Las minas antipersona causaron más de 6.200 víctimas en 2024, la cifra más alta en cinco años

El informe publicado mencionó que la ayuda internacional destinada a la acción contra minas terrestres presentó un descenso del cinco por ciento respecto al año anterior, lo cual repercutió en la prestación de servicios a las personas afectadas. Este recorte, junto con la decisión de algunos Estados de abandonar o suspender su adhesión al Tratado de Ottawa, ha incrementado la preocupación de organizaciones de derechos humanos y redes internacionales por la situación de las víctimas y la falta de protección de los civiles frente a estas armas. En ese contexto, la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres (ICBL, por sus siglas en inglés) reportó que en 2024 fallecieron o resultaron heridas más de 6.200 personas debido a accidentes con minas antipersona, la mayor cantidad registrada en los últimos cinco años.

Según la información difundida por la ICBL y consignada por la agencia Europa Press, entre las víctimas se cuentan 1.945 fallecidos y 4.325 heridos en incidentes ocurridos en 52 países durante 2024. Del total, el 90 por ciento corresponde a población civil, mientras que el 46 por ciento son menores de edad. El documento de la organización señala que las explosiones afectaron especialmente a comunidades en países donde los riesgos asociados a las minas persisten pese a los esfuerzos internacionales de reducción y eliminación.

Datos presentados en el informe establecen que Birmania lidera la lista de países con el mayor número de víctimas en 2024, con más de 2.000 casos, un incremento sustancial frente al año previo. Siria ocupa la segunda posición con alrededor de 1.000 víctimas, seguida de Afganistán con 624 y Ucrania con 293. El registro detalla que, aunque 36 de los 52 países donde hubo explosiones forman parte del Tratado de Ottawa, los desafíos para erradicar el uso y presencia de minas en sus territorios persisten.

La Campaña Internacional subrayó que son ya 166 los Estados parte del Tratado de Ottawa, que prohíbe el uso, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersona. Dos países se adhirieron al tratado durante este año, aunque 31 naciones todavía permanecen fuera del acuerdo. De acuerdo con el informe, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania y Polonia se encuentran en un proceso formal de retirada del tratado, mientras que Ucrania habría solicitado suspender temporalmente la aplicación de sus obligaciones debido a su actual participación en un conflicto armado internacional.

En su análisis, la red internacional responsable del informe resalta que el retiro o la suspensión de las obligaciones del Tratado por parte de ciertos Estados constituye una seria amenaza para la protección de los civiles y el avance de la prohibición global de las minas antipersona. La organización ha evidenciado que estas decisiones impactan directamente en el número de víctimas y dificultan las labores de desminado especialmente en zonas donde recientemente han cesado los combates.

El documento de 176 páginas presentado por la ICBL identifica como uno de los mayores obstáculos actuales la disminución de la financiación disponible para la acción contra minas. Según detalló Europa Press, Estados Unidos, Alemania y la Unión Europea se posicionan como los mayores donantes internacionales, y en conjunto con otros dos países proporcionaron el 62 por ciento de los recursos globales dedicados a la lucha contra las minas en 2024. La mayoría del apoyo financiero se canalizó a través de organizaciones no gubernamentales internacionales, mientras que solo el dos por ciento se destinó de forma directa a organizaciones nacionales.

En las declaraciones recogidas por Europa Press, Human Rights Watch (HRW) enfatizó la necesidad de una respuesta internacional coordinada para frenar el aumento del uso de minas terrestres y revertir la tendencia de deserción del tratado. Mark Hiznay, director asociado de crisis, conflictos y armas de HRW y editor principal del informe, señaló: “La prohibición mundial de las minas terrestres antipersonal salva vidas civiles, pero enfrenta serias amenazas por parte de los países que abandonan el tratado y el nuevo uso de minas terrestres”. Hiznay agregó que “los gobiernos deben condenar con firmeza la retirada de los Estados del Tratado de Prohibición de Minas y rechazar los intentos de suspender las obligaciones fundamentales del tratado durante los conflictos armados”.

El informe de la ICBL recoge también el llamado urgente de HRW para intensificar la limpieza de zonas afectadas, argumentando que dicha labor resulta fundamental para que las comunidades recuperen la posibilidad de acceder y explotar de forma segura las tierras, facilitando así la reactivación de medios de vida básicos. Según HRW, los Estados que cuenten con los recursos necesarios deben garantizar que las naciones afectadas reciban el apoyo indispensable para avanzar en la autorización y el despeje de áreas contaminadas por artefactos explosivos. Además, se resalta la importancia de mantener el respeto del Derecho Internacional Humanitario y la protección de los derechos de las víctimas.

La Campaña Internacional advierte que, de no revertirse los recortes a la ayuda humanitaria y las tendencias de abandono del tratado, la seguridad y el bienestar de millones de civiles en zonas de conflicto seguirán en riesgo por la persistente amenaza de las minas antipersona.