Un Netanyahu acorralado por los casos de corrupción se agarra al indulto para evitar una posible condena

El respaldo del expresidente estadounidense Donald Trump a un indulto para Benjamin Netanyahu ha impulsado un debate dentro y fuera de Israel acerca de la legalidad y legitimidad de exonerar al primer ministro, cuando la resolución judicial de los casos abiertos en su contra aún no ha llegado, según informó el medio Europa Press. La solicitud de perdón presidencial, gestionada por el abogado Amit Hadad y remitida al Departamento Jurídico de la Presidencia, se basa en argumentos de interés nacional y expone una situación inusual: la petición de indulto se presenta antes de que se dicte sentencia, trasladando la decisión al presidente Isaac Herzog, quien prometió considerar exclusivamente el bienestar del país tras recabar las opiniones de las autoridades pertinentes.

De acuerdo con Europa Press, Netanyahu ha centrado su estrategia en apelar a la figura presidencial para evitar una posible condena por los varios procesos judiciales que lo involucran en delitos de fraude, soborno y abuso de poder. El jefe de Estado israelí se ha convertido en el primer mandatario en el cargo en enfrentar imputaciones formales, lo que ha suscitado una profunda polarización política y numerosas críticas por parte de la oposición interna. Voceros del Gobierno han insistido en el discurso de persecución política y conspiración, subrayando el contexto de inestabilidad y los desafíos actuales, incluyendo el conflicto con Gaza.

Europa Press detalló que los procedimientos judiciales contra Netanyahu abarcan desde presiones supuestas a medios de comunicación para favorecer su imagen, hasta el denominado caso 4000, por el que enfrenta cargos de soborno, fraude y violación de la confianza. Este caso en particular involucra la presunta promoción de regulaciones para beneficiar al empresario Shaul Elovitch, propietario mayoritario del grupo Bezeq, a cambio de una cobertura favorable en el portal Walla. Ilan Yeshua, exdirector ejecutivo de ese portal, ha sido relevante en el proceso al asegurar que recibió instrucciones directas de Shaul e Iris Elovitch para modificar la narrativa periodística en favor de Netanyahu y su esposa.

Según consignó Europa Press, durante el juicio la Fiscalía ha acusado al primer ministro de tergiversar los hechos. Yehudit Tirosh, fiscal del caso, expuso que Netanyahu mintió al afirmar que no consideraba al portal Walla un medio influyente. Para sustentar esto, indicó que el propio mandatario otorgó entrevistas a ese sitio y promovió enlaces a esos contenidos en sus redes sociales. En respuesta a la acusación, Netanyahu afirmó ante el tribunal que los cargos en su contra buscan, según sus palabras, un “golpe de Estado” y manifestó que los fiscales han proporcionado “informaciones falsas durante todo el juicio”.

El periódico destaca que las sesiones judiciales han afrontado numerosas suspensiones a raíz de solicitudes presentadas por la defensa de Netanyahu, alegando problemas de salud, argumentos vinculados a la seguridad nacional o viajes diplomáticos. La última decisión del tribunal, según Europa Press, fue aceptar la petición de posponer una audiencia prevista para el martes citando “cuestiones diplomáticas y de seguridad”, al tiempo que la sesión del miércoles debía prolongarse por una hora adicional.

El conflicto entre el Poder Ejecutivo y la Fiscalía General se ha agudizado durante el mandato de Netanyahu. La fiscal general, Gali Baharav-Miara, ha sufrido presiones y pedidos de dimisión tanto por parte del propio primer ministro como de miembros de su gabinete. El medio Europa Press reportó que Baharav-Miara ha sido señalada por el Gobierno de abusar de sus atribuciones, mientras que ella ha denunciado que Netanyahu busca desestabilizar la democracia israelí, promoviendo legislaciones orientadas a debilitar la independencia judicial y afianzar el control del Ejecutivo. De manera textual, la fiscal advirtió: “El debilitamiento considerable de las instituciones democráticas. El daño continuo al poder judicial es particularmente peligroso”. Argumentó, además, que las acciones promovidas por la administración de Netanyahu podían terminar transformando la percepción internacional sobre Israel respecto a su sistema judicial.

El proceso contra la fiscal general avanza tras la aprobación, por parte del Gabinete israelí, de su destitución, aunque la decisión aún requiere la revisión del Tribunal Supremo. Según publicó Europa Press, Gali Baharav-Miara se negó a asistir a la comisión ministerial convocada para tratar su posible cese y calificó el procedimiento como una “farsa”. Dentro de este clima de tensión institucional, el presidente Herzog ha manifestado su respaldo a la fiscal y señaló que el procedimiento dirigido contra ella supone “un caos absoluto”.

Europa Press explicó que la intervención de Donald Trump en la escena israelí renovó la atención sobre el caso, especialmente tras pronunciarse ante la Knesset, donde minimizó los cargos contra Netanyahu con la frase: “Puros y champán, ¿a quién le importa?”. Semanas después, Trump formalizó su apoyo al enviar una carta al presidente Herzog, argumentando que la imputación constituye una persecución política y describiendo los cargos como “injustos” y con el fin de perjudicar a Netanyahu.

La posibilidad de que el presidente israelí conceda el indulto al primer ministro antes de la imposición de una condena formal representa, según señalan especialistas citados por Europa Press, una circunstancia “extremadamente rara” dentro del sistema judicial del país. El procedimiento establecido contempla que, tras la recopilación de los dictámenes legales pertinentes, la asesoría jurídica de la Presidencia emita su recomendación final a Herzog, quien tendrá la última palabra basándose en los “intereses” nacionales. Todo este proceso se produce en medio de la ofensiva militar en Gaza, que según cifras difundidas por la fiscal general citadas por Europa Press, se ha cobrado la vida de más de 70.000 palestinos; contexto que el propio Netanyahu ha invocado para afirmar que los procesos judiciales en su contra dificultan la gestión de las funciones de gobierno.

Finalmente, el medio detalló que aunque los expertos prevén que una medida de indulto anticipado tiene escasas probabilidades de prosperar, las normas israelíes obligan al presidente a revisar cualquier solicitud una vez concluya el protocolo previsto. Esta situación mantiene en vilo el sistema político y judicial de Israel, en un periodo donde las acusaciones contra Netanyahu se entremezclan con el debate sobre la independencia institucional y el futuro de la gobernabilidad en el país.