia a una amplia lista de equipos de la Segunda División, entre ellos el Alavés, Albacete, Alcorcón, Almería, Bilbao Athletic, Córdoba, Elche, Gimnàstic de Tarragona, Girona, Huesca, Leganés, Llagostera, Lugo, Mallorca, Mirandés, Numancia, Osasuna, Ponferradina, Real Oviedo, Tenerife, Real Valladolid y Real Zaragoza, pues establece que recibirán una redistribución correctiva de ingresos audiovisuales correspondiente a la temporada 2015-2016. Esta resolución obliga, además, a que el Real Madrid recupere una cifra cercana a 8,8 millones de euros, monto que el club juzga que le fue detraído de manera indebida por la reforma de estatutos que en 2015 impulsó LaLiga. La noticia principal, conforme publicó Europa Press, radica en la declaración de nulidad de la Disposición Adicional Segunda de los Estatutos de LaLiga, decisión que impacta directamente en el reparto de fondos televisivos de aquella temporada.

De acuerdo con Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo resolvió de manera parcial el recurso presentado por el Real Madrid frente a la reforma que LaLiga adoptó en 2015. El tribunal rechazó, por su parte, las pretensiones expuestas desde la propia organización encargada del campeonato profesional. Según la información facilitada por este medio, la cantidad total de compensación para los clubes de Segunda División ascenderá a unos 88 millones de euros, mientras que el Real Madrid suma, además, la devolución de los 8,8 millones de euros reclamados.

En el comunicado recogido por Europa Press, el Real Madrid manifestó su plena satisfacción con la sentencia y argumentó que el fallo respalda integralmente sus planteamientos en cuanto a la ilegalidad de la alteración estatutaria adoptada ese año. El club hizo hincapié en que la normativa vigente en el momento de la disputa estipulaba que el 60% de los ingresos audiovisuales debía atribuirse a los equipos de Primera División y el 40% a los de Segunda División, estableciéndose una distribución equitativa dentro de cada categoría.

La reforma de los estatutos, promovida por LaLiga en 2015 y ahora anulada, habría modificado las proporciones legales de distribución de ingresos, según denunció el club madrileño. Para el Real Madrid, este ajuste privó de manera ilegal tanto al propio club como a los equipos de la categoría de plata de cantidades económicas que les correspondían.

El fallo judicial, según reportó Europa Press, no solo satisface intereses individuales, sino que refuerza el principio de que las decisiones sobre derechos económicos colectivos en el fútbol profesional español deben adoptarse conforme a la legalidad y bajo procedimientos abiertos y fiscalizables. El dictamen mantiene en vigor lo establecido previamente por la Audiencia Nacional, que ya se había pronunciado en favor del Real Madrid. El Tribunal Supremo refuerza así la obligación de proceder conforme al derecho en el manejo de los ingresos obtenidos por la venta de derechos audiovisuales.

Europa Press señaló que el comunicado oficial del Real Madrid considera que la resolución del Supremo marca un punto de inflexión en las relaciones contractuales y el modelo de gobernanza en torno a la gestión y distribución de los derechos televisivos en España. Según la interpretación del club blanco, la sentencia crea un precedente para la tramitación futura de otros posibles ajustes económicos que puedan afectar a los clubes participantes en competiciones profesionales.

El club blanco afirma que los clubes de Segunda División afectados por el reparto de derechos audiovisuales en la temporada 2015-2016 ahora pueden esperar recibir pagos compensatorios con base en lo que originariamente estipulaban los estatutos. La lista de equipos publicada por Europa Press incluye a todos los que formaban parte de esta categoría durante aquella temporada, lo que supone un impacto financiero significativo en el entorno del fútbol español.

La sentencia, que desestima en su totalidad el recurso elevado por LaLiga, determina que el ajuste estatutario implementado en 2015 vulneró los derechos de los clubes afectados. Según consignó Europa Press, el Tribunal Supremo subrayó la obligatoriedad de que toda reforma con implicaciones económicas en la industria futbolística debe ajustarse a la ley y tramitarse bajo mecanismos de transparencia y legalidad. Esta interpretación sostiene la visión de los clubes afectados y garantiza la reposición de recursos que, conforme a la ley, les pertenecían.

La reacción del Real Madrid, recogida por Europa Press, apunta a que el club considera confirmada su posición legal a lo largo de este proceso, el cual se ha prolongado desde que se introdujo la reforma en 2015. El club asegura que la sentencia constituye un reconocimiento no solo a su reclamación, sino también a la defensa de los derechos económicos de todos los equipos de Segunda División que participaron ese año.

Para Europa Press, la relevancia del dictamen queda reflejada tanto en la magnitud de las cifras redistribuidas como en el precedente legal que deja en firme con respecto a la gestión de los derechos audiovisuales y la obligación de transparencia de las organizaciones rectoras del fútbol. La resolución señala el rumbo para posteriores disputas en la materia, consolidando la necesidad de respetar legítimamente los intereses económicos de todos los actores implicados.

El club madrileño remarcó, según recogió este medio, que esta decisión va más allá de la reparación económica individual y supone un avance en la protección de reglas comunes y procedimientos justos en la gestión del deporte profesional. La sentencia refuerza así la jurisprudencia sobre la distribución de los ingresos que genera el fútbol español y define un marco de equidad para próximos actos administrativos en el ámbito de las competiciones regidas por LaLiga.