La ministra de Sanidad, Mónica García, ha exigido a la Comunidad de Madrid que verifique si las prácticas reveladas en el Hospital Universitario de Torrejón constituyen situaciones aisladas o si, por el contrario, integran dinámicas presentes en otros centros públicos gestionados bajo concesión privada. Tal como informó el medio El País, en una carta enviada este jueves a la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, García solicitó iniciar de forma inmediata una investigación exhaustiva, independiente y transparente. El objetivo de la solicitud es esclarecer si la empresa concesionaria, Ribera Salud, incurrió en vulneraciones relacionadas con el beneficio económico a costa de la salud pública.
Según publicó El País, la ministra ha demandado que se determine si órdenes internas han tenido impacto en la actividad asistencial, en los procedimientos de derivación de pacientes, en los tiempos de espera para intervenciones quirúrgicas y en el cumplimiento de obligaciones contractuales entre Ribera Salud y el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). La ministra subrayó en su misiva que el derecho de la ciudadanía madrileña incluye conocer si un hospital público ha servido para incrementar ganancias privadas y, de confirmarse, recuperar la gestión pública del centro afectado.
El detalle de la denuncia surge luego de que El País publicara un audio correspondiente a una reunión celebrada el 25 de septiembre entre el CEO de Ribera, Pablo Gallart, y mandos del grupo gestor del hospital. En esa grabación, Gallart afirmó: “En Torrejón en el año 22 y 23 decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino”. También se escucha la petición de realizar “iteraciones” o ajustes hasta “alcanzar un EBITDA de cuatro o cinco millones”, enfocando la gestión de centro hacia metas financieras específicas.
Durante la exposición enviada a Ayuso, García destacó que, si se comprueba la existencia de tales directrices, representaría “una vulneración gravísima de los principios esenciales del Sistema Nacional de Salud y un atentado directo contra los derechos de los pacientes de la Comunidad de Madrid”, según reportó El País. En este contexto, la ministra remarcó que ninguna autoridad sanitaria puede ignorar este tipo de sospechas. Añadió que, de confirmarse los hechos denunciados, la Comunidad de Madrid tiene la obligación legal de activar los mecanismos previstos, entre ellos el proceso para extinguir la concesión otorgada a Ribera Salud.
La carta enviada por García también hace referencia a la existencia de otros hospitales de titularidad pública gestionados mediante modelo concesional en la región, como aquellos bajo responsabilidad del grupo Quirónsalud. Según la información difundida por El País, la ministra mencionó que Quirónsalud ha estado implicado en diversas controversias vinculadas con su modelo de gestión, lo que refuerza la demanda de incrementar los controles y sistemas de supervisión en todos los hospitales sujetos a este tipo de concesiones.
El comunicado gubernamental especifica que el Gobierno de España y el Ministerio de Sanidad no pueden “permanecer ajenos ante hechos que, de ser verificados, comprometerían gravemente la garantía de equidad, calidad y universalidad que debe presidir toda asistencia sanitaria”. En el texto compartido por El País, la ministra remarcó que la salud de la ciudadanía madrileña y la confianza en el sistema sanitario público están en juego si se prioriza la rentabilidad sobre el trato igualitario a los pacientes.
Por último, la ministra instó a Isabel Díaz Ayuso a remitir, con urgencia, información sobre las medidas que la Comunidad de Madrid implementará, así como el cronograma de actuaciones previstas para proteger a los pacientes, garantizar la calidad del servicio y evitar futuras irregularidades. La petición incluye el seguimiento de las acciones adoptadas y el refuerzo de los mecanismos para prevenir que la gestión concesional privilegie intereses económicos en detrimento de la salud pública, de acuerdo con la información proporcionada por El País.
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