
Cossette López-Osorio, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), responsabilizó de manera directa a la empresa tecnológica ASD por el corte unilateral en la transmisión digital de los resultados electorales, calificando la acción como un daño a la confianza ciudadana y a la transparencia del proceso. La interrupción sorprendió a autoridades y observadores cuando restaba por procesar el 20% de las actas, en un contexto donde el margen entre los candidatos principales era de apenas medio punto porcentual. Según consignó Radio HRN, esta situación amplificó la tensión social, paralizó el acceso a datos confiables y generó reclamos oficiales orientados a exigir máxima claridad sobre lo ocurrido.
El incidente se produjo en un momento crucial del escrutinio, cuando el 80,1% de las actas ya había sido procesado, informó Radio HRN. Los datos preliminares otorgaban a Salvador Nasralla, del Partido Liberal de Honduras, un 40,24% de los votos equivalentes a 1.029.400 sufragios, mientras que Nasry Asfura, del Partido Nacional, sumaba el 39,68%, es decir, 1.014.987 votos. En tercera posición se ubicaba Rixi Moncada, representante de Libertad y Refundación (Libre), con un 19% y 486.186 votos. La estrecha diferencia entre los dos primeros aspirantes cobraba una dimensión crítica, dado que el sistema electoral hondureño no contempla la realización de una segunda vuelta y la elección dependía de la mínima variación de votos.
De acuerdo con la cobertura de Radio HRN, la transmisión digital de resultados quedó interrumpida repentinamente bajo la administración de ASD, lo que activó la respuesta institucional de emergencia del CNE. El ente electoral convocó a una reunión extraordinaria, exigiendo la presencia inmediata de los directivos de la empresa responsable del sistema conocido como Trep (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares). Según publicó el medio, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, comunicó en la red social X que la suspensión ocurrió sin consulta previa y fue calificada como una decisión unilateral que dañó gravemente los principios de transparencia institucional.
La desconexión del sistema Trep se produjo mientras la sociedad hondureña vivía un ambiente de máxima vigilancia sobre el conteo, debido al reducido margen de votos y la ausencia de una segunda vuelta electoral, reportó Radio HRN. El apagón digital afectó la labor de la prensa, los partidos políticos y los observadores internacionales, quienes perdieron la capacidad de verificar en tiempo real los datos oficiales. Además, las salas de observación, instaladas por el propio CNE para permitir la supervisión independiente, quedaron inactivas, limitando el control social sobre la legitimidad del proceso y marginando a periodistas y organizaciones de la sociedad civil.
Radio HRN recogió las declaraciones de la consejera Cossette López-Osorio, quien expresó que la decisión resultaba “inexcusable” dado que ni siquiera fue comunicada al pleno de consejeros, transgrediendo los acuerdos internos y los compromisos contractuales que el CNE mantenía con la firma ASD. Según manifestó, la suspensión no se tradujo solo en una falla técnica sino en un golpe a la credibilidad de los sistemas digitales, inicialmente concebidos para reforzar la transparencia. López-Osorio exigió explicaciones inmediatas y alertó sobre el impacto adverso de este incidente en una sociedad marcada por denuncias de manipulación electoral y de corrupción.
Radio HRN contextualizó el suceso señalando que la demanda de transparencia resultaba especialmente acentuada en el contexto hondureño, donde el historial de sospechas sobre fraude electoral, la debilidad institucional y los cuestionamientos por vínculos políticos con el narcotráfico han generado presiones constantes. El ambiente político se tornó aún más convulso tras declaraciones del entonces presidente estadounidense Donald Trump, quien expresó su apoyo al candidato Nasry Asfura y mencionó una posible medida de gracia para el expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por delitos relacionados con el narcotráfico en Estados Unidos, si el Partido Nacional resultaba vencedor. Estas afirmaciones dotaron a la crisis de una dimensión internacional y profundizaron el clima de polarización.
En respuesta a las exigencias sociales por fiscalización, el CNE informó que desde el inicio de la jornada electoral había implementado mecanismos específicos para asegurar la publicación abierta y expedita de resultados, permitiendo la supervisión activa por parte de partidos políticos, prensa y ciudadanía. La suspensión del sistema Trep, gestionado por ASD, evidenció carencias en la capacidad institucional para garantizar la continuidad y la apertura del proceso, según detalló Radio HRN, lo que ahondó la percepción de opacidad y renovó temores entre sectores con desconfianza tradicional hacia el órgano electoral.
Radio HRN explicó que la opacidad creada por el fallido acceso a la información oficial alimentó el escepticismo sobre la integridad del conteo, especialmente en un periodo marcado por elevada participación social, vigilancia mediática y presencia de observadores internacionales. La crisis tecnológica, lejos de considerarse un evento aislado, intensificó las dudas históricas sobre la integridad de los comicios y debilitó aún más la confianza pública en el CNE y en la modernización digital como garantía de transparencia.
De acuerdo al relato del medio, el episodio no solo visibilizó las fragilidades de la infraestructura tecnológica electoral sino que provocó demandas sociales inmediatas para restituir el flujo de información, esclarecer lo sucedido y atender la crisis de credibilidad del órgano rector. Partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía, según Radio HRN, centraron sus reclamos en la restauración total del acceso a los resultados y la exigencia de máximas garantías institucionales para el cierre del proceso.
La controversia generada por el cese de la transmisión digital se sumó a una serie de preocupaciones persistentes alrededor de la integridad de los procesos electorales en Honduras, reportó Radio HRN. La falta de mecanismos como una segunda vuelta aumentó la presión sobre las autoridades, ya que cualquier número pendiente de escrutar podía modificar el desenlace y reactivar sospechas de manipulación. Este contexto desembocó en una demanda social y política orientada hacia la transparencia absoluta y la revisión exhaustiva de los sistemas implementados.
El desarrollo de la crisis forzó al CNE a tomar medidas excepcionales orientadas a la recuperación de la confianza pública y al restablecimiento de su legitimidad tanto dentro como fuera del país. Según reportó Radio HRN, la incertidumbre por la interrupción del sistema digital profundizó la división entre los sectores participantes y obligó a intensificar la apertura de los datos para responder a la presión nacional e internacional.
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