Níger inicia acciones legales contra el gigante francés Orano por el almacenamiento de residuos nucleares

En la disputa judicial iniciada por el gobierno de Níger contra la multinacional francesa Orano, la presencia de más de 400 barriles con residuos radiactivos cerca de viviendas y escuelas de Madaouela, región de Arlit, constituye el eje del caso, según detalló la Agencia Nigerina de Prensa (ANP). La denuncia oficial argumenta que la localización de estos desechos en áreas habitadas afecta de manera directa la salud de los residentes y compromete el desarrollo de actividades económicas y sociales en la zona.

De acuerdo con lo informado por ANP, las autoridades de Níger llevaron su demanda tanto ante las cortes nacionales como internacionales, apoyadas en pruebas recabadas con la participación de agentes estatales, expertos técnicos y representantes comunitarios. El expediente presentado incluye la acusación de que Orano, anteriormente conocida como Areva, operó durante décadas extrayendo y procesando uranio en Arlit y sus alrededores, generando residuos nucleares y productos químicos peligrosos como el bismuto 207 y cromo X, los cuales se encuentran depositados en proximidad a instalaciones educativas y domicilios particulares.

El medio ANP reportó que auditorías e inspecciones efectuadas en el terreno sirvieron para documentar la permanencia de la contaminación y las consecuencias sobre la salud y el ecosistema local. El ministro de Justicia, Alio Daouda, explicó a ANP que los daños provocados por estos residuos perduran, configurando una amenaza directa para el equilibrio ecológico, la economía regional y la vida comunitaria en Arlit, donde existen numerosos asentamientos en convivencia con las instalaciones mineras y los depósitos de residuos.

Según la información divulgada por ANP, el gobierno de Níger acusa a Orano de haber ignorado de modo sistemático las normas ambientales vigentes y las resoluciones judiciales nacionales, que exigían la eliminación y el tratamiento adecuado de los residuos tóxicos asociados a la minería del uranio. El Estado alega también que la empresa subestimó la capacidad técnica y la autoridad de los entes reguladores nacionales, desatendiendo sus disposiciones en repetidas ocasiones.

La compilación de evidencias, validada tanto por las autoridades como por líderes comunitarios, documenta los efectos en la salud de la población, el deterioro de la ganadería y el impacto negativo en el funcionamiento de las escuelas de la región, detalló el medio ANP. Los datos recogidos muestran, según el expediente, una persistencia de los problemas ambientales y sociales ligados a la gestión de residuos de Orano, cuya actividad minera se prolonga durante décadas en esta parte del norte de Níger.

En la dimensión internacional, ANP especificó que el caso fue presentado ante foros jurídicos externos al país, insertando el litigio en un escenario de mayores implicaciones respecto al control y manejo del uranio extraído en Níger. El gobierno defendió ante la comunidad internacional su derecho soberano de administrar los recursos minerales dentro de sus fronteras y acusó a la compañía francesa de intentar apropiarse de materiales estratégicos para el desarrollo nacional. Como parte de la estrategia estatal para garantizar el control de sus yacimientos, Níger procedió a nacionalizar la empresa minera SOMAÏR SA, hasta ese momento una sociedad de capital mayoritariamente extranjero.

Tras esta decisión, Orano manifestó su desacuerdo con la transferencia de parte del uranio almacenado en instalaciones bajo su control, aduciendo ante ANP que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial prohíbe el movimiento de ese material mientras permanezca sin resolverse la controversia legal. Este escenario, reportó ANP, agrega complejidades al proceso, especialmente en cuanto a la titularidad y disposición de los recursos minerales localizados en la región de Arlit y otras zonas vinculadas a la actividad de Orano.

El gobierno, según consignó la ANP, intensificó las tareas de supervisión y vigilancia sobre los sitios afectados y amplió la investigación con el objetivo de registrar nuevos casos de contaminación. Las comunidades locales participaron activamente en la recolección de pruebas, lo que facilitó una documentación más amplia de los daños ambientales y sociales derivados de la acumulación de residuos nucleares y otras sustancias peligrosas depositadas, en muchos casos, en la proximidad inmediata de los núcleos habitados.

La ofensiva legal y administrativa del Estado, de acuerdo con ANP, se articula en varios frentes y busca reforzar el marco normativo nacional sobre la gestión y el destino de los residuos nucleares y minerales. En sus demandas ante tribunales, el gobierno exige a Orano la reparación de los perjuicios ocasionados al ambiente y a las comunidades, la aplicación efectiva de las normas de protección ambiental y la restauración de los derechos colectivos de los habitantes del entorno de las explotaciones mineras.

La documentación judicial, a la que tuvo acceso ANP, sostiene que Orano tiene responsabilidad directa por la generación y abandono de residuos radiactivos, así como por el desacato reiterado a resoluciones judiciales previas. Ese accionar, según argumentan las autoridades, constituye un quebrantamiento tanto de la legislación ambiental como de la penal, además de un desdén sistemático hacia los profesionales de los órganos reguladores que supervisan el sector minero en Níger.

La disputa también gira en torno a la soberanía y el control nacional de los recursos estratégicos, en especial el uranio, fundamental para la economía del país y codiciado en los mercados internacionales. ANP reportó que la recuperación de la gestión estatal sobre los yacimientos y el manejo adecuado de los residuos constituyen prioridades para el Ejecutivo de Níger, que plantea como objetivo universalizar los beneficios de la minería y reducir los efectos adversos sobre la población y el medioambiente.

Representantes estatales declararon a ANP que estas acciones parten de la intención de resarcir las condiciones de justicia ambiental y económica alteradas por años de minería intensiva bajo parámetros de control insuficientes. El Estado promueve que la explotación del uranio se realice de acuerdo con estándares de seguridad y respeto por el entorno, garantizando que los recursos minerales sirvan a las necesidades nacionales y se gestione de modo soberano el legado medioambiental de las actividades extractivas.